La organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) pidió hoy que los responsables de la persecución gubernamental contra los abogados de derechos humanos chinos rindan cuentas ante la justicia tras haber cometido numerosas violaciones, como detenciones arbitrarias o torturas.
Hoy se cumplen tres años del inicio de la «campaña 709» en la que más de 300 personas -entre letrados y sus asistentes- fueron detenidos en el país asiático, donde desde 2017 se vive otra oleada de represión que ha llevado a las autoridades a retirar o suspender las licencias de muchos destacados abogados.
«Los responsables deben rendir cuentas por la persecución que sigue en curso del Gobierno chino contra los abogados de derechos humanos», afirmó en un comunicado la organización.
Tras las detenciones masivas realizadas desde 2015, bajo el liderazgo de Xi Jinping, «ningún policía ni personal gubernamental ha sido investigado, y mucho menos procesado criminalmente, por su papel en las violaciones cometidas contra estos abogados».
Según CHRD, entre estos abusos figura la detención arbitraria con «cargos politizados de subversión del poder del Estado o incitación a la subversión», la denegación de acceso a un abogado durante su detención, la prolongación de la prisión preventiva, torturas y represalias contra sus familias.
«La ausencia tanto de justicia para las víctimas como de rendición de cuentas por parte de las autoridades chinas que ordenaron o llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura han ido de la mano con el aumento de la persecución contra los abogados», denunció.
En mayo, CHRD presentó pruebas para que se impusieran sanciones contra Zhao Fei bajo la llamada «Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos», que autoriza al presidente de Estados Unidos a bloquear o revocar visados de ciertos ciudadanos extranjeros e imponer sanciones contra ellos.
Zhao, actualmente miembro del gobierno de Tianjin, era el responsable de la Policía en dicha ciudad durante la Campaña 709 y, según CHRD, estuvo involucrado en diecinueve casos de abusos graves.
Por eso pidió a EEUU que aplique dicha ley para sancionar a Zhao, «lo que podría tener un efecto disuasorio en el desempeño por parte de los funcionarios de las políticas represivas del presidente Xi Jinping».
En diciembre de 2017, recordó CHRD, el gobierno estadounidense ya sancionó a Gao Yan, oficial de policía de Pekín, por su vinculación en la detención y la muerte bajo custodia de la disidente Cao Shunli tras denegarle acceso a tratamiento médico.
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