La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió este lunes la decisión del gobierno de Joe Biden de no exigir pruebas de detección de COVID-19 con resultados negativos ni comprobantes de vacunación a las personas que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
En respuesta a la pregunta de un periodista sobre si los agentes de la Patrulla Fronteriza piden una prueba de vacunación contra el COVID-19 o resultados negativos de las pruebas «si alguien entra en el país, justo al otro lado del río», Psaki dijo que la inmigración ilegal no es comparable a los extranjeros que llegan en avión a Estados Unidos.
La pregunta fue motivada por el anuncio de la Casa Blanca el lunes de que todos los visitantes extranjeros deben estar vacunados y presentar una prueba de su vacunación antes de embarcar en un vuelo con destino a Estados Unidos. El coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo en una conferencia de prensa que las personas también deben mostrar un resultado negativo en la prueba de COVID-19 al menos 72 horas antes de volar.
«A medida que los individuos llegan a la frontera, se les evalúa para ver si tienen algún síntoma. Si tienen síntomas, la intención es que deben quedar en cuarentena», dijo Psaki, refiriéndose a los individuos que entran ilegalmente por la frontera sur. «Ese es nuestro proceso».
Según Psaki, ambas situaciones no son comparables.
«Ellos no tienen la intención de quedarse aquí durante un período de tiempo prolongado. No creo que sea lo mismo», añadió.
El presidente Joe Biden está presidiendo la que podría llegar a ser la peor crisis fronteriza de la historia de Estados Unidos en cuanto al número de inmigrantes ilegales con los que se encuentran los agentes y funcionarios estadounidenses. La cifra superó los 200,000 contactos tanto en julio como en agosto.
Los condados situados a lo largo de la frontera sur han detectado en los inmigrantes ilegales tasas de positividad al virus que causa el COVID-19 de hasta el 40 por ciento, lo que suscita la preocupación de que las autoridades federales los envíen a comunidades de todo Estados Unidos mientras siguen siendo potencialmente positivos al coronavirus.
La ciudad de Laredo, Texas, demandó recientemente al gobierno federal para bloquear el transporte y la liberación de inmigrantes ilegales en la ciudad después que las ONG locales se vieran desbordadas por el volumen de inmigrantes ilegales no sometidos a las pruebas. La ciudad retiró posteriormente la demanda tras llegar a un acuerdo con las autoridades federales.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, se enzarzó en un intercambio de opiniones con el fiscal general Merrick Garland tras emitir una orden ejecutiva que restringía el transporte de extranjeros ilegales a Texas debido al COVID-19. La orden de Abbott fue bloqueada por un juez federal.
«Estamos expulsando a individuos basándonos en el Título 42 específicamente por el COVID porque queremos prevenir un escenario en el que se reúnan grandes cantidades de personas que supongan una amenaza para la comunidad y también para los propios inmigrantes», dijo Psaki.
ACUNA, Mexico: Haitians I’ve spoken to so far think everyone is going to be deported.
Some are bringing their belongings back to the Mexican side to decide what to do.
All have lived in Chile or Brazil for at least 2 years. All say going back to Haiti «is not an option.» pic.twitter.com/f7HJG0eF9l
— Charlotte Cuthbertson (@charlottecuthbo) September 20, 2021
Los comentarios de la secretaria de prensa de la Casa Blanca surgieron después de que en los últimos días más de 10,000 inmigrantes ilegales, en su mayoría provenientes de Haití, se reunieran en Del Río, en la frontera de Texas, cerca de 60 millas al noroeste de Piedras Negras y Eagle Pass.
Las autoridades fronterizas estadounidenses retiraron hasta ahora a más de 6500 inmigrantes de la zona.
Con información de Charlotte Cuthbertson
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