Unas 130 entidades civiles y 544 académicos e intelectuales rechazaron hoy mediante una carta la creación de la Guardia Nacional que impulsará el mandatario electo, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que militarizará todavía más la seguridad pública en México.
«Rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional porque significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país», señalan los expertos en una carta.
La semana pasada López Obrador, que asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, anunció la creación de una Guardia Nacional formada por agentes de las Policías militar, naval y federal, a cargo de las Fuerzas Armadas y tras una reforma constitucional.
En tanto, la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, impulsada por el todavía presidente Enrique Peña Nieto, que buscaba formalizar las tareas de los militares en las calles.
De acuerdo con esta misiva publicada hoy en redes sociales y medios, López Obrador fue durante años muy crítico con el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública alegando que «la creciente militarización no había dado ni daría resultados».
«Además, manifestó públicamente la necesidad de incrementar el estado de fuerza de la Policía Federal y fortalecer el desarrollo policial a nivel local», se indica en el documento.
Para los firmantes, «está acreditado que el despliegue militar no resuelve dinámicas delictivas complejas».
En el texto se denuncia que López Obrador obvió sus «promesas públicas» e ignoró «consideraciones empíricas y políticas fundamentales» de organismos nacionales e internacionales.
«La propuesta de crear una Guardia Nacional bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de otorgar la totalidad de los mandos directivos locales a miembros de las Fuerzas Armadas va más allá de los estipulado en dicha ley», apunta el texto, que considera que se estigmatiza a los policías.
Finalmente, quienes firman el comunicado opinan que esta «radical redistribución» de la seguridad, con más poder para los militares, los convertirá en actores políticos.
«En suma, la primacía militar que pretende el nuevo Gobierno no solo hace caso omiso de las consideraciones recién emitidas por los ministros de la Suprema Corte, sino que romperá los equilibrios políticos entre civiles y militares que han prevalecido en México durante las últimas décadas», subraya, y concluye que aún se puede detener la reforma constitucional anunciada.
Entre los firmantes se encuentran varias comisiones y organismos de derechos humanos y las ONG Causa en Común, Cauce Ciudadano, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, México Evalúa o Semáforo Delictivo.
A título personal firmaron 544 personas, entre estos el experto en seguridad Alejandro Hope o el presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Claudio X González.
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