Promesas de financiación climática de los bancos pueden acabar en rescates gubernamentales: Expertos

Por Petr Svab
27 de Abril de 2021
Actualizado: 27 de Abril de 2021

Análisis de noticias

Los billones de fondos prometidos por los bancos, para proyectos relacionados con el cambio climático, representan una apuesta sin precedentes que podría terminar en el rescate gubernamental más grande jamás visto, advirtieron varios expertos en políticas e inversiones ambientales.

Muchos de los bancos más grandes del mundo se han comprometido recientemente a destinar billones de dólares en inversiones a proyectos que dicen luchar contra el cambio climático y que pretenden lograr un “desarrollo sostenible”.

Bank of America prometió USD 445,000 millones para 2030; Goldman Sachs y Morgan Stanley prometieron cada uno USD 750,000 millones para 2030; CitiGroup prometió USD 1 billón para 2030; y JPMorgan Chase se comprometió a entregar USD 2,5 billones en 10 años. Docenas de otros grandes bancos se han unido a la Alianza Bancaria Net-Zero respaldada por la ONU, prometiendo no solo reducir las emisiones de carbono de sus propias operaciones, sino también presionar a sus clientes a hacer lo mismo.

Una cosa sería que las instituciones financieras estuvieran hablando de su propio dinero. Pero ese no es el caso. Se supone que la mayor parte del dinero proviene de inversores, grandes o pequeños, cuyo dinero es redirigido por los bancos a empresas que se ajustan al tema climático.

Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., en Nueva York, el 25 de septiembre de 2019. (KENA BETANCUR/AFP/AFP a través de Getty Images)

Una revisión de los compromisos también revela que las empresas parecen operar aplicando una definición amplia de lucha contra el cambio climático. Aparentemente, la definición incluiría empresas relacionadas con la energía eólica y solar, edificios más eficientes desde el punto de vista energético e investigación de fuentes de energía “limpias”. Pero también incluye otras causas como el desarrollo de viviendas asequibles, la igualdad de género y la diversidad racial.

Todas estas iniciativas tendrían acceso a dólares de inversión que no estarían disponibles para otro tipo de propuestas. Aquellos que no estén dispuestos a entrar en la agenda serán discriminados, incluso a través de “políticas de exclusión” y “desinversión”, según las directrices de la Alianza Bancaria Net-Zero.

Los bancos presentan las iniciativas que respaldan como un acto de conciencia frente al cambio climático. Muchos científicos predicen que, a menos que se reduzcan drásticamente las emisiones de carbono, el planeta sufrirá más catástrofes naturales, como inundaciones y sequías. Otros científicos cuestionan estas predicciones climáticas catastróficas, que tienen una pobre coincidencia con la realidad.

Pero no es solo la bondad de los corazones corporativos lo que impulsa las promesas, le dijeron varios expertos a The Epoch Times. Los bancos están actuando con el entendimiento de que los proyectos climáticos contarán con el respaldo de los gobiernos.

Según se informa, la administración Biden está considerando un proyecto de ley de gastos de USD 3 billones que pone énfasis en determinados proyectos climáticos.

“Parece que es lo políticamente correcto para los bancos”, dijo Nicolas Loris, economista especializado en política medioambiental de la Fundación Heritage.

Seguir el plan de Biden les permite a los bancos estar “potencialmente protegidos y también aprovechar algunas de las oportunidades para que los contribuyentes compensen parte de los riesgos”, dijo.

George Santos, un banquero de inversiones veterano que anteriormente trabajó en Citi Bank y Goldman Sachs, fue más directo.

“Son los benefactores número uno. No es el medio ambiente. Todo este asunto del clima es perpetuado e impulsado por corporaciones multimillonarias que ganan miles de millones de dólares gracias a estos supuestos programas”, dijo, advirtiendo que “si esto sale mal, solo hay una solución para ello, que es un rescate del gobierno federal”.

Loris reconoció que, de hecho, esto es un riesgo.

“La cantidad de dinero de la que estamos hablando, incluso sólo para avanzar, especialmente en subvenciones del gobierno a ciertas decisiones de inversión, ciertamente amplía el riesgo para el contribuyente en magnitudes que realmente no hemos visto antes”, dijo.

El presidente Joe Biden recientemente hizo comentarios que parecían sentar las bases para esa eventualidad.

Una mujer pasa frente a una sucursal de Citibank en el distrito financiero de Nueva York, el 8 de febrero de 2021. (KENA BETANCUR/AFP a través de Getty Images)

“El sector privado no puede enfrentar estos desafíos solo”, dijo en su reciente Cumbre Climática virtual. “Los gobiernos deben dar un paso al frente y deben asumir el liderazgo. Tenemos un papel que desempeñar para asegurarnos de que los riesgos climáticos materiales para los sistemas financieros se midan, divulguen y mitiguen. Si Wall Street está inyectando miles de millones de dólares en negocios, podría cambiar cuando llegue la próxima tormenta. Y sabemos que habrá más tormentas”.

“Wall Street dejó en claro el riesgo que está asumiendo. Los dólares que se invierten son a menudo los ahorros ganados con esfuerzo de nuestros trabajadores, las pensiones. No podemos tomar medidas para proteger a nuestros trabajadores si no damos un paso al frente. Tenemos que ser capaces de pasar de un acuerdo a la baja y luego al alza y fortalecer la resiliencia de nuestro sistema financiero”.

El enviado de Biden para el clima, John Kerry, subrayó el enorme tamaño de la iniciativa.

“Requerirá movilizar financiamiento a un nivel absolutamente sin precedentes”, dijo en la cumbre. “Y requerirá que los gobiernos ayuden a facilitar la transición a cero emisiones en todo el mundo”.

La participación del gobierno en la economía hasta tal punto constituye una toma de poder, dijeron los expertos.

“Una vez que el gobierno comienza a involucrarse en este tipo de actividades, ciertamente es difícil que se retire”, dijo Loris.

Como advirtió el afamado economista Friedrich Hayek en su libro de 1943 “Camino de Servidumbre”, el control gubernamental de la economía, por bien intencionado que sea, conduce inevitablemente a la tiranía política.

“Es un efecto dominó que resultará en el fin del libre mercado, será un mercado controlado por el gobierno para fines de 2040 si se mantiene en este camino”, dijo Santos.

Sin embargo, aunque el gobierno se quede para regular y comandar, no necesariamente continuará financiando lo suficiente.

Torres de transmisión de alto voltaje en Houston, Texas, el 21 de febrero de 2021. (Justin Sullivan/Getty Images)

Biden ahora está lubricando su paquete de gastos con la escusa de combatir los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, aunque el gasto en infraestructura no hace prácticamente nada para impulsar la economía a corto plazo. Pero la próxima vez puede que no exista esa oportunidad y los bancos y otras empresas que compran la iniciativa harían bien en considerarla, según Santos.

“Están jugando a la política y están tratando de complacer a la administración actual y a la Casa Blanca. Pero se olvidan de una cosa: si el próximo gobierno o los dos próximos gobiernos llegan y no apoyan su programa y deciden no rescatarlos, al final, los inversores y los directores de estas instituciones son los más perjudicados”, dijo.

Él anticipa que entre USD 3 billones y USD 4 billones durarán unos cuatro años.

“Durará hasta el final del turno [de Biden]”, dijo. “Si está bien administrado”.

Escenarios

Si la advertencia de Santos se hace realidad, podría ser más o menos así:

Un fabricante de paneles solares solicita un contrato gubernamental disponible a través de la iniciativa de “infraestructura” de la administración Biden. El fabricante invierte sumas sustanciales en todo el papeleo requerido por el proceso de licitación del contrato, incluidas las evaluaciones ambientales y una plétora de “sostenibilidad”, “justicia y equidad racial” y otros requisitos. Contrata a expertos y asesores de cumplimiento para asegurarse de que los papeles están en orden y para que la propuesta tenga más posibilidades de ser aceptada.

Uno o dos años después, se otorga el contrato, que requiere que el fabricante rechace los clientes privados y amplíe en gran medida su capacidad instalada para poder cumplirlo. La expansión de la planta de fabricación, el proceso de contratación, las reglas del lugar de trabajo, la cadena de suministro tiene que cumplir con las regulaciones federales y las reglas específicas del contrato, haciéndolos sustancialmente más onerosos y costosos. Se contratan más asesores y oficiales de cumplimiento. Una parte importante del proceso de gestión se consume con el cumplimiento de las regulaciones.

El gobierno paga más que los clientes privados, pero no lo suficiente para cubrir la expansión. El fabricante acude a un banco para conseguir uno de los acuerdos de financiación climática. El banco se compromete a proporcionar un préstamo “verde” preferencial e incluir a la empresa en su cartera de “inversiones verdes”, lo que proporcionará una inyección de efectivo masiva supeditada al cumplimiento de la empresa con los objetivos de reducción de la huella de carbono, “justicia racial y equidad”, y otros requisitos. Los funcionarios y los asesores de cumplimiento se ponen en marcha.

El presidente Joe Biden pronuncia comentarios durante el segundo día de la Cumbre virtual de líderes sobre el clima, en el Salón Este de la Casa Blanca, el 23 de abril de 2021. (Anna Moneymaker-Pool/Getty Images)

De repente, la empresa está inundada de efectivo. Su nueva planta de producción “carbono neutral” es una maravilla del mundo. Compra coches eléctricos caros y alquila elegantes oficinas “neutrales en carbono”. Sus trabajadores se afilian a un gran sindicato nacional y negocian generosos paquetes de salud y pensiones. Los ejecutivos se otorgan a sí mismos bonificaciones “a precio de mercado”.

Unos años más tarde, el fabricante cumple el contrato. Se abre una enorme granja solar y todos los políticos, banqueros, dirigentes sindicales y empresarios se felicitan entre sí. Para entonces, la administración de Biden ha terminado y se ha gastado todo el dinero de sus iniciativas. Los contratos gubernamentales son menos y los clientes privados no están dispuestos a pagar los mismos precios. Además, la planta se está volviendo obsoleta rápidamente. La empresa intenta reducir costos y diversificarse en otros sectores de la industria, pero se le informa que al hacerlo correría el riesgo de incumplir los requisitos bancarios para su designación de “sustentable”, lo que provocaría severas sanciones.

No se trata sólo de esta empresa. Muchas empresas se encuentran en situaciones similares. Los bancos intentan mantener la viabilidad de los préstamos, al menos sobre el papel, ya que su cancelación perjudicaría sus balances. Permiten que las empresas renueven repetidamente los préstamos, dando una patada a la lata en el camino. Al final, los bancos dan la mala noticia: A menos que se haga “algo”, se producirá una catastrófica cascada de quiebras, en la que cientos de miles de personas perderán sus empleos, los pequeños inversores perderán los ahorros de toda su vida y toda la economía se verá gravemente afectada. El Congreso admite que el “coste humano” sería demasiado alto y diseña un “paquete de rescate”. El contribuyente es el que finalmente acaba perdiendo.

Este sería todavía un escenario optimista que presume que no habrá corrupción, trampas y ninguna recesión económica importante en el camino.

Empleos

Biden dijo que su política sería buena tanto para la economía como para el medio ambiente.

“Aquellos que actúen y hagan inversiones audaces en su gente y en un futuro de la energía limpia obtendrán los buenos trabajos del mañana y harán que sus economías sean más resistentes y competitivas”, dijo.

Pero Loris señaló que el gasto del gobierno a menudo desplaza los proyectos privados que también habrían creado empleos, probablemente más de los generados por el gobierno.

Además, los planes climáticos suponen una reducción agresiva y la eliminación de industrias enteras, en particular del petróleo y el gas.

Santos, cuya firma de inversión tiene participaciones en estas empresas, argumentó que incluso si se eliminan gradualmente, al menos se debería permitir que los trabajadores actuales continúen hasta sus jubilaciones.

“Hay generaciones y, al menos, otros 30 años de buen trabajo en varias de estas industrias que van a morir debido a una agenda muy radical”, dijo.

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