La Audiencia Nacional española (AN) acordó este lunes la extradición a México del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya para ser juzgado por un presunto fraude de 280 millones de dólares en su país.
En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN consideran que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega, y recuerdan que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a su país.
Las autoridades mexicanas le atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de «operaciones con recursos de procedencia ilícita», que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español.
El presunto fraude se habría producido en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido supuestamente unos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero pasado, cuando Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016 con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga después de que en mayo de 2019 fuera puesto en busca y captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de Odebrecht, a la que luego se añadieron nuevas denuncias.
El 13 de febrero fue enviado a prisión mientras se tramitaba la extradición, a la que finalmente no se opuso.
Según la resolución, antes de ocupar el cargo de director de la petrolera paraestatal Pemex entre 2012 y 2016, Lozoya se comprometió «a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país» con la empresa Altos Hornos de México(AHMSA), representada por Alonso Ancira, conocido como «el rey del acero» y que también fue detenido en España por una reclamación de su país.
A cambio de este acuerdo, Lozoya recibió una cantidad de dinero, que posteriormente utilizó para la compra de un inmueble.
En diciembre de 2013, en su calidad de director general de PEMEX, Lozoya propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria SA, filial de la petrolera, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira.
Esta planta había permanecido inactiva durante 14 años y los informes desaconsejaban su compra, pero finalmente la petrolera adquirió el inmueble por 264 millones de dólares, además de que tuvo que invertir otros 450 millones dólares en rehabilitar el espacio.
La segunda causa por la que Lozoya está reclamado se remonta al año 2009 cuando ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, director superintendente de Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios.
A cambio de la ayuda, Lozoya solicitó al directivo de Odebretch que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del PRI.
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