Opinión
El caso del Mayo Zambada se ha convertido en un punto definitorio de la relación bilateral México-Estados Unidos. La asociación comercial, el aspecto migratorio y el desencuentro último en asuntos internacionales, quedan subordinados al lío que se ha armado con la detención de uno de los capos del narcotráfico más importantes no sólo de México, sino del mundo.
Se debe considerar la presencia internacional del Cártel de Sinaloa en distintos países, al grado de que esta organización criminal está considerada una trasnacional delictiva de primer orden. El gobierno estadounidense reclama la incautación de fondos del Mayo Zambada, cuya fortuna es calculada en 14 mil millones de dólares acumulados a lo largo de los años de sus actividades criminales.
Desde el momento que trascendió de su detención en Texas, se desataron rumores acerca de cómo había sucedido realmente. Se habló con insistencia de que había sido una entrega voluntaria. Pero la versión difundida por el propio capo desmiente los rumores y confirma un giro del que se había sospechado también desde un principio: fue secuestrado en territorio mexicano y entregado en Estados Unidos a oficiales estadounidenses.
Es importante remitirnos a un caso parecido en la forma, aunque no se trató de un criminal del relieve del Mayo Zambada. Fue el caso del doctor Humberto Machain, quien fuera secuestrado en territorio mexicano y entregado a la DEA en la frontera mexico-estadounidense, por un grupo de policías mexicanos organizados como grupo mercenario.
Se quería juzgar al doctor Humberto Machain en Estados Unidos, por su presunta participación en la tortura del agente de la DEA, Enrique Camarena. Se le acusaba de haber mantenido con vida al agente de la DEA durante el brutal interrogatorio al que se le sometió.
Cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari se enteró de dicho secuestro ordenó se hiciera entrega oficialmente de una nota diplomática en Washington. En ese momento se estaban llevando a cabo las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio, y la presentación de una nota diplomática —acostumbrada de manera previa a una posible ruptura de relaciones— se consideró finalmente que podría enturbiar las negociaciones comerciales, bastante complejas en sí mismas.
Para que un caso como el secuestro del doctor Humberto Machain no se volviera a repetir y como una manera también de expresar el disgusto causado por este acto de la DEA —que estaba contaminando las relaciones bilaterales al ser tratado México como tierra de nadie—, el gobierno mexicano de ese entonces decidió procesar de inmediato una iniciativa de ley con una adición en el Código Penal, que convirtió la participación de mexicanos en un secuestro con el objetivo de entregar a autoridades extranjeras a un mexicano, en un delito de traición a la Patria.
Transcribo completa esta adición a la cláusula 123 del Código Penal Federal: «Se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción [traición a la Patria], al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito».
En aquel tiempo todavía no se eliminaba de la Constitución la pena de muerte por el delito de traición a la Patria. Sin embargo, considerar en el Código Penal como traición a la Patria el hecho de secuestrar a un connacional y entregarlo ilegalmente para ser juzgado por autoridades extranjeras, le confiere como delito una gravedad especial.
De manera correcta el gobierno federal, ante la declaración pública de Mayo Zambada de haber sido secuestrado y en esa condición entregado a autoridades estadounidenses, ha reaccionado difundiendo que la Fiscalía General de la República (FGR), investiga los delitos cometidos en este hecho, considerando especialmente grave el delito cometido de traición a la Patria tipificado en el Código Penal Federal para un caso como éste.
Esto ha causado cierta mofa o extrañeza en medios mexicanos, que lo consideran una exageración o una manera de defender por parte del gobierno a un delincuente. La realidad es que «la ley es la ley», así no le guste al Presidente de la República o a los medios de comunicación, o algo especial en este caso, a los Estados Unidos.
En el caso del doctor Humberto Machain, el enojo mexicano fue entendido por el gobierno estadounidense y fue devuelto para ser procesado en México. En su juicio mexicano no se encontraron pruebas suficientes para ser sentenciado como cómplice de haber participado en la tortura del agente estadounidense y fue liberado.
El grupo de policías mexicanos que cometieron el delito de secuestro con Machain no fueron encontrados y aunque no podían ser procesados por el delito de traición a la Patria por no ser retroactiva la ley, había quedado establecido para casos posteriores la gravedad de un delito de esta naturaleza.
Según la versión del caso por el propio Mayo Zambada, se cometió este delito en la modalidad señalada. Hay por lo menos dos personas identificadas por el gobierno estadounidense, uno es el hijo del Chapo Guzmán quien preparara la trampa del secuestro y la entrega a autoridades estadounidenses y el otro es el piloto que condujo la avioneta a Estados Unidos, quienes deben ser reclamados para ser juzgados en México.
Entre las anomalías del presidente López Obrador se encuentra su desprecio a la ley. Él se ha burlado abiertamente de la vigencia de un Estado de Derecho, cuando dice despreciativamente «no me vengan con que la ley es la ley».
Eso ha transmitido un pésimo mensaje a todos, principalmente a nuestro socio comercial, Estados Unidos, donde ya comienza a considerarse que México se encamina seriamente a convertirse en un estado fallido.
Y el trato bilateral comienza a ser de esa manera. Cuando había una negociación comercial delicada en curso, un acto como el secuestro del doctor Humberto Machain, cometido por una agencia estadounidense, fue considerado por el Estado mexicano como un acto grave y generó que se aplicara la ley vigente y se creara una nueva.
Ahora somos socios comerciales con Estados Unidos y a México no se le puede dar un trato de territorio de nadie. No se trata de ideología, de retórica, de si los presidentes se caen bien y uno se «dobla» amistosamente. Es una relación entre Estados en la cual debe prevalecer el respeto mutuo.
Se entiende que ante la gravedad de las consecuencias en vidas estadounidenses a causa del fentanilo, el gobierno de este país o sus agencias de seguridad se desesperen si observan pasividad por parte del gobierno mexicano, pero también debe ser entendido del otro lado que, por ejemplo, el contrabando de armas hacia el territorio mexicano es causa de la pérdida de miles de vidas mexicanas y eso produce desesperación.
Voy a poner un ejemplo. Durante la invasión soviética a Afganistán, Estados Unidos apoyó a los mujaidines en las postrimerías de la guerra fría. Para ello crearon un lanzamisiles de hombro, capaz de ser utilizado por rústicos campesinos afganos y derribar helicópteros soviéticos, una de las razones de su derrota militar en ese país montañoso.
Ahora bien, esos lanzamisiles han sido vendidos a los grupos criminales mexicanos. Con uno de esos en Jalisco lograron derribar un helicóptero con personal militar de élite de nuestro país.
Lo que no se ha dicho es que las relaciones entre México y Estados Unidos solo van a ser beneficiosas y equilibradas entre ambos países, si se regulan con base en la ley. En efecto, la ley es la ley y lo es para todos. En el ámbito de la seguridad la mejor alternativa será un Tratado que rija las relaciones entre los dos países en este aspecto sustantivo.
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Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
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