Un grupo de 39 países, principalmente potencias occidentales y sus aliados, se unieron este martes en Naciones Unidas para denunciar la situación de los derechos humanos en la región china de Xinjiang.
El grupo -en el que figuran entre otros Estados Unidos, Alemania, Japón, España o el Reino Unido- se mostró “gravemente preocupado por la existencia de una gran red de campamentos de reeducación política donde hay informes creíbles que indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente”.
En una declaración conjunta ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, estos países llamaron la atención sobre un creciente número de denuncias de “graves violaciones de los derechos humanos” y sobre las “severas restricciones” a las que se enfrentan los musulmanes de la minoría uigur.
“Una vigilancia generalizada sigue centrándose sobre los uigures y otras minorías y están apareciendo más informaciones de trabajos forzados y contracepción forzosa, incluidas esterilizaciones”, señaló el grupo.
Por ello, reclamaron a China que permita inmediatamente el acceso a Xinjiang de observadores independientes, incluida la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En los últimos años se han repetido las llamadas desde Europa y Estados Unidos para que Beijing cierre los «campos de reeducación» para uigures en Xinjiang.
Las acusaciones de represión a minorías étnicas proceden principalmente de ONG y disidentes en el extranjero, mientras que Beijing negó la existencia de estos recintos hasta 2018, cuando indicó que se trataba de «centros de formación profesional» en los que se enseñan oficios para salvar a los musulmanes de Xinjiang del terrorismo y del extremismo religioso.
Los 39 países también llamaron la atención sobre la situación en Hong Kong y aseguraron que la controvertida ley de seguridad nacional incumple las obligaciones internacionales de China.
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