El 23 de febrero, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), dio comienzo a la segunda audiencia de la comisión sobre lo que los legisladores han bautizado como la «crisis fronteriza de Biden» desde Yuma, Arizona.
Los republicanos llevan mucho tiempo oponiéndose a la política del presidente Joe Biden en relación con la frontera entre Estados Unidos y México, donde la tasa de inmigración ilegal ha alcanzado niveles sin precedentes.
La frontera es una región clave para los cárteles mexicanos de la droga y sus socios, que obtienen enormes beneficios transportando drogas y esclavas sexuales a los mercados estadounidenses.
Los estadounidenses que viven a lo largo de la frontera han relatado en numerosas entrevistas que la amenaza es algo con lo que tienen que lidiar a diario: los residentes afirman que no dejan que sus hijos salgan solos a la calle y que ellos mismos nunca salen de casa sin un arma de fuego. Los encuentros de los ciudadanos con narcotraficantes y afiliados a cárteles son habituales a lo largo de la frontera.
En lugar de celebrar la audiencia en el Capitolio, los legisladores republicanos se reunieron en Yuma (Arizona) —una ciudad situada justo al este de la frontera estatal con California y a pocas millas al norte de la frontera internacional con México. En particular, faltó la mitad del panel judicial: los demócratas del comité anunciaron con antelación que no asistirían a la audiencia de Yuma.
Durante la audiencia, varios republicanos explicaron que la celebraban en la ciudad fronteriza para escuchar a quienes viven en la «zona cero» de la crisis migratoria.
En su discurso de apertura, Jordan tachó de «maniobra política» el hecho de que los demócratas no asistieran.
«Las políticas de fronteras abiertas de los demócratas causaron esta crisis y, en lugar de optar por solucionarla, quieren provocar una maniobra y jugar a juegos políticos», dijo Jordan.
El representante Tom McClintock (R-Calif.) también criticó la ausencia.
«Durante la última sesión del Congreso, los demócratas no se molestaron en celebrar ni una sola audiencia sobre este asunto», dijo McClintock. «Los republicanos han celebrado dos. Los demócratas no se molestaron en presentarse».
Una amenaza para la civilización
Durante la audiencia, los críticos de las políticas fronterizas de Biden pintaron el caos en la frontera como existencial para la civilización estadounidense.
McClintock, el primer testigo de los republicanos, dijo que «la migración masiva ilegal sin precedentes [está] en una escala que ninguna civilización en la historia ha experimentado y sobrevivido».
McClintock culpó directamente de esta amenaza a las políticas de Biden.
Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos practicaba una política de «Permanecer en México», bajo la cual los inmigrantes ilegales aprehendidos en la frontera eran mantenidos bajo custodia dentro de México hasta que sus solicitudes de asilo pudieran ser evaluadas. Biden revirtió esa política el primer día.
La política de facto de la administración, aunque no codificada legislativamente, ha sido la de «captura y liberación», por la que los inmigrantes ilegales detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza son puestos en libertad en Estados Unidos a la espera de su día en los tribunales.
McClintock citó cifras que muestran que al menos 3.1 millones de personas —aproximadamente una décima parte de toda la población estadounidense— han entrado ilegalmente en el país durante la presidencia de Biden.
«3.1 millones es una cifra mayor que [la población de] todo el estado de Arkansas», subrayó McClintock. «Eso solo en los últimos 25 meses».
McClintock dijo que la afluencia masiva de inmigrantes ilegales era el resultado de políticas «deliberadas y calculadas» de Washington.
Disminución de la calidad de la asistencia sanitaria para los estadounidenses
Durante la audiencia, el Dr. Robert Trenschel, presidente y director ejecutivo del Centro Médico Regional de Yuma (YRMC), testificó ante el comité sobre el impacto que la inmigración ilegal masiva ha tenido en la calidad de la atención médica que reciben los estadounidenses en Yuma.
«Nuestro hospital vio un aumento en el número de inmigrantes que buscaban atención médica a partir de finales del otoño [y] principios del invierno de 2021», reportó Trenschel.
Señaló que el Centro Médico Regional de Yuma es el principal hospital de solo dos en el área de la ciudad fronteriza relativamente remota.
«El desvío a otro centro sanitario es imposible», explicó Trenschel.
Además, Trenschel dijo que para los estadounidenses que viven en la zona, la carga de buscar atención en otro centro es insuperable.
Según datos de la Oficina del Censo de EE. UU., Yuma tiene una tasa de pobreza del 17.6%, varios puntos por encima de la tasa de pobreza nacional del 11.6%.
«Para muchos de los que viven aquí, viajar fuera de la ciudad para recibir atención médica es simplemente un reto insoportable», dijo Trenschel. «Dependen de que estemos aquí».
Por lo tanto, ya sea que vengan por dolencias menores o por problemas más graves, Trenschel dijo que el aumento de la inmigración ilegal pone a prueba los recursos del hospital y conduce a menos recursos para los ciudadanos legales.
Los hospitales pagan la factura
A veces, explica Trenschel, estos inmigrantes ilegales necesitan procedimientos médicos caros y que requieren a muchos empleados, lo que significa que hay menos médicos y menos equipos disponibles para los residentes estadounidenses de la zona. El hospital tiene que pagar la factura de muchos de estos gastos.
«Hemos tenido inmigrantes en diálisis, con cateterismo cardíaco y que necesitaban cirugía cardíaca», explica.
Los bebés de inmigrantes ilegales a veces necesitan una larga estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales, un costoso nivel de atención que se traslada en gran medida a los contribuyentes, las aseguradoras sanitarias y el sistema Medicare, ya de por sí sobrecargado.
Además, Trenschel señaló «problemas culturales y lingüísticos con los pacientes inmigrantes».
Aunque dijo que el hospital «puede resolverlos» de forma individual, el efecto acumulativo de estas barreras lingüísticas y culturales aumenta la presión sobre los recursos humanos del hospital.
Trenschel señaló un ejemplo concreto de esta presión sobre los recursos: los inmigrantes ilegales suelen necesitar el triple de personal de recursos humanos para ser dados de alta.
En los casos en que la situación es lo bastante grave como para justificarlo, el YRMC paga incluso los gastos de transporte de los inmigrantes ilegales a otros hospitales.
El efecto acumulado de estos gastos ha resultado en que entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, el YRMC pagó una factura de 26 millones de dólares en gastos de atención a inmigrantes ilegales.
«Permítanme asegurarles que esa cifra no es una aproximación», dijo Trenschel.
«26 millones de dólares en atención no compensada simplemente no es un modelo de negocio sostenible», añadió.
Durante un interrogatorio posterior, Trenschel confirmó la pregunta del representante Andy Biggs (R-Ariz.) de que las políticas de inmigración de Biden exigen que el hospital pague la factura del transporte de inmigrantes ilegales a otros centros.
Esfuerzos para destituir a Mayorkas
Aunque los republicanos culpan en última instancia de la afluencia de inmigración ilegal a las políticas de Biden, también atribuyen gran parte de la culpa al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El 1 de febrero, Biggs presentó artículos revisados de impeachment contra Mayorkas, pidiendo la destitución de Mayorkas «por delitos y faltas graves». A diferencia del Congreso pasado, Biggs dijo que espera que este Congreso retome los artículos.
«Alejandro Nicholas Mayorkas, en su conducta como secretario de Seguridad Nacional, incurrió en un patrón de conducta que es incompatible con sus deberes como funcionario de los Estados Unidos», dijo Biggs en la resolución.
En concreto, Biggs citó el historial de Mayorkas en la supervisión de la seguridad de la frontera.
Mayorkas «no ha cumplido fielmente su juramento y, en cambio, ha presidido un abandono temerario de la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración, a expensas de la Constitución y la seguridad de Estados Unidos», escribió Biggs.
En concreto, Biggs afirmó que «el secretario Mayorkas se ha negado voluntariamente a mantener el control operativo de la frontera, tal y como exige la Ley del Cerco Seguro de 2006. Sus acciones han conducido directamente a un aumento de la entrada en Estados Unidos de extranjeros ilegales y narcóticos ilegales, incluido el letal fentanilo».
Debido a la pérdida de control operativo de la frontera, señaló Biggs, solo en 2022 entró en Estados Unidos una cantidad de fentanilo suficiente «para matar diez veces a cada estadounidense». Este año, los delincuentes parecen estar en camino de importar aún más fentanilo a través de la frontera.
«Además de aumentar el número de extranjeros ilegales, las políticas del secretario Mayorkas han provocado un aumento significativo del contrabando de drogas ilegales a través de la frontera sur», escribió. «En solo 2 meses del año fiscal 2023, se ha incautado más fentanilo mortal en la frontera que toda la cantidad en cualquier año registrado anteriormente. Las 14,700 libras incautadas en la frontera en el año fiscal 2022 son suficientes para matar a cada estadounidense 10 veces».
«Como resultado de esto, el fentanilo es ahora la principal causa de muerte entre las personas de 18 a 45 años, y las muertes por opioides están en un máximo histórico en toda nuestra nación».
El 8 de febrero, Biggs celebró un acto en el que pidió la destitución de Mayorkas.
Mayorkas se enfrenta además a acusaciones de mentir o engañar a miembros del Congreso, un delito penal.
«El secretario Mayorkas debe ser indudablemente sometido a impeachment», dijo la representante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) durante el acto.
Mark Morgan, de Heritage Foundation, uno de los panelistas, se mostró de acuerdo y calificó a Mayorkas de «arquitecto clave» de las políticas fronterizas de la Administración.
Sin embargo, aún no está claro cómo el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), procederá con los artículos de impeachment contra Mayorkas.
En el pasado, McCarthy se ha mostrado ambiguo en sus respuestas sobre un impeachment a Biden o a cualquiera de sus funcionarios designados.
«No vamos a hacer política con esto», dijo McCarthy en octubre de 2022, antes de que el Partido Republicano tomara el control de la Cámara Baja en las elecciones de mitad de periodo.
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