Citando un posible «enfoque político» bajo una nueva ley estatal de confiscación de armas, la junta del municipio de Holton, Michigan, adoptó una resolución creando una milicia comunitaria voluntaria dedicada a preservar el derecho constitucional a portar armas.
La resolución de la junta, de mayoría republicana, también declaraba al municipio de Holton «Comunidad Santuario de la Segunda Enmienda» en la que no se reconocerían las leyes inconstitucionales que controlan las armas de fuego.
La mitad de los 83 gobiernos de condado de Michigan se han declarado condados Santuario de la Segunda Enmienda.
La resolución de Holton protege la compra y posesión legales de todas las armas de fuego, incluidos rifles semiautomáticos, escopetas, pistolas semiautomáticas, accesorios, munición y chalecos antibalas, que sean legales según la legislación federal vigente.
Según el supervisor del municipio de Holton, el republicano Alan Jager, la persecución política podría producirse presumiblemente mediante la aplicación injusta de la ley de «Bandera Roja» de Michigan, recientemente aprobada.
Según esta ley, un agente de la ley u otras partes especificadas, como profesionales de la salud mental, familiares, amigos o vecinos, pueden solicitar a un juez que ordene la confiscación de todas las armas de fuego de un individuo que el tribunal considere una amenaza violenta potencial para otros o para sí mismo.
La acción cautelar temporal, que puede durar un año o más, puede iniciarse por la palabra de un solo denunciante.
La ley obliga a un juez a pronunciarse en un plazo de 24 horas desde que recibe la denuncia. En un plazo de 14 días debe fijarse una audiencia para que el sospechoso pueda demostrar que no supone una amenaza para nadie y se le devuelvan las armas de fuego.
Algunos sheriffs de Michigan han manifestado que no aplicarán dicha ley, según Associated Press.
«Una exnovia podría presentar una denuncia contra una persona por despecho. También podría hacerlo alguien que no estuviera de acuerdo con sus opiniones políticas», dijo el Sr. Jager en una entrevista concedida el 24 de noviembre a The Epoch Times.
En un esfuerzo por reducir la violencia armada, más de 20 estados y el Distrito de Columbia han adoptado alguna versión de lo que se denomina «orden de protección de riesgo extremo», comúnmente llamadas leyes de Bandera Roja.
Un análisis de Associated Press descubrió que desde 2020, los gobiernos, bajo la autoridad de la orden de protección, han confiscado las armas de fuego de los individuos 15,049 veces.
Preocupación por los tiradores masivos
«Para aquellos que están en la aplicación de la ley que se niegan a hacer cumplir estas órdenes importantes … me aseguraré de encontrar a alguien con jurisdicción que lo haga», declaró la fiscal general de Michigan, Dana Nessel (D), poco después de que el proyecto de ley de Bandera Roja de Michigan fuera promulgado por la gobernadora Gretchen Whitmer (D).
La Sra. Whitmer dijo en un comunicado: «Hemos oído demasiadas veces a quienes conocían a un tirador en masa que habían expresado de antemano su preocupación por las intenciones de ese tirador en masa. Con las órdenes de protección de riesgo extremo, tenemos un mecanismo para intervenir y salvar vidas».
El Sr. Jager comparó la nueva ley de Michigan con la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), que fue creada para proteger la seguridad nacional, pero finalmente abusada por funcionarios del gobierno para espiar a miembros de la campaña de Trump.
«Las víctimas de los abusos de la Corte FISA fueron ciudadanos estadounidenses que no hicieron nada malo», dijo.
«Si crees que nuestro propio gobierno no haría un mal uso de la ley de Bandera Roja para atacarte, solo mira lo que le están haciendo al presidente Trump».
Según el Sr. Jager, la mayoría de sus colegas republicanos en la junta sintieron que una resolución poderosamente redactada por sí sola no era suficiente para hacer entender que el derecho a portar armas y el derecho a la autodefensa son «inalienables».
El único demócrata en la junta municipal de cinco miembros estaba ausente con una ausencia justificada y no votó sobre la resolución.
La mayoría republicana también resolvió no reconocer ninguna nueva normativa relativa a la portación abierta u oculta.
«Tomamos el paso extra de crear una milicia dedicada a proteger la Segunda Enmienda y todos nuestros otros derechos constitucionales», dijo el Sr. Jager.
«Pero no esperen ver a nuestra gente patrullando por nuestras ciudades portando armas. No se trata de eso».
No hay «derecho a la violencia»
Un apartado de la resolución afirma: «Esta política no otorga a ningún miembro el derecho a asumir la violencia ni a actuar por encima de la ley en modo alguno».
El municipio abrió la milicia a todos los residentes legales de la comunidad. Los miembros deben tener al menos 18 años y pasar un control federal de antecedentes sobre armas de fuego.
La resolución dice que todo lo que una persona calificada tiene que hacer para alistarse en la Milicia del Municipio de Holton es declarar abiertamente en las redes sociales o por una carta a amigos y / o familiares que él o ella quiere ser un miembro.
El Sr. Jager dijo que la razón principal para crear la milicia es ayudar a reforzar la posición legal de los propietarios de armas que podrían acabar en los tribunales desafiando nuevas restricciones de armas de fuego que consideran inconstitucionales.
Dijo a The Epoch Times que otra razón para crear la milicia era llamar la atención sobre la progresiva violación de los derechos de la Segunda Enmienda mediante proyectos de ley de control de armas como la ley de Bandera Roja.
«En ese sentido, hemos tenido mucho éxito. Desde que aprobamos la resolución mi teléfono no ha parado de sonar. Esperamos que otras comunidades adopten una postura similar», afirmó.
«Lo curioso es que no soy un gran aficionado a las armas. Sólo tengo un par de escopetas viejas. Hago esto más bien para proteger los derechos de otros propietarios de armas».
La Segunda Enmienda en su totalidad dice: «Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una Milicia bien organizada, no se deberá
coartar el derecho del pueblo a poseer y portar armas».
Cuando se le preguntó si temía que el gobierno estatal y federal pudiera tomar represalias contra él por su activismo, el Sr. Jager dijo: «No tengo miedo, aunque sé que el gobierno podría dar una paliza a este pequeño municipio de 1900 habitantes en un santiamén».
«Esto de tomar las cosas sin dar muchas oportunidades de defender tus derechos está mal y se puede abusar fácilmente de ello. Intentamos defender el debido proceso para todos».
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