Opinión
Cerca del final de la rotunda derrota del vicepresidente Mike Pence sobre la senadora Kamala Harris en el debate vicepresidencial del miércoles por la noche, los dos funcionarios debatieron sobre la nominación pendiente de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema y el despreciable diluvio de intolerancia anticatólica que ha desatado su nominación. Harris–una de las principales provocadoras durante la difamación bien orquestada en 2018 del entonces candidato a la Corte Suprema, el juez Brett Kavanaugh–trató de apaciguar a los votantes desconfiados antes de las inminentes audiencias de confirmación de Barrett. «Joe Biden y yo somos personas de fe», dijo Harris en modo intimidante, «y es insultante sugerir que criticaríamos a cualquiera por su fe».
Quizás Biden y Harris sean religiosos en privado; tal vez no lo sean. Sería bastante grosero especular a la deriva sobre la relación personal que cada uno tiene con el Creador. Pero es totalmente justo revisar sus antecedentes históricos, sus declaraciones pasadas y su postura actual al fin de obtener una vista previa de las posturas que tomaría su futura administración en asuntos relacionados con la libertad religiosa. Según cualquier estándar remotamente justo, una administración Biden-Harris representaría un grave retroceso para la libertad religiosa consagrada constitucionalmente de todos los estadounidenses.
A nivel teórico, nunca ha estado más claro que el progresismo, la cola (mal llamada) pseudointelectual que mueve al Partido Demócrata, desprecia la religiosidad. Los izquierdistas modernos, herederos políticos del infame «opio del pueblo» de Karl Marx contra la tradición judeocristiana, tienden a ver la religión como un obstáculo atávico hacia la plena «iluminación» humana. Ellos rechazan la noción de que una persona inteligente puede realmente creer en la verdad bíblica—que puede realmente creer en la divinidad de las Escrituras.
Prácticamente, los progresistas registrados promocionan la religión—arraigada como está en la familia y las instituciones comunitarias, como iglesias y sinagogas—como un obstáculo destructivo para sus objetivos políticos de autonomía radical, un estado benefactor expandido y la máxima disolución del estado-nación tradicional a favor de la gobernanza global. Escarbe lo suficiente a un simpatizante del senador Bernie Sanders y seguramente oirá que se defienden tales tonterías. En la izquierda del siglo XXI, esos disparates llevan la batuta.
Una administración Biden-Harris apoyaría establecer a nivel nacional el aborto a solicitud durante todo el ciclo gestacional financiado por los contribuyentes. Biden, quien una vez pretendió seguir la postura política de Mario Cuomo de: «Personalmente soy provida pero apoyo el derecho de la mujer a elegir», llegó tan lejos en este periodo electoral que negó su apoyo durante décadas a la Enmienda Hyde—la antigua prohibición federal sobre subvencionar a los contribuyentes de la más espantosa extinción de la vida humana no nacida. Harris se ha manifestado abiertamente en relación a su llamada Ley de Derechos Reproductivos, que daría un giro al federalismo y pediría la «autorización previa» del Departamento de Justicia antes de poderse aplicar cualquier restricción al aborto a nivel estatal. Hemos llegado a un largo—y asesino—camino desde los decretos de la Corte en los casos Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, los cuales, aunque no son legales, al menos fingen interés en la salud del feto.
Una administración Biden-Harris sería un desastre para la protección de la conciencia. Ellos seguirían el ejemplo de Barack Obama, quien vergonzosamente envió a un convento de monjas a las cortes durante años para tratar de obligarlas a violar su fe y subsidiar los abortivos, y enjuiciar agresivamente a los hombres y mujeres de fe—a pesar de la Primera Enmienda y la legislación estatutaria relevante, como la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Lamentables ordalías como las tribulaciones legales del panadero de Colorado, Jack Phillips, propietario de Masterpiece Cakeshop, se volverían omnipresentes. Los ataques discriminatorios y dispares contra los estadounidenses religiosos, recientemente vistos por el el nocivo COVID-19, chivo expiatorio de la mayor comunidad judía de la nación por parte del gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill de Blasio, ofrecen un angustioso avance de lo que podría estar por venir.
Una administración de Biden-Harris también colocaría al poder judicial federal —a nivel tanto de la Corte Suprema como de las cortes inferiores— con juristas profundamente hostiles a los derechos de conciencia y profundamente comprometidos con la agenda política progresista. La libertad religiosa ha sido, durante años, un bastión relativamente raro del éxito de la jurisprudencia conservadora; atestigüe, por ejemplo, la vergonzosa derrota de 9 contra 0 de la administración Obama en el caso de la “excepción ministerial” de 2012 de la Iglesia y Escuela Evangélica Luterana Hosanna-Tabor v. la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Biden y Harris ocultan deliberadamente a las masas cualquier lista de posibles nominados a la Corte Suprema, y la naturaleza misma de esa cobarde disimulación contradice la noción de que sus nominados serían cualquier cosa menos radicales. La pura verdad es que los posibles nominados de Biden a la Corte (probablemente «ampliada»), como Pamela Karlan, estarían bien a la izquierda de los nominados liberales del propio Obama.
La administración Trump, a pesar del pasado moralmente accidentado del propio presidente, ha sido un amigo profundamente leal y comprometido de los estadounidenses religiosos y tradicionalistas. Sería una absoluta vergüenza que ese progreso —progreso real, en contraste con los falsos dioses del «progresismo»—sea desperdiciado ahora.
Josh Hammer, abogado constitucionalista de formación, es editor de opinión de Newsweek, colaborador de podcasts con BlazeTV, abogado del First Liberty Institute y columnista sindicado.
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