El estado de Texas movió la semana pasada las boyas flotantes colocadas inicialmente en el Río Bravo —territorio mexicano— reubicándolas hacia el lado estadounidense del Río Grande, en Texas, según una declaración jurada incluida en la demanda del gobierno federal contra Texas.
Esto luego que un estudio de la Comisión Internacional de Límites y Aguas que contó con participación bilateral concluyera que cerca del 80 % de las barreras flotantes colocadas por Texas —como una medida de disuasión a los inmigrantes ilegales— se encontraban en el territorio mexicano. El estudio se presentó ante la corte federal de distrito en Austin, Texas, el 15 de agosto, como parte de la demanda civil en curso del gobierno federal contra Texas.
Según una notificación de hechos por parte del gobierno federal, un informante alertó a la Comisión Internacional de Límites y Aguas de EE. UU. (IBWC) sobre trabajos en la barrera flotante el jueves por la noche. Por lo que el viernes por la mañana, la comisión envió a un ingeniero civil para inspeccionar la zona.
«Observé dos excavadoras en el Río Grande y al menos dos personas con chalecos de trabajo en el río», dijo el ingeniero civil Evelio Siller en su declaración jurada incluida en la notificación de hechos ante la corte federal de distrito en Austin, Texas, el 18 de agosto. «Observé una excavadora levantar y mover un bloque de concreto que ancla el sistema de boyas en el río, reposicionando el bloque más cerca del lado estadounidense».
La notificación del gobierno federal ante la corte también señala que «Estados Unidos se ve perjudicado, no solo por las violaciones continuas y flagrantes de Texas de la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos, sino también por los efectos que las violaciones siguen teniendo en las relaciones entre Estados Unidos y México y otros intereses federales apremiantes».
El gobierno de Greg Abbott comenzó a colocar las boyas en el Río Grande a inicios de julio, como una medida que pretendía frenar el ingreso de inmigrantes ilegales y el tráfico de drogas a su territorio. La iniciativa causó que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentara una demanda el 24 de julio exigiendo su retiro.
En su demanda el DOJ exigió (pdf) que el gobierno de Texas retire la barrera y pague por ello, argumentando que la instalación es ilegal y se realizó sin supervisión federal. Según la agencia federal, Texas eludió la Ley federal de Ríos y Puertos al no tener autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.
Del mismo modo, la medida también generó reclamos por parte del gobierno mexicano argumentando que la barrera flotante violaba dos tratados bilaterales sobre el límite territorial por parte de Texas al haber colocado gran parte de las boyas en territorio mexicano.
Dentro de sus argumentos el DOJ también incluyó la protesta por parte de México, y mencionó que tales barreras en el río Grande amenazan la navegación, seguridad pública y “preocupaciones humanitarias”.
Por su parte, el gobernador Greg Abbott y otros funcionarios de Texas, como respuesta a la demanda federal han argumentado que las boyas fueron colocadas para disuadir los cruces fronterizos y evitar un aumento de muertes de inmigrantes ilegales que intentan cruzar a Estados Unidos causadas por ahogamiento.
El día de mañana, 22 de agosto, el juez de la Corte de Distrito de EE. UU., David Alan Ezra, encargado del caso tiene prevista una audiencia sobre la demanda civil del gobierno federal contra Texas.
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