Casi la mitad de los fiscales generales de Estados Unidos respaldaron el miércoles el intento del presidente Joe Biden de bloquear una nueva ley antiaborto en Texas.
Los 24 fiscales generales, todos demócratas, dijeron que la nueva ley «contraviene directamente casi medio siglo del precedente de la Corte Suprema» y ha «prohibido casi todos los abortos previos a la viabilidad dentro de sus fronteras».
La ley le exige a los médicos que evalúen los latidos del corazón del feto antes de llevar a cabo un aborto. Si se detecta un latido del corazón, el médico no puede realizar el aborto a menos que considere que la situación es una emergencia médica.
La medida impide que funcionarios estatales habiliten la ejecución de abortos por fuera de la condición de los latidos cardiacos. En cambio, los ciudadanos privados pueden demandar a los médicos o personas que presuntamente ayudan en abortos ilegales si creen que ocurrió uno.
Las dos docenas de fiscales generales, encabezados por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healy, dicen (pdf) que tienen la responsabilidad de proteger a los médicos que trabajan en sus estados y que tienen licencia en otros estados. También dijo que tienen la responsabilidad de garantizar que cada estado cumpla con sus obligaciones constitucionales, ya que reducir el acceso al aborto en un estado puede hacer que la gente busque el procedimiento en otros estados, lo que podría sobrecargar los sistemas de atención sanitaria y dar lugar a un acceso limitado para los propios residentes de los estados.
Citaron una historia, de una publicación de Texas, que alegaba que eso ya estaba sucediendo en Nuevo México debido a la ley de Texas.
Además, los funcionarios dijeron que les preocupaba que las personas de sus estados puedan estar sujetas a demandas por brindar apoyo a familiares o amigos que se sometan a un aborto en Texas. También les preocupa que eso les ocurra a los residentes que viven temporalmente en Texas, como los estudiantes, que quieren realizarse un aborto allí.
«Los estados amicus tienen un interés significativo en proteger a sus residentes de litigios vejatorios y costosos, particularmente cuando tales litigios se basan en nada más que su participación en una actividad constitucionalmente protegida», escribieron los fiscales generales.
Todos los fiscales generales demócratas firmaron el informe amicus, excepto el fiscal general de Iowa, Tom Miller.
Miller necesita la aprobación del gobernador para unirse a casos de otros estados en virtud de un acuerdo de 2019 con la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds. Miller recomendó firmar el informe, pero Reynolds se negó, dijo una portavoz a The Epoch Times en un correo electrónico.
El escrito vino en apoyo del Departamento de Justicia, que presentó una demanda la semana pasada buscando bloquear la ley de Texas con el argumento que es inconstitucional bajo fallos de la Corte Suprema como en el caso Roe v. Wade.
Sin embargo, lo que complica el asunto es que la Corte Suprema decidió, a principios de este mes, no detener de inmediato la entrada en vigor de la ley. En un estrecho fallo de 5-4, la mayoría dijo que los proveedores de servicios de aborto no habían cumplido con la argumentación suficiente en un pedido judicial preliminar.
El Departamento de Justicia también pidió el martes a la Corte Suprema que bloquee la ley hasta que tome una decisión final al respecto.
Los proveedores de abortos dicen que aproximadamente del 85 al 90 por ciento de los abortos no pueden realizarse según la nueva ley, la cual fue aprobada por la legislatura de Texas, controlada por los republicanos, antes de que el gobernador Greg Abbott la convirtiera en ley.
Los fiscales generales republicanos aún no han intervenido en el caso, EE.UU. contra Texas, que está siendo defendido por el fiscal general republicano, Ken Paxton.
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