La negativa de Beijing a cumplir la letra y el espíritu de su pertenencia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en las dos décadas transcurridas desde su admisión en este organismo exige un cambio de estrategia por parte de los países que respetan y tratan de hacer cumplir las normas, según los expertos.
China ingresó en la OMC el 11 de diciembre de 2001, y el vigésimo aniversario de su adhesión ha inspirado numerosas reflexiones sobre este hito, así como quejas y protestas de otros países miembros que se oponen a que Beijing siga recurriendo a prácticas comerciales y laborales severas y no orientadas al mercado, desde subvenciones agrícolas masivas hasta trabajos forzados.
Un patrón de violaciones continuas
Para muchos observadores, Beijing es culpable no solo de violaciones incidentales de los términos de su membresía, sino de un enfoque general del comercio y el trabajo que es contratio a las normas y principios fundadores de la OMC.
«Cuando China se adhirió a la OMC, aceptó unirse a una organización comercial mundial basada en los principios del comercio dirigido por la empresa privada y basado en el mercado, de acuerdo con los principios fundacionales de no discriminación, reciprocidad y transparencia», dijo Stephen Ezell, vicepresidente de innovación global de la Fundación de Tecnología de la Información e Innovación.
«Y China nunca ha estado más lejos que ahora de adherirse en general a esos principios. Están más lejos que nunca».
A pesar de la expectativa y la exigencia de que las autoridades chinas no interfieran directa o indirectamente en las decisiones comerciales de las empresas estatales (SOE), éstas están de hecho sujetas a la supervisión del Partido Comunista Chino (PCCh).
Un informe de julio (pdf) publicado por la organización de Ezell, «False Promises II: The Continuing Gap Between China’s WTO Commitments and Its Practices» (Falsas promesas II: la continua brecha entre los compromisos de China con la OMC y sus prácticas), señala que, en 2016, había en China 150,000 empresas estatales o controladas por el Estado a nivel de gobierno local o a nivel central, que empleaban a unos 30 millones de trabajadores, y sus activos en total alcanzaban los 15.2 billones de dólares.
El ingreso en la OMC debería conducir, en teoría, a una fuerte reducción del número de empresas públicas y de su predominio en la producción industrial de China, pero la tendencia real es más bien lo contrario. El informe traza el crecimiento del sector de las empresas públicas tanto en capitalización de mercado como en número total, y menciona que en 2019, de las 109 empresas chinas que figuran en la lista Fortune Global 500, 93 eran empresas públicas. La prevalencia de las empresas públicas ha sido particularmente marcada en el sector bancario, donde predominan los bancos de propiedad estatal y controlados por el Estado, señala el informe. Las empresas públicas disfrutan de una serie de ventajas sobre las empresas privadas en ámbitos que van desde la fiscalidad hasta la disponibilidad y las condiciones de los préstamos.
«La prevalencia continua de las empresas estatales es un ejemplo muy claro de que China no cumple las normas», dijo Ezell.
Otros ámbitos de incumplimiento son las subvenciones a las empresas agrícolas y las transferencias forzadas de tecnología. Según las normas de la OMC, un miembro debe notificar a la OMC la concesión de una subvención de manera oportuna, pero Beijing no lo ha hecho y ni siquiera notificó las subvenciones a nivel provincial hasta 2019, dijo Ezell.
El fenómeno de las transferencias tecnológicas forzadas es aún más preocupante. Cuando las empresas no chinas intentan competir en el mercado chino, a menudo no tienen más remedio que revelar tecnología y secretos comerciales sensibles y patentados a sus competidores en China como parte del proceso. Ezell citó a Kawasaki Rail Car y a Siemens como dos ejemplos de empresas extranjeras que tuvieron que divulgar la tecnología de sus sistemas ferroviarios de alta velocidad al intentar entrar en China.
«Se vieron obligadas a revelar su tecnología y se encontraron compitiendo con empresas chinas [que utilizaban su tecnología] un par de años después en los mercados mundiales», dijo Ezell.
Un problema relacionado que ha llamado la atención internacional es la falta de respeto de Beijing por las normas y protocolos comúnmente entendidos que rigen la propiedad intelectual. Las empresas chinas se han apropiado descaradamente de la propiedad intelectual de competidores extranjeros, y esta práctica no ha hecho más que empeorar con el tiempo frente a las protestas contra esto.
«A pesar de las repetidas garantías del PCCh de que esta práctica se reduciría, sigue avanzando a buen ritmo. En todas las industrias tecnológicas, desde la biotecnología hasta el espacio aéreo y los equipos de telecomunicaciones, China se dedica al robo de la propiedad intelectual autorizado por el Estado. Esto es fundamentalmente contrario al compromiso que asumió China cuando se adhirió a la OMC», dijo Ezell.
Ezell describió el robo de la propiedad intelectual no como el trabajo de unos pocos actores al azar, sino como un enfoque aurotizado por el gobierno específicamente dirigido a dar a las empresas estatales una ventaja en violación de las normas de la OMC y el derecho internacional.
«El PCCh se está introduciendo en todos los rincones de la actividad económica china, intencionadamente. Eso significa que las instrucciones vienen de arriba», dijo.
Un gran error
Para algunos observadores, el historial de violaciones generalizadas, crónicas y continuas confirma la sensación que tenían en el momento en el que se debatió la admisión de China en la OMC, hace dos décadas.
«Hace veinte años, escribí un artículo en el Wall Street Journal diciendo que no creía que debíamos dejar entrar a China en la OMC porque no cumpliría sus obligaciones. Está claro que no lo han hecho», dijo Thomas J. Duesterberg, investigador principal del Instituto Hudson.
La cuestión no es si la presencia de China en la OMC puede justificarse, sino cómo responder a las violaciones ante el fracaso de las sanciones para presionar a Beijing a modificar o poner fin a sus prácticas más atroces.
Desechar las sanciones puede no ser la reacción adecuada. En este punto, las naciones democráticas aliadas deben seguir presionando.
«Podemos hacer cumplir las normas tal y como las vemos, y la Administración Trump ha sido bastante contundente al respecto. El gobierno de Biden no ha levantado todavía ninguno de los aranceles a China, así que tenemos que seguir presionando», dijo Duesterberg.
«Merece la pena intentar reformar la OMC y poner en marcha normas más estrictas, sobre todo en materia de subvenciones y comercio digital», añadió.
Pero estas reformas, aunque deseables, pueden no ir lo suficientemente lejos. Duesterberg ve un papel crucial en los acuerdos y sistemas comerciales alternativos de carácter regional.
«Podemos movernos y construir acuerdos comerciales sobre una base regional, como hicimos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también creo que Estados Unidos necesita unirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico», dijo Duesterberg, refiriéndose a un pacto regional de 11 naciones del que la Administración Trump se retiró. El gobierno de Biden ha indicado que no tiene planes de unirse al acuerdo comercial, conocido como CPTPP.
Una alianza comercial de este tipo puede resultar más eficaz al final que incluso una OMC remodelada, donde las disensiones internas sobre la cuestión de China han supuesto a veces un obstáculo para las reformas efectivas.
«Estados Unidos ha hablado con Europa y Japón, pero los europeos se han mostrado muy reacios a adoptar una postura firme contra China, y conseguir nuevas normas en la OMC es una tarea difícil porque normalmente se requiere un alto grado de consenso», observó Duesterberg. «Los chinos nunca lo aceptarán, y tienen aliados a los que han comprado o presionado para que se pongan de su lado».
De ahí la utilidad de una nueva alianza, como el CPTPP, en la que la influencia de China no pueda bloquear reformas efectivas. Estados Unidos necesita trabajar en este asunto con potencias afines como Reino Unido, Canadá, Australia y Japón, que no temen denunciar las prácticas de Beijing, dijo.
«Pero si podemos lograr que los europeos sean defensores más fuertes de ser duros con China, eso también sería estupendo», agregó.
Duesterberg tampoco descarta la posibilidad de decir a empresas de propiedad china como Alibaba y TikTok que no pueden operar en Estados Unidos, dadas las restricciones que obstaculizan a las empresas estadounidenses que quieren hacer negocios en China. Esta medida podría aumentar la presión sobre Beijing para que modifique su desprecio por la letra y el espíritu de un orden económico mundial basado en el libre comercio.
Una OTAN para el comercio
Ezell dijo que ve el potencial de una red comercial, económica y de seguridad de naciones con ideas afines para hacer frente a las políticas y prácticas abusivas del PCCh. Lo que la OTAN es para la defensa nacional, esta red sería para el comercio mundial. Ezell dio un ejemplo de cómo funcionaría este sistema en la práctica.
«Cuando encontremos empresas chinas que continúen con el robo de la propiedad intelectual, deberíamos denegar colectivamente a esas empresas chinas el acceso a todos los mercados de esta asociación», dijo. «Podemos tener una OTAN para el comercio, países que actuarían colectivamente cuando las empresas se vean perjudicadas por el comportamiento chino, para imponer graves consecuencias y reforzar colectivamente los altos estándares del comercio basado en el mercado».
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