Un juez federal bloqueó temporalmente una orden de la administración del presidente Donald Trump, que obligaba a los nuevos inmigrantes a demostrar que cuentan con seguro médico o que pueden pagarlo, en el último enfrentamiento entre las ramas judicial y ejecutiva.
El juez de distrito Michael Simon, nombrado por el presidente Barack Obama y quién está casado con la representante Suzanne Bonamici (D-Ore.), dictaminó que la administración no podrá aplicar la nueva orden durante 28 días. Se programó otra audiencia sobre la orden para el 22 de noviembre.
Michael Simon dijo que cree que la orden va en contra de la ley y la forma en que se emitió viola los procedimientos que guían los comentarios públicos y otros requisitos de las nuevas normas que el gobierno establece.
«Además, los demandantes han demostrado, al menos hasta ahora, que es probable que sufran daños irreparables en ausencia de una solución temporal, que el balance de dificultades se inclina bruscamente hacia los demandantes y que el remedio temporal es de interés público», escribió en su orden, según el Wall Street Journal.
El Presidente Donald Trump emitió una proclamación presidencial a principios de octubre, en la que pidió a los inmigrantes solicitar la Green Card para demostrar que pueden obtener seguro médico dentro de los 30 días siguientes al ingreso a Estados Unidos o que pueden pagar su propia atención médica.
«Los inmigrantes que ingresan a este país no deben seguir cargando nuestro sistema de salud y posteriormente a los contribuyentes estadounidenses con mayores costos», dice la proclamación presidencial. «Seguir permitiendo la entrada a Estados Unidos de ciertos inmigrantes que carecen de seguro médico o de la capacidad demostrada de pagar por su atención médica, sería perjudicial para estos intereses».
Los demandantes expresaron su alivio por el bloqueo de la orden por parte de Michael Simon.
«Estamos muy agradecidos de que el tribunal reconociera la necesidad de bloquear la prohibición de atención médica inmediata», dijo a Associated Press Esther Sung, litigante principal del Centro de Acción de Justicia, quien presentó argumentos a favor de los demandantes durante el fin de semana. «La prohibición separaría a las familias y eliminaría dos tercios de la inmigración con tarjeta Green Card a partir de esta noche, si la prohibición no se hubiera detenido».
La Casa Blanca emitió una declaración criticando la decisión.
From @PressSec on latest judicial overreach. "Once again, a nationwide injunction is permitting a single judge to thwart the President’s policy judgment on a matter where Congress expressly gave the President authority." pic.twitter.com/akJI3bmOfw
— DHS Press Secretary (@SpoxDHS) November 4, 2019
«Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión de la corte de distrito de imponer una orden judicial a nivel nacional en contra de la política del Presidente sobre una base preliminar y de emergencia durante el fin de semana, sin siquiera darle al gobierno la oportunidad de proporcionar una defensa por escrito. Una vez más, una medida cautelar a nivel nacional está permitiendo que un solo juez frustre la decisión política presidencial en un asunto en el que el Congreso le dio expresamente autoridad al Presidente», dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.
La Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece claramente que, «cuando el Presidente determine que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos», podrá «imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada». Como la Corte Suprema sostuvo en un reciente caso histórico, este estatuto «exuda deferencia al Presidente en todas las cláusulas».
«Es incorrecto e injusto que un solo juez de un tribunal de distrito frustre las políticas que el Presidente determinó que protegerían mejor el sistema de salud de Estados Unidos, y que los contribuyentes estadounidenses sufran las graves consecuencias de la inmensa presión infligida al sistema de salud para no subsidiar la atención no remunerada de quienes solicitan la admisión», agregó. «La Administración espera con interés la oportunidad de defenderse en los tribunales, y continuará defendiendo enérgicamente las políticas del Presidente para proteger los intereses del pueblo estadounidense.
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