Un juez federal dictaminó el jueves que el conteo del censo de 2020 puede continuar hasta el 31 de octubre, bloqueando el plazo de la administración Trump de finales de septiembre.
La jueza Lucy Koh, que falló en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California, emitió una orden judicial preliminar en el caso, argumentando en la documentación de la decisión (pdf) que un calendario abreviado tendría un impacto adverso en la representación política y la distribución de los fondos federales.
El censo que se hace una vez cada década se usa para determinar cómo se asignan USD 1.5 billones en gastos federales cada año y cuántos escaños en el Congreso obtiene cada estado. Antes del brote del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), la recopilación de datos para el censo de 2020 estaba programada para finalizar el 15 de agosto. Debido a los desafíos planteados por la pandemia, con respecto a las operaciones de campo, el censo se extendió hasta el 31 de octubre, pero a principios de agosto, la Oficina del Censo anunció que trasladaría esa fecha límite hasta el 30 de septiembre, argumentando que de otro modo no podría cumplir con la fecha límite legal del 31 de diciembre para enviar los datos recopilados al Congreso. La orden judicial de Koh también suspende la fecha límite del 31 de diciembre.
Los grupos de derechos civiles y los gobiernos locales demandaron a la Oficina del Censo y al Departamento de Comercio, que supervisa la agencia, en un intento por evitar que el censo de 2020 se detenga a fines de mes. Los abogados de los demandantes dijeron que el cronograma reducido pasaría por alto a algunos residentes de comunidades minoritarias y difíciles de contar, lo que conduciría a un recuento inexacto. Argumentaron que “una distribución incorrecta violaría sus derechos constitucionales de representación” y que los demandantes incurrirían en costos adicionales para mitigar el recuento insuficiente.
Los abogados del gobierno argumentaron que, si las operaciones de campo para recopilar datos del censo se prolongan un mes más, no podrán cumplir con la fecha límite de fin de año para entregar las cifras.
Koh dijo en el fallo que “el saldo de las dificultades se inclina drásticamente a favor de los demandantes” y que una orden judicial es de interés público.
“Las dificultades impuestas a los demandados por una suspensión (incumplir una fecha límite legal que esperaban perder de todos modos) serían significativamente menores que las dificultades de los demandantes, quienes sufrirán un daño irreparable por un censo inexacto”, señaló Koh en el fallo.
Los abogados de la Oficina del Censo y el Departamento de Comercio dijeron durante la audiencia que probablemente presentarían una apelación.
El presidente Donald Trump, en un memorando presidencial emitido en julio, trató de excluir a los extranjeros ilegales de la base de seguimiento del censo, pero una Corte federal en Nueva York bloqueó esa iniciativa. El memorando no cambió a quiénes serían contados en el censo de 2020, que cuenta a todas las personas independientemente de si están autorizadas a estar en Estados Unidos o no, pero ordenó al secretario de Comercio, Wilbur Ross, que supervisa la Oficina del Censo, que le proporcionara un segundo recuento que excluyera a los «extranjeros que no se encuentran en un estado migratorio legal».
Esa orden se presentó después de una decisión de la Corte Suprema, el año pasado, para bloquear el plan de la administración que pretendía incluir una pregunta sobre el estado de ciudadanía en el censo de 2020. La pregunta ahora no se encuentra en el censo.
Trump ha buscado durante mucho tiempo frenar la entrada ilegal a Estados Unidos, incluso presionando por su distintivo muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Las estimaciones sobre el número de personas que viven en EE.UU. sin autorización legal oscilan entre 10,5 millones y 12 millones, según el Instituto Brookings, que se basó en un informe de diciembre de 2018 del Departamento de Seguridad Nacional (pdf) donde se estima que, en enero de 2015, había 12 millones de extranjeros ilegales residiendo en el país.
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