México y Estados Unidos son socios comerciales. Un tratado de libre comercio regula esta relación. Pero la crisis del fentanilo ha convertido en algo prioritario el tema de la seguridad entre los dos países.
Por lo pronto la cantidad de 100 mil estadounidenses muertos anualmente es la cifra mínima que se señala por este motivo, aunque recientemente en una entrevista televisiva, Donald Trump dijo que ya se trataba de 300 mil muertos por año.
De cualquier manera, se trata de un problema fundamental para la seguridad estadounidense. Y en este punto coinciden demócratas y republicanos envueltos en plenas campañas electorales.
En México esto ha sido tratado con demasiada displicencia por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todavía se recuerda con burla en medios estadounidenses, la cartita enviada por el presidente mexicano al gobierno chino para solicitar se cuide no se envíe fentanilo a México.
Esto pareció una broma cuando es universalmente sabido de la existencia de los laboratorios en nuestro territorio donde se utilizan químicos chinos para la fabricación de la droga.
Los anteriores gobiernos mexicanos consideraban la cuestión del narcotráfico un asunto de seguridad nacional. Esta definición provenía de que al ser Estados Unidos el mercado básico del tráfico de drogas esto generaba presiones en la relación bilateral y el riesgo de que el problema pudiera rebasar los límites tolerables, creando un desequilibrio político con serias afectaciones para ambos.
Finalmente, esto ya ha sucedido. La intervención de la DEA en tiempos del presidente Felipe Calderón fue desafortunada y la consecuencia de una estrategia fallida —golpear al Cártel más violento con apoyo del menos violento, como hicieran en Colombia para destruir al Cártel de Medellín con el apoyo de su rival, el Cártel de Cali—.
La detención del Mayo Zambada, un líder histórico del Cártel de Sinaloa, ha estado envuelta en distintas versiones e interpretaciones. Que se trató de una entrega voluntaria, que fue una trampa bien montada para atraparlo, que no se sabe ni se sabrá sobre las entrañas del asunto, que será capitalizado por los demócratas, que van a caer peces más gordos, pero ahora del campo de la política involucrados en la protección al Cártel, etcétera.
Lo real es que el gobierno mexicano informó que sobre este asunto no sabía nada, absolutamente nada. Fue una conferencia de prensa más bien penosa, en la que se mostró la falta de cooperación entre ambos países en un tema de interés común.
En México las especulaciones están desatadas. Alimentadas también por el hecho de que se anunció supuestamente la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo y que se sabe es líder de una de las facciones más violentas del Cártel de Sinaloa. De inmediato se desataron los rumores sobre arreglos especiales. Y que, en efecto, vendrán luego detenciones de todavía más alto perfil, aunque hay quienes afirman que, a pesar de estos hechos, nada más va a suceder.
Donald Trump reafirmó recientemente en una entrevista televisiva, acompañado de su candidato a la vicepresidencia, J.D. Vance, que está dispuesto a bombardear los enclaves de los grupos criminales dedicados a enviar drogas mortales a los Estados Unidos. El candidato republicano definió a México como un Estado fallido donde los Cárteles pueden “destituir al Presidente en dos minutos”.
México vuelve a estar presente en las elecciones estadounidenses, por los peores motivos. Ya no es sólo por el tema migratorio, sino ahora sobre todo por la inseguridad que representa como país, en riesgo para sí mismo y con riesgos también para el vecino.
La estrategia de “Abrazos no balazos” se convirtió en el pretexto del desorden y pasividad y el nuevo gobierno mexicano debe reconocerlo. Sin embargo, nadie quiere regresar tampoco a aquella estrategia fallida de tiempos del presidente Felipe Calderón: golpes ciegos al avispero que muchos mexicanos consideran, con ciertas razones, como el origen del desastre en seguridad que hoy se vive.
A pesar de cargar todavía con el peso del gobierno que ya se va, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado muestras de una mayor vocación estratégica para gobernar, una prueba de ello es muy clara: la denuncia que su futuro secretario de Hacienda hizo acerca del desequilibrio comercial con China, país que ha tenido todas las ventajas y no retribuye correctamente a México.
Estados Unidos también ha denunciado esas ventajas indebidas, que incluso violentan acuerdos del tratado de libre comercio existente entre México y Estados Unidos, lo cual junto con la seguridad, son ya puntos fundamentales de la agenda bilateral.
El envío de los precursores químicos desde China para producir el fentanilo, es un contrabando operado por las Triadas chinas aliadas desde hace años a los gobiernos del Partido Comunista Chino (PCCH). Esto se podría considerar un tema bilateral esencial. Si China no lo impide, México debe hacerlo y eso significa un control estricto del comercio con el país asiático.
Me parece que el nuevo gobierno mexicano, más que defenderse con argumentos débiles —“atendemos las causas, estamos avanzando en los resultados contra la inseguridad, la Guardia Nacional y la inteligencia resolverán el problema”—, porque sólo son argumentos operativos no siempre bien sustentados, debería tener mejor una visión estratégica, en cuyo marco la recuperación de la propia seguridad mexicana contribuirá a que se fortalezca la seguridad de nuestro principal socio comercial.
Así como un tratado de libre comercio se convirtió en un eje fundamental de la economía mexicana y en un impulso a la fortaleza geopolítica del bloque de América del Norte —algo que el nuevo gobierno de Estados Unidos, ya sea republicano o demócrata, debe reconocer—, un tratado de seguridad entre ambos países establecería compromisos comunes, apoyo mutuo y bases sólidas en el respeto a la soberanía de ambas naciones.
Un tratado de seguridad, conforme al derecho internacional, establecería acuerdos que impedirían decisiones unilaterales como no combatir a los Cárteles —lucha que debe hacerse con base en la ley—, como tampoco amenazar con acciones militares a un país vecino. Se podrían asimismo atacar temas como el contrabando de armas o el lavado de dinero, lo que contribuiría sensiblemente a disminuir el poder de los Cárteles.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tendría así una propuesta para negociar el fortalecimiento de la relación bilateral; una propuesta para alcanzar soluciones de beneficio común.
El tratado de seguridad sería un ejemplo de que Estados Unidos y México, con visión estratégica, son un meridiano común que habrá de trascender para el bien de dos grandes pueblos, dos pueblos aliados, soberanos y libres.
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