A pesar del desesperado llamado de una madre de cinco hijos ante el hospital de la Universidad de Michigan para que le realicen un trasplante de corazón que le salve la vida, el centro estatal no cedió en su negativa de tenerla en cuenta para la operación hasta que se vacune contra COVID-19.
El hospital universitario, que tiene profundos vínculos con el fabricante de vacunas Pfizer, también denegó a la madre, Katie Shier, de 35 años, la solicitud de exención religiosa.
En un reciente y desgarrador correo electrónico sobre su estado, la señora Shier describe cómo la bomba de la que depende para mantener los latidos de su corazón se ha visto envuelta con la presencia de una bacteria que ya no responde a la serie de antibióticos que le han recetado los médicos de la Universidad de Michigan (UM) para evitar la infección.
Como resultado, Shier ha sido hospitalizada repetidamente por infecciones sanguíneas. A ella y a su marido, Ron, les preocupa que esto termine provocándole una sepsis, que puede ser mortal.
«Parece que a nadie en la UM le importa lo que nos están haciendo a nosotros y a nuestros hijos», dijo Ron Shier a The Epoch Times.
Ron Shier, que trabaja a tiempo completo como consejero de salud mental, dijo que sus hijos, cuyas edades oscilan entre los 3 y los 11 años, están constantemente preocupados de que mamá «no vuelva a casa del hospital».
La Universidad de Michigan (UM) tiene fuertes vínculos con Pfizer, los que se remontan al menos al año 2008, cuando compró las gigantescas instalaciones de la compañía farmacéutica en Ann Arbor, con todo su contenido.
Según un comunicado de prensa de la universidad del año 2008, la academia contrató en poco tiempo a 13 científicos de Pfizer después de hacerse cargo de sus instalaciones y la mayoría de ellos siguen trabajando para la universidad estatal en la actualidad. Diez de ellos fueron contratados específicamente para trabajar en la Facultad de Farmacia de la UM.
David Canter, vicepresidente asociado senior y director ejecutivo del Complejo de Investigación del Campus Norte de la UM, dirigió las operaciones de investigación farmacéutica de Pfizer en Ann Arbor; y Scott Larsen, quien recibió el Premio al Logro de Pfizer en 2007, es hoy profesor de investigación de química médica en la universidad.
Varios empleados de nivel ejecutivo de Pfizer son también exalumnos de la universidad, entre ellos la directora de Pfizer, Lynne Pauer, y la graduada de 2020, Sarah Kusisto, gerente senior en la sede de Pfizer en Portage, Michigan.
Además, el año pasado, Pfizer fue una de las tres empresas que el Instituto Tauber de Operaciones Globales de la universidad eligió para recibir sus premios anuales a la longevidad.
Según el sitio web de la UM, el premio se concede «en reconocimiento» a las empresas «por su compromiso con la formación en operaciones a través de su participación activa en los proyectos del equipo Tauber».
Pfizer también sigue siendo un importante empleador en Michigan, con su mayor planta de fabricación situada en Kalamazoo, donde fabrica su medicamento Paxlovid, una píldora que la FDA aprobó el año pasado y que se prescribe para el tratamiento del COVID-19.
La mujer proporcionó a The Epoch Times una autorización notarial para hablar con la UM sobre su caso. La autorización se envió al equipo de trasplantes de la universidad, a los servicios de ética clínica y al director general, Marschall Runge, con una solicitud de comentarios sobre su caso.
También se envió a la Junta de Regentes, compuesta por ocho miembros, que gobiernan el hospital público. Ninguno de ellos respondió.
El 29 de julio, Mary Masson, directora de relaciones públicas de la universidad, emitió una declaración de una línea por correo electrónico a The Epoch Times, en respuesta al caso de Shier, pero se negó a responder a cualquier pregunta, incluso se negó a proporcionar a The Epoch Times su número de teléfono.
«Michigan Medicine no habla de litigios pendientes», fue la única respuesta del hospital financiado por los contribuyentes.
The Epoch Times pidió al hospital una copia de su política de vacunación contra COVID, sobre si se aplicaba solo a los pacientes de trasplantes y bajo qué circunstancia concede o considera conceder una exención religiosa de la misma.
The Epoch Times no preguntó por ningún litigio pendiente.
El mes pasado, el Instituto de Justicia del Pacífico presentó una demanda judicial en nombre de Shier y de otro paciente para trasplante de la universidad contra la Junta de Regentes de la universidad estatal, en la que se solicita una reparación declaratoria de la política de vacunación contra COVID-19 de su centro de trasplantes y de su negativa a considerar tanto la solicitud de Shier como la del otro paciente para una exención religiosa de la misma.
El otro paciente, que necesita un trasplante de riñón, no se encontraba en una situación tan crítica como la de Shier.
Ambos estaban en la lista para un trasplante pero fueron retirados después de que la universidad adoptara la nueva política, según la cual la vacunación contra COVID sería necesaria para permanecer.
En la demanda se acusa a los regentes de «haber violado su deber de atención a los pacientes al imponer dictados arbitrarios y caprichosos y dar efectivamente a los pacientes la opción de morir o someterse a dictados inspirados por el gobierno que no tienen un propósito médico legítimo».
Katie Shier declaró a The Epoch Times que se opone firmemente a la vacuna porque cree que es peligrosa y que le provocará el fallo de su ya frágil corazón, que funciona sólo al siete por ciento de su capacidad total.
Ella dijo que cree que sus preocupaciones son validadas por el creciente número de personas que han reportado que experimentaron problemas cardíacos después de recibir una inyección de COVID.
«Es un experimento maligno sobre la humanidad», dijo Shier, «y yo no quiero formar parte de él».
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