Los legisladores de Virginia aprobaron este fin de semana una ley que permite a miles de extranjeros ilegales en el estado obtener tarjetas de conducir privilegiadas para que puedan transitar en vehículos.
El senado demócrata del estado de Virginia aprobó la SB 34, que fue presentada por el senador demócrata Scott Surovell, durante la sesión del domingo. El proyecto de ley permite a miles de los aproximadamente 300,000 extranjeros ilegales que viven en el estado obtener las tarjetas de privilegio de conducir, pero no licencias completas.
Los extranjeros ilegales no podían obtener una licencia de conducir, lo que llevó a muchos a burlar la ley y a conducir ilegalmente sin ella. Surovell dijo que las tarjetas de privilegio eran una forma de permitir que «las personas que quieren trabajar y mantener a sus familias, lo hagan», y que el tener un vehículo para desplazarse por Virginia es una necesidad.
«Tener una identificación también hace más probable que los individuos se presenten para ayudar a la aplicación de la ley en una investigación. Otros estados que han tomado medidas han visto una disminución en los casos de colisiones y atropellos. Este es un proyecto de ley de seguridad pública y calidad de vida», indicó Surowel en un comunicado.
Bajo la nueva ley, los extranjeros ilegales deben presentar una declaración de impuestos o figurar como dependientes en una declaración de impuestos para tener derecho a la tarjeta de privilegio del conductor. A diferencia de una licencia de conducir estándar, las tarjetas de privilegio deben ser renovadas anualmente. Las tarjetas de privilegio también indicarán explícitamente que no se utilizarán como identificación para votar en las elecciones o para obtener beneficios federales.
Los republicanos de Virginia que se oponen al proyecto de ley, reaccionaron a su aprobación durante el fin de semana, con John March, un portavoz del Partido Republicano de Virginia diciendo que los demócratas no habían trabajado «en nombre de sus electores».
«En lugar de trabajar en nombre de sus electores, los demócratas eligieron trabajar en nombre de los inmigrantes ilegales», dijo March en una declaración a The Daily Caller News Foundation.
«No estoy seguro de que el granjero sin acceso a la banda ancha o la madre soltera que lucha por llegar a fin de mes esté muy contenta con esto, pero quién sabe. Los demócratas han demostrado dónde están sus prioridades, y no están con los virginianos», continuó March.
Matthew Tragesser, portavoz de la Federación para la Reforma de la Inmigración Americana (FAIR), también dijo a la emisora que conceder «cualquier tipo de privilegios de conducción a los extranjeros ilegales no solo socava la seguridad pública sino también la seguridad nacional».
«Proporcionar estas tarjetas incentiva más inmigración ilegal, recompensa a los infractores de la ley y pone en peligro nuestra seguridad nacional», añadió.
«Si el Estado de Virginia realmente quisiera mejorar la seguridad pública con los conductores sin licencia, el estado los desalentaría a conducir en primer lugar y no bajaría las calificaciones de conducción», continuó Tragesser. «Los gobiernos estatales y locales deberían estar del lado de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, no de socavarlas».
Si se aprueba la ley, la legislación convertiría a Virginia en el estado número 18, incluyendo DC y Puerto Rico, en permitir que los inmigrantes indocumentados obtengan tarjetas de privilegio de conducir.
En diciembre del año pasado, Nueva York aprobó la «Ley Luz Verde», que permite a los extranjeros ilegales solicitar y obtener una licencia de conducir del Departamento de Vehículos Motorizados y también retiene todos los datos del DMV de las agencias de inmigración.
Los opositores, incluidos los secretarios de condado, sostienen que la ley puede crear lagunas para que los delincuentes obtengan una licencia de conducir y la utilicen para cometer fraudes bancarios, robos de identidad, fraudes con tarjetas de crédito, trata de personas y otras actividades delictivas.
Los miembros de las fuerzas del orden, incluidos los sheriffs y diputados del estado, también han expresado su preocupación por la posibilidad de que compartan inadvertidamente información procedente del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), lo que los dejaría vulnerables a las demandas judiciales.
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