El sistema de la Universidad Estatal de California (CSU) y la CSU San Marcos, acordaron pagar USD 243,000 para resolver una demanda después que un juez del tribunal de distrito dictaminara que la universidad pública trató injustamente a un grupo de estudiantes activistas por sus puntos de vista provida.
La junta directiva de CSU y el gobierno estudiantil de CSU San Marcos, firmaron un acuerdo (pdf) con el Campus de Estudiantes por la Vida (SFL) y su expresidente, Nathan Apodaca, para resolver la demanda de 2017. Según los términos del acuerdo, CSU pagará USD 240,000 por concepto de honorarios legales a los abogados de los estudiantes del grupo conservador Alianza para la Defensa de la Libertad y USD 3000 por concepto de daños y perjuicios a SFL. Los funcionarios de la universidad también se comprometieron a adoptar normas de «punto de vista neutral» al tomar decisiones de financiación en el futuro.
La disputa comenzó cuando Estudiantes Asociados Inc. (ASI) de CSU San Marcos, se negó a utilizar las cuotas que cobró a todos los estudiantes para proporcionar USD 500 para un evento de SFL. El evento contaría con la participación de Mike Adams, un destacado comentarista antiaborto y profesor de la Universidad de North Carolina-Wilmington.
Mientras tanto, el Centro de Equidad de Género financiado por la ASI y el Centro del Orgullo LGBTQA recibieron juntos más de USD 296,000 por sus actividades en defensa del aborto y los derechos de los LGBTQ durante el mismo año escolar. La Alianza para la Defensa de la Libertad, en nombre de Apodaca y SFL, presentó una demanda federal contra la universidad por desfavorecer a los grupos conservadores en su asignación de las cuotas estudiantiles.
El año pasado, el juez de distrito, M. James Lorenz, del distrito sur de California, falló a favor de Apodaca y SFL, diciendo que la CSU San Marcos participó en la discriminación de puntos de vista contra el grupo estudiantil provida.
«La Corte no está de acuerdo con los demandados que el proceso de financiación del ASI desembolsa la cuota obligatoria del ASI basado en criterios de punto de vista neutral», escribió Lorenz en una sentencia de 28 páginas (pdf), agregando que, bajo las directrices actuales, al ASI se le dio «facultad desenfrenada para promover o suprimir ciertos puntos de vista a través de la asignación de … fondos».
Lorenz también dictaminó que la CSU San Marcos no podía utilizar las cuotas estudiantiles obligatorias pagadas por los miembros de la SFL para apoyar a organizaciones con opiniones opuestas, como el Centro de Equidad de Género y el Centro del Orgullo LGBTQA, «hasta que se adopten normas específicas y detalladas que guíen la toma de decisiones».
«Las universidades públicas deberían alentar a todos los estudiantes a participar en el libre intercambio de ideas, no crear planes y esquemas secretos de financiación para otorgar a sus pocos favoritos el estatus de primera clase mientras que niegan incluso la clase económica a los puntos de vista opuestos», dijo Caleb Dalton, consejero principal de la Alianza para la Defensa de la Libertad, en un comunicado. «Agradecemos que el tribunal de distrito haya rechazado la política injusta, secreta y discriminatoria de la universidad, y que la universidad haya acordado asignar las cuotas de los estudiantes solo de manera neutral, en lugar de elegir a los favoritos».
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