Tres semanas después del semestre de otoño, la Universidad de Purdue dijo que advirtió o tomó medidas disciplinarias contra unos 300 estudiantes y empleados que no cumplieron con sus políticas de pruebas de detección de COVID-19.
En un comunicado de prensa del 10 de septiembre, la universidad pública con sede en Indiana dijo que la gran mayoría de los estudiantes de Purdue cumplen con sus pautas de salud pública al mostrar prueba de la vacuna contra COVID-19 o participando en pruebas de detección regulares, las cuales pueden llegar a ser tan frecuentes hasta de cada semana. Sin embargo, 84 estudiantes continúan en incumplimiento, a pesar de dos advertencias previas. Una tercera infracción resultará en suspensión.
Mientras tanto, 214 empleados de Purdue han recibido una advertencia inicial por escrito de que no cumplen por no completar la prueba requerida. Un empleado que no cumpla con los requisitos está sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido, advirtió la universidad.
Según la universidad, hasta el 26 de agosto, más del 80 % de sus 55,000 estudiantes y empleados en el campus de West Lafayette han sido vacunados.
A inicios de este año, la legislatura liderada por los republicanos de Indiana aprobó una ley que «prohíbe al estado o una unidad local emitir o exigir un pasaporte de vacunación contra COVID-19». Sin embargo, la ley no impidió que la Universidad de Indiana exigiera a sus estudiantes, profesores y personal que mostraran prueba de vacunación contra COVID-19 como condición para la inscripción o el empleo.
La orden de vacunación de la Universidad de Indiana en junio se convirtió en el objetivo de una demanda, en la que ocho estudiantes intentaron bloquear la política sobre la base de la Decimocuarta Enmienda. Siete de esos estudiantes calificaron para una exención religiosa, pero se les obligó a usar mascarillas y someterse a la prueba contra COVID-19.
Los estudiantes dijeron en documentos judiciales que tienen «un derecho constitucional a la integridad corporal, a la autonomía y la elección del tratamiento médico en el contexto de una orden de vacunación». El fiscal general de Indiana, Todd Rotika, también intervino en el caso, argumentando que la Universidad de Indiana violó la nueva ley estatal.
«En esta sesión, los miembros de la Asamblea General de Indiana aprobaron una legislación para codificar en la ley la prohibición de los pasaportes de la vacuna COVID-19, impidiendo que las instituciones públicas exijan una prueba de vacunación como condición para recibir servicios o empleo», escribió Rokita en una opinión pública oficial. «La política de la Universidad de Indiana claramente contraviene la ley estatal y de las libertades fundamentales que esta legislación fue diseñada para proteger».
El 2 de agosto, una corte federal de apelaciones confirmó un fallo de una corte inferior a favor de la universidad, diciendo que los estudiantes no presentaron pruebas suficientes de que se estaban violando sus derechos constitucionales. Un intento de impugnar la política en la Corte Suprema de Estados Unidos fue rechazada la semana pasada por la jueza Amy Coney Barrett.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
