La liberación constante de inmigrantes ilegales por parte de la Administración Biden ha provocado que el estado de Florida presente una demanda legal.
La fiscal general de Florida, la republicana Ashley Moody, demandó al gobierno federal por su política de «captura y liberación», que ha llevado a la liberación de más de 225,000 inmigrantes ilegales este año.
La demanda se refiere principalmente al trato de los inmigrantes que solicitan asilo, que se concede en los casos en que las autoridades dictaminan que tienen un temor legítimo de persecución por su raza, religión o varias otras razones.
La ley federal exige al gobierno que detenga a los solicitantes de asilo hasta que las autoridades se pronuncien sobre su caso. Pero durante el gobierno de Joe Biden, al menos a 225,000 inmigrantes ilegales han sido liberados hasta ahora, incluidos los solicitantes de asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
«Liberar a tantos extranjeros que llegan al interior significa necesariamente que el gobierno está violando lar órdenes del Congreso sobre las leyes de inmigración», afirma la demanda de 23 páginas, presentada en un tribunal federal de Pensacola.
«Estamos viendo efectos dramáticos en nuestra frontera. Es una completa crisis derivada de que este presidente se niegue a seguir la ley federal. Está claro, amigos, y no es responsabilidad del presidente decidir si está de acuerdo con la ley. De hecho, el jefe de un poder ejecutivo debe seguir la ley», dijo Moody a los periodistas durante una sesión informativa en el condado de Lee.
Florida se ha visto afectada negativamente por los elevados costes que supone retener a los inmigrantes ilegales, según las autoridades.
Florida pide al tribunal que declare ilegal la política de «captura y liberación» del gobierno de Biden y que exija a los demandados que dejen de aplicar la política y que se ajusten a los requisitos establecidos por la ley federal.
La Administración Biden no respondió a una solicitud de comentarios.
Los funcionarios han defendido la liberación generalizada de los inmigrantes ilegales, alegando que se está cumpliendo la ley porque se les están dando avisos para que se presenten en el tribunal o en una oficina de inmigración.
«Seguimos en contacto con ellos. Los monitoreamos para asegurarnos de que comparezcan ante el tribunal a la hora designada», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a los periodistas en Washington la semana pasada, después de que la administración liberara a más de 12,000 inmigrantes ilegales que estaban agrupados en Del Río, Texas.
Pero solo de 6 de cada 10 inmigrantes ilegales solicitantes de asilo se presentan ante los tribunales, según datos del Departamento de Justicia.
Funcionarios de Florida dicen que las políticas de la Administración Biden están diseñadas para aumentar las cifras de inmigración y que la inmigración ilegal se ha disparado desde que el demócrata asumió el cargo.
Todd Bensman, miembro principal de seguridad nacional del Centro de Estudios de Inmigración, dijo que la Administración Biden ha estado pasando por alto lo que hicieron las administraciones anteriores, que solo liberaban a los inmigrantes ilegales cuando los centros de detención estaban llenos.
Una de las formas en que la administración está haciendo eso es utilizando su poder de libertad condicional, que fue diseñado para ser utilizado para un pequeño número de casos y solo para «[fines] humanitarios urgentes o de beneficio público significativo».
«La política de poner en libertad condicional a los inmigrantes en el país es amplia, generalizada e histórica en su alcance», dijo Bensman a The Epoch Times.
La nueva demanda pide al juez que impida a la Administración Biden poner en libertad condicional a los inmigrantes sin realizar una revisión caso por caso.
También el martes, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció una orden ejecutiva que prohíbe a todas las agencias de Florida bajo su responsabilidad facilitar la inmigración ilegal y exige a los funcionarios estatales que recojan información sobre los costes y el alcance de la inmigración ilegal en el estado.
«Desde que el presidente Biden asumió el cargo —que ha sido menos de un año— la Patrulla Fronteriza ha liberado a casi un cuarto de millón de extranjeros ilegales en Estados Unidos», dijo DeSantis en un comunicado. «Esta orden ejecutiva deja claro que los recursos de Florida no se utilizarán para sostener la fallida agenda de fronteras abiertas promulgada por esta administración».
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