En el normalmente pacífico pueblo desértico de Gila Bend, situado a 160 kilómetros al norte de la frontera de Arizona con México, los inmigrantes ilegales han llegado a diario desde que la ciudad declaró el estado de emergencia en marzo.
Los migrantes iban todos a pie, y todos parecían dirigirse a lugares desconocidos, llevando consigo solo sus mochilas y la ropa que llevan puesta.
«Lo que estamos recibiendo es, literalmente, una avalancha de migrantes caminando hacia el pueblo», dijo el alcalde de Gila Bend, Chris Riggs, quien solicitó que se declarara el estado de emergencia cuando la Patrulla Fronteriza de EE. UU. dejó sin previo aviso un autobús con 30 migrantes.
Riggs dijo que el autobús de migrantes supuso una conmoción, no solo para los 1900 residentes del pueblo, sino para los recursos municipales que ya estaban al límite por el impacto económico de la pandemia de coronavirus.
«No teníamos forma de llevar a estas personas a ninguna parte», dijo Riggs a The Epoch Times.
Cuando Riggs y el Consejo Municipal de Gila Bend declararon por unanimidad el estado de emergencia, los autobuses dejaron de llegar, al menos «por el momento», dijo Riggs.
Pero los migrantes siguen llegando sin parar, la mayoría a pie.
Cada día, Riggs calcula que entre 30 y 40 ilegales de diversas nacionalidades llegan a pie al pueblo desde la cercana localidad sureña de Ajo.
Lo más probable es que muchos hayan sido procesados en un centro de detención federal situado más al sur, en el pueblo de Why (Arizona), y luego liberados.
Riggs dijo que varios migrantes parecen ser familias, mientras que «la mayoría son adultos en edad militar».
«Muchos de ellos están tomando el camino de Maricopa [en Gila Bend]. Estamos viendo mucha más actividad de drogas ahora que en el pasado», dijo.
En los últimos meses, los delitos contra la propiedad se han triplicado, y en uno de los robos a mano armada denunciados participaron dos migrantes que afirmaron tener un arma, dijo.
Cuando se trata de enfrentarse a los migrantes ilegales, las manos de las fuerzas de seguridad están atadas por el gobierno federal. Al carecer de un departamento de policía propio, Gila Bend tiene un contrato con el Departamento del Sheriff del Condado de Maricopa.
«Les han dicho que no toquen nada por orden judicial», dijo Riggs.
Como solución, Gila Bend ha contratado a Paloma Security para que se enfrente a los inmigrantes y disuada la delincuencia, una situación que está resultando «frustrante» para los residentes.
Riggs dijo que entre los grupos de migrantes varios parecen ser menores no acompañados, lo que plantea el problema del tráfico de niños.
Según Jessica Vaughan, directora de estudios políticos del Center for Immigration Studies, es «definitivamente el dinero de los contribuyentes y los dólares federales» lo que está alimentando el último aumento de cruces de frontera y el programa de reasentamiento de extranjeros.
«Están tratando de entregarlos y procesarlos rápidamente», dijo Vaughan. «La mayoría de los que aparecen tienen un destino pero no saben cómo llegar a él. La responsabilidad recae en el gobierno estatal y local. Tienen que recoger los pedazos».
En febrero, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. detuvo a casi 100,000 migrantes en la frontera entre EE. UU. y México, aunque los cruces ilegales siguen aumentando.
El representante republicano del estado de Arizona Mark Finchem, dijo que puede hablar «de primera mano» del hecho de que los menores migrantes no acompañados son transportados a través de Estados Unidos a costa de los contribuyentes.
«En mi vuelo matutino de Phoenix a Charlotte [N.C.] hace una semana, el domingo pasado, había tres menores hispanos no acompañados», dijo Finchem a The Epoch Times. «Cada uno tenía un documento de papel blanco colgado al cuello, no el documento que uno suele ver en American Airlines para los menores no acompañados. El documento decía: ‘Documento de paso, Departamento de EE. UU. de… No pude distinguir el departamento ya que el documento estaba doblado», dijo Finchem.
«No tenía ni idea de adónde iban», añadió.
American Airlines no respondió a un correo electrónico con una solicitud de comentarios.
Riggs dijo que ninguno de los migrantes que ha visto llevaba mascarilla. También ha habido noticias de migrantes que han sido dejados en vehículos cerca del centro de ancianos de Gila Bend.
Tras la declaración del estado de emergencia en el pueblo, Riggs ha pedido a los funcionarios estatales y federales que ayuden a la localidad a manejar su crisis de migrantes dada su falta de recursos.
Hasta la fecha, solo los senadores Kyrsten Sinema y Mark Kelly, ambos demócratas de Arizona, han ofrecido ayuda para frenar la afluencia, dijo.
«Es una pesadilla», dijo Riggs, y añadió que el coste local de la migración ilegal es cada vez mayor.
Con un presupuesto anual de 2 millones de dólares, «estamos gastando otros 300,000 dólares al año para lidiar con esto. Estamos haciendo todo lo posible para no [aumentar los impuestos]», dijo Riggs.
Los funcionarios de Gila Bend también están sopesando el coste de establecer un departamento de policía municipal para «empezar a hacer cumplir las leyes sobre la entrada ilegal», dijo.
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