AUSTIN, Texas— Las familias de 19 de las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Uvalde en Texas anunciaron el miércoles una demanda federal de 500 millones de dólares contra casi 100 agentes de policía estatales que formaron parte de la fallida respuesta policial a uno de los más mortíferos tiroteos escolares en la historia de Estados Unidos.
Las familias dijeron que también llegaron a un acuerdo de 2 millones de dólares con la ciudad, según el cual los líderes de la ciudad prometieron estándares más altos y una mejor capacitación para la policía local.
El anuncio ocurrió dos días antes del segundo aniversario de uno de los tiroteos escolares más mortíferos en la historia de Estados Unidos. Diecinueve estudiantes de cuarto grado y dos maestras murieron el 24 de mayo de 2022, cuando un joven atacante irrumpió en su salón de clases en la escuela primaria Robb y comenzó a disparar.
La demanda, que busca al menos 500 millones de dólares en daños y perjuicios, es la última de varias presentadas para exigir responsabilidades por la respuesta de las fuerzas del orden. Más de 370 agentes federales, estatales y locales acudieron al lugar de los hechos, pero esperaron más de 70 minutos antes de enfrentarse al atacante.
Es la primera demanda que se presenta después de que en enero se publicara un informe de 600 páginas del Departamento de Justicia que catalogaba «fallas en cascada» en los problemas de capacitación, comunicación, liderazgo y tecnológicos que ocurrieron ese día.
La demanda señala que los policías estatales no acataron su entrenamiento con un atacante activo ni confrontaron al atacante, incluso mientras los estudiantes y maestros que estaban dentro seguían sus propios protocolos de seguridad de apagar luces, cerrar puertas y permanecer en silencio.
«Los protocolos atrapan a profesores y alumnos adentro, dejándolos totalmente dependientes de las fuerzas del orden para responder con rapidez y eficacia», afirmaron las familias y sus abogados en un comunicado.
Los alumnos aterrorizados dentro del salón de clases llamaron al 911 mientras los padres angustiados rogaban a los oficiales, algunos de los cuales podían escuchar los disparos mientras estaban parados en un pasillo, que entraran. Un equipo táctico de oficiales finalmente entró al salón de clases y mató al atacante.
«La inacción de las autoridades ese día fue una traición completa y absoluta a estas familias y a los hijos, hijas y madres que se perdieron», dijo Erin Rogiers, una de las abogadas de las familias. «El Departamento de Policía de Texas disponía de los recursos, la formación y la potencia de fuego para responder adecuadamente, y lo ignoraron todo y fracasaron a todos los niveles. Estas familias no sólo tienen el derecho, sino también la responsabilidad de exigir justicia».
La oficina de la fiscal del distrito de Uvalde, Christina Mitchell, sigue investigando la respuesta de la policía. Este año se convocó a un gran jurado, y algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ya fueron llamados a declarar.
La demanda contra 92 funcionarios y policías del Departamento de Seguridad Pública de Texas también nombra como demandados al Distrito Escolar de Uvalde, a la exdirectora de la escuela primaria Robb, Mandy Gutiérrez, y al exjefe de policía de las escuelas de Uvalde, Peter Arredondo. La respuesta de la policía estatal solo fue superada solo por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que contó con casi 150 agentes.
Otra demanda presentada en diciembre de 2022 contra la policía local y estatal, la ciudad, y otras escuelas y la aplicación de la ley, busca por lo menos 27,000 millones de dólares y el estatus de acción de clase para los sobrevivientes. Y se han presentado al menos otras dos demandas contra el fabricante de armas Daniel Defense, con sede en Georgia, que fabricó el rifle de estilo AR utilizado por el atacante.
El DPS de Texas no respondió a los intentos de The Associated Press solicitando comentarios el miércoles.
Los demandantes son las familias de 17 niños asesinados y dos más heridos. Una demanda independiente presentada por diferentes demandantes en diciembre de 2022 contra la policía local y estatal, la ciudad y otras autoridades escolares y policiales solicita al menos 27,000 millones y un estatus de demanda colectiva para los sobrevivientes. Y se han presentado al menos otras dos demandas contra el fabricante de armas Daniel Defense, con residencia en Georgia, que fabricó el rifle estilo AR utilizado por el pistolero.
El acuerdo con la ciudad se limitó a 2 millones de dólares porque las familias dijeron que no querían llevar a la quiebra a la ciudad en la que aún viven y permitir que la comunidad siguiera recuperándose. El acuerdo se pagará con la cobertura del seguro de la ciudad.
«Lo último que quieren hacer es infligir dificultades financieras a sus amigos y vecinos de esta comunidad. Sus amigos y vecinos no los decepcionaron», dijo Josh Koskoff, uno de los abogados de las familias, durante una conferencia de prensa en Uvalde el miércoles.
Pero Javier Cazares, el padre de Jackie Cazares, de 9 años asesinada, señaló que el anuncio, que se hizo en el mismo Centro Cívico de Uvalde donde las familias se reunieron para informarles que sus hijos estaban muertos o heridos, tuvo poca asistencia.
«En el camino hacia aquí, vi el sticker, que veo en todas partes, ‘Uvalde Strong’. Si ese fuera el caso, esta sala debería estar llena, y algo más. Muestren su apoyo. Han sido dos años insoportables… Ninguna cantidad de dinero vale la vida de nuestros hijos. La justicia y la rendición de cuentas siempre han sido mi principal preocupación».
En virtud del acuerdo, la ciudad acepta una nueva norma de «aptitud para el servicio» y mejora la formación de los agentes de policía de Uvalde. También establece el 24 de mayo como día anual de conmemoración, un monumento permanente en la plaza de la ciudad, y el apoyo a los servicios de salud mental para las familias y el área metropolitana de Uvalde.
La respuesta policial al tiroteo masivo ha sido criticada y analizada por las autoridades estatales y federales. Un informe de 600 páginas del Departamento de Justicia de enero catalogó las «fallas en cascada» en la capacitación, comunicación, liderazgo y problemas tecnológicos ese día.
Otro informe encargado por la ciudad también señaló los pasos en falso de las autoridades, pero defendió las acciones de la policía local, que provocaron la ira de las familias de las víctimas.
«Durante dos largos años, hemos languidecido en el dolor y sin ninguna rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden y los agentes que permitieron que nuestras familias fueran destruidas ese día», dijo Verónica Luevanos, cuya hija Jailah y su sobrino Jayce fueron asesinados. «Este acuerdo refleja un primer esfuerzo de buena fe, particularmente por parte de la ciudad de Uvalde, para comenzar a reconstruir la confianza en los sistemas que no lograron protegernos».
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