Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes está exigiendo respuestas de los 93 fiscales de EE. UU. sobre las medidas que han tomado desde que el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un memorando en el que se les pedía a tomar medidas enérgicas contra las protestas de los padres.
«Seguimos investigando los preocupantes intentos del Departamento de Justicia y la Casa Blanca de utilizar la mano dura de las fuerzas de seguridad federal para atacar a los padres preocupados en las reuniones de las juntas escolares locales y frenar su actividad protegida de la Primera Enmienda», dijeron los republicanos en una carta (pdf) enviada el lunes a todos los fiscales de EE. UU. en los 50 estados y territorios.
El memorando del Departamento de Justicia, que generó mucha controversia desde que se publicó el 4 de octubre, ordena al FBI y a los fiscales de Estados Unidos a que «convoquen a reuniones» con los gobiernos estatales y locales para abordar un supuesto «aumento perturbador en el acoso, la intimidación y las amenazas de violencia» contra maestros y líderes escolares.
El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, reveló después en una audiencia del Congreso que su departamento emitió el memorando luego de comunicarse con la Casa Blanca sobre una carta de la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA, por sus siglas en inglés). La carta de la NSBA describió las interrupciones en las reuniones de la junta escolar como «una forma de terrorismo nacional y crimen de odio», e instó a la administración Biden a invocar las leyes antiterroristas para hacer frente a las «turbas enfurecidas» de padres que pretendían responsabilizar a los funcionarios escolares por enseñar la teoría crítica de la raza, de inspiración marxista, y por imponer restricciones de la COVID-19 a sus hijos.
«Los padres preocupados que expresan su fuerte oposición a los polémicos planes de estudio controvertidos en las escuelas locales no son terroristas domésticos», dijeron los republicanos, y agregaron que las autoridades estatales y locales ya están equipadas con herramientas legales en caso de que algún padre cruce la línea para cometer un acto violento.
Aunque la NSBA se disculpó por la carta en la que se basó el memorando del Departamento de Justicia, Garland todavía no ha rescindido la orden, lo que significa que sus directivas a los fiscales de EE.UU. siguen vigentes, dijeron los republicanos.
Además, señalaron que durante el testimonio de Garland ante la Cámara, «él parecía no tener idea de si las reuniones con los fiscales estadounidenses que ordenó se estaban celebrando realmente».
Específicamente, los republicanos exigen que los fiscales de EE. UU. proporcionen una gran cantidad de información, incluyendo todos los documentos y comunicaciones relacionados con la convocatoria de reuniones en sus respectivos distritos judiciales en respuesta al memorando de Garland, y los nombres de todos los empleados individuales involucrados y las organizaciones que fueron invitadas o que asistieron a tales reuniones.
Los fiscales de EE. UU. tendrán hasta el 15 de noviembre para entregar esos materiales.
La carta fue firmada en conjunto por 19 miembros republicanos del Congreso, entre ellos el representante de Ohio, Jim Jordan, el principal republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.
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