Un centro de maternidad atendido por parteras está demandando a Georgia en una corte federal por negarle inconstitucionalmente el permiso para operar luego de que tres hospitales locales expresaran su oposición.
En la actualidad, solo hay tres centros de maternidad no hospitalarios en Georgia, un estado con más de 120,000 nacimientos humanos al año, pero ninguno se encuentra en un radio de 130 millas de Augusta, según Pacific Legal Foundation (PLF), un bufete nacional de abogados de interés público sin fines de lucro que representa al centro.
Los resultados de los partos son «pésimos» en todo el estado, incluso en el área de Augusta, dice PLF. Los demandantes afirman que las enfermeras locales de Augusta, que está en la frontera con Carolina del Sur, cuentan historias de falta de camas y de mujeres que dan a luz en los pasillos del hospital.
Con la esperanza de mejorar los resultados de los partos, Katie Chubb y otros crearon Augusta Birth Center. Chubb, originaria del Reino Unido, donde la partería es una práctica habitual, decidió actuar luego de que su marido tuviera que trasladarla dos horas y media hasta el centro de partos más cercano. Los centros de maternidad suelen ser pequeñas empresas o entidades sin fines de lucro dirigidas por parteras enfermeras certificadas y supervisadas por médicos.
La demanda legal (pdf) en el caso, Chubb vs. Noggle, expediente judicial 1:22-cv-3289, se presentó el 16 de agosto en la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Georgia.
Los demandantes son Augusta Birth Center Inc. y Chubb, su directora ejecutiva y principal accionista. Chubb actualmente está estudiando para convertirse en enfermera partera certificada.
Los acusados son: Caylee Noggle, comisionada del Departamento de Salud Comunitaria de Georgia; Karesha Lang, directora Ejecutiva Interina de la Oficina de Planificación de la Salud; y Norman Boyd, presidente de la Junta de Salud Comunitaria.
La clínica de Chubb consiguió acuerdos de traslado hospitalario con un servicio de ambulancias y un médico titulado que tiene privilegios de admisión en dos hospitales locales. Pero Georgia denegó el Certificado de Necesidad (CON, por sus siglas en inglés) necesario para que la clínica funcionara cuando los tres hospitales locales se negaron a firmar acuerdos de traslado directo con el centro de Chubb. En virtud de estos acuerdos, un hospital se compromete a aceptar traslados de urgencia desde el centro de maternidad en caso de que un paciente sufra complicaciones. En este caso, los hospitales alegaron que los servicios de la clínica eran una duplicación innecesaria de los suyos.
La demanda alega violaciones de la Novena Enmienda y de las disposiciones del debido proceso de la Enmienda 14, dijo Joshua Polk, el abogado del PLF a The Epoch Times en una entrevista.
“El Departamento de Salud Comunitaria determinó que sus servicios eran necesarios en el área, financieramente viables y que había mucho apoyo de la comunidad”, dijo Polk.
Pero debido a que los hospitales locales no firmaron un acuerdo de traslado, el estado negó la CON, dijo.
Esto se denomina «veto de la competencia», explicó el abogado. Los hospitales locales tenían «un poder absoluto para vetar» el centro de partos aunque «cumpliera todos los demás criterios», dijo.
«Está bastante claro» que la normativa CON sirve «solo a los intereses económicos de los hospitales locales y no a los intereses de las madres de Georgia».
Estados Unidos ha reconocido tradicionalmente “el derecho a ganarse la vida sin injerencias irrazonables del gobierno», y nuestro argumento es que «estas disposiciones no contribuyen realmente a la salud, la seguridad o el bienestar públicos», dijo Polk. «La regulación debe ser rechazada: no hay legitimidad, y esto ha sido reconocido por las cortes federales en todos los ámbitos, en el hecho de que el gobierno escoja ganadores y perdedores».
Además, el país tiene “una historia y una tradición realmente fuertes de permitir a las mujeres el derecho a elegir las circunstancias del parto. Y debido a que ese es un derecho reconocido desde hace mucho tiempo, creemos que la corte debería aplicar un estándar reforzado de escrutinio a la regulación en cuestión”, dijo.
The Epoch Times se comunicó reiteradamente con el Departamento de Salud Pública de Georgia para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta hasta el momento de la publicación.
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