El Ministerio de Trabajo retomará el próximo lunes 9 de septiembre la negociación sobre la reducción de jornada laboral con el objetivo, cada vez más ajustado, de cerrar un acuerdo en el que esté la patronal CEOE y tener aprobado el cambio normativo necesario antes de final de año.
Tras terminar julio con una nueva propuesta sobre la mesa, el Gobierno y los agentes sociales se dieron el mes de agosto de paréntesis forzado para volver al diálogo en septiembre con los deberes hechos, es decir, con una respuesta concreta a los aspectos que entran en juego en un cambio que afectará a millones de trabajadores en España.
El acuerdo del Gobierno PSOE-Sumar fija reducir la jornada máxima semanal desde las 40 horas vigentes a las 37,5 horas en 2025 pasando por las 38,5 horas ya desde este 2024.
Los sindicatos se han mostrado partidarios de esta reducción, pero como un primer paso para ir a una rebaja mayor, mientras que la patronal rechaza hacer un cambio así por ley y señala el fuerte impacto que tendría en algunos sectores.
Según detalló en su última comparecencia ante los medios el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el «perímetro» de temas ya está fijado: cambios para reforzar el registro de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y la propia reducción de las horas de trabajo.
En la propuesta de Trabajo se detalla que debe existir un registro de jornada laboral «digital, fiable e interoperable» para sancionar cuando haya incumplimientos.
Sobre el segundo elemento, Trabajo quiere reforzar el derecho a la desconexión «a no coger el teléfono al jefe fuera del horario o no contestar correos».
Y sobre la reducción de horas de trabajo se ha ofrecido más flexibilidad a las empresas para poder hacerlo de manera «más planificada».
La hoja de ruta
Pero para cumplir con el acuerdo de Gobierno, el primer paso, esas 38,5 horas, deberían estar en vigor antes de que acabe el año en un escenario parlamentario complicado.
Contar con el aval de un pacto en el seno del diálogo social podría facilitar ese último paso, aunque nadie olvida lo ocurrido con la reforma laboral.
«Un acuerdo en el seno del diálogo social puede sensibilizar a los grupos para que voten a favor», reconocen fuentes de la negociación, que conceden que este plazo adicional de septiembre, el objetivo inicial era cerrarlo en julio, busca el sí de la patronal.
«Un tema como éste es mejor cerrarlo a tres, evita la litigiosidad y hace más fácil aplicarlo en las empresas», añaden las mismas fuentes.
El primer cambio afectaría a menos trabajadores, ya que gran parte de los convenios ya recogen jornadas inferiores a las 40 horas semanales, pero el siguiente hito de las 37,5 horas en 2025 aleja a la patronal del acuerdo.
Rechazo de la patronal y argumentos en contra
En la última asamblea de la CEOE, celebrada a principios de julio, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, acusó a Trabajo de «gobernar contra las empresas» y afirmó que reducir la jornada a 37,5 horas semanales «equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año por las empresas».
Tanto la patronal como expertos alertan de los efectos perjudiciales de esta medida en las pymes (empresas de hasta 250 empleados) y autónomos que emplean al 57% de los trabajadores.
Entre los efectos adversos de esta medida un informe del BBVA Research destaca los siguientes aspectos:
· El aumento de los costes laborales puede afectar a la competitividad de las empresas, sobre todos aquellas que dependen de mano de obra intensiva, como la manufactura, que podría desembocar en pérdida de empleo o ralentización de la creación del mismo.
· En empresas donde la productividad está asociada a las horas de trabajo, puede revertir en menores ingresos para las empresas, afectando la economía general.
· La reducción de la jornada puede añadir presión sobre las pymes que ya tienen márgenes de beneficios muy ajustados y que pueden no ser capaces de mantener la rentabilidad de los negocios y acabar cerrando o despidiendo a empleados, lo que podría contribuir a un aumento del desempleo.
· Existe un cierto escepticismo sobre la eficacia real de esta medida en todos los sectores. Algunos autores consideran que hay sectores que ya operan con una alta productividad en equilibrio con la vida personal que podrían no beneficiarse de esta medida.
Medidas alternativas para lograr el mismo fin
El informe asegura que en los últimos 60 años tanto en España como en Europa la reducción de la jornada laboral ha sucedido de manera progresiva a medida que la competitividad y el PIB por ocupado han aumentado.
«Cada 10% de aumento de la productividad a lo largo de las seis últimas décadas ha estado asociado a una reducción de un 3% de las horas trabajadas. Este resultado implica que, si España cerrase la brecha de productividad con las economías más avanzadas, las horas trabajadas descenderían un 12%», cifra el informe.
Según datos de la Encuesta de Población Activa la diferencia entre la jornada real efectiva y el nuevo límite propuesto, supondría el 5,5% del total de horas trabajadas.
Así, sin medidas compensatorias, el informe alerta que «la reducción de este 5,5% de exceso de horas implicaría un aumento de los costes laborales equivalente al 1,5% del PIB, que restaría en torno a 7 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante los próximos dos años y 8 al del empleo.
«Antes de la aprobación de esta medida, como mínimo es necesario realizar una evaluación detallada de los efectos potenciales de la propuesta y dejar en manos los interlocutores sociales su negociación y ejecución», sugieren los expertos del BBVA Research.
Y concluyen recomendando medidas que favorezcan la competencia y la posición competitiva de la economía española en los mercados, que permitan reducir la brecha de productividad y tasa de empleo con los países europeos más avanzados.
«Todo ello contribuirá a que, como ya ocurre en esas sociedades y para casi la mitad de la población trabajadora en España, la jornada de trabajo se reduzca gradualmente, incluso significativamente por debajo del límite legal que ahora se pretende aprobar, y que sea compatible con aumentos salariales y con la creación de empleo».
La reducción de jornada -la medida más relevante de lo que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, define como «la legislatura del tiempo»- comenzó a negociarse a principios de este año entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, aunque estos últimos pidieron abordarla de forma bipartita en busca de un acuerdo.
A mediados de junio, el Ministerio de Trabajo constató la falta de avances en esa negociación bipartita y decidió acelerar los trabajos para dejar cerrado el tema antes del parón de agosto.
«Están los mimbres para alcanzar un acuerdo», insistía tras esa última reunión del 30 de Julio Pérez Rey que pidió expresamente a patronal y sindicatos volver con una valoración interna en septiembre.
«Esperemos que la CEOE concrete más sus necesidades», apuntan fuentes sindicales, que recuerdan que UGT y CCOO ya han avanzado movilizaciones para este otoño si el tema no avanza.
Con información de EFE.
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