El número de controles de antecedentes para armas de fuego realizados por el FBI se disparó a un máximo histórico durante el mes de marzo en el marco de la pandemia de COVID-19.
Los controles de antecedentes se elevaron a 3,74 millones, según el FBI, la mayor cantidad realizada en un mes.
El récord anterior fue de 2,93 millones realizados en diciembre de 2019; en enero se realizaron 2,7 millones de controles y en febrero 2,8 millones.
Los 9,24 millones realizados este año durante los tres primeros meses son ya casi el 33 por ciento de los controles realizados en todo el año pasado.
Unos 2,644,851 controles se realizaron en marzo de 2019, en comparación con los 3,740,688 realizados el mes pasado.
Los números representan el número de controles de antecedentes para armas de fuego iniciados a través del Sistema Nacional de Control Instantáneo de Antecedentes Penales (NCIS). El proyecto de ley aprobado por el Congreso en 1993 ordena que el FBI realice comprobaciones de antecedentes para ver si la persona que solicita la licencia de un arma de fuego puede quedar descalificada para adquirir armas.
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Cuando una persona intenta comprar un arma de fuego, el vendedor se pone en contacto con el sistema a través de internet o por teléfono. El posible comprador completa el papeleo y el vendedor transmite la información al sistema. El personal del NCIS entonces realiza una verificación de antecedentes.
Desde su lanzamiento en 1998, el sistema ha verificado más de 300 millones de posibles ventas, lo que ha llevado a más de 1,5 millones de denegaciones.
Algunos estados y condados han considerado que las tiendas de armas y negocios relacionados no son esenciales, ordenando su cierre durante la pandemia de COVID-19.
El gobierno federal la semana pasada recomendó a los estados que las tiendas de armas, los fabricantes de armas y los campos de tiro se consideraran esenciales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que «los trabajadores que apoyan la operación de los fabricantes de armas de fuego o productos de munición, minoristas, importadores, distribuidores y campos de tiro» son esenciales, incluyéndolos bajo la designación de «aplicación de la ley, seguridad pública y otros primeros auxilios».
Al ver la nueva directriz, algunas regiones que habían tratado de forzar el cierre de las tiendas de armas revocaron las decisiones.
La guía del DHS era de carácter orientativo, pero «es persuasiva dado su alcance nacional», escribió en una declaración el sheriff del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien había ordenado el cierre de todas las tiendas de armas.
El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, también dijo que el estado dejaría a los vendedores de armas de fuego operar en base a la normativa.
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