Texas acaba de promulgar una ley bipartidista para combatir la práctica criminal de la sustracción forzada de órganos por parte del régimen chino, convirtiéndose así en el primer estado de Estados Unidos en contrarrestar este abuso por medios legales.
En virtud de la nueva ley, SB 1040, promulgada por el gobernador Greg Abbott el 18 de junio para entrar en vigor el 1 de septiembre, será ilegal que los proveedores de seguros médicos financien trasplantes de órganos procedentes de China o de cualquier otro país conocido por su implicación en la práctica de la sustracción forzada de órganos. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad el mes pasado en las dos cámaras legislativas del estado.
Bajo la vigilancia del régimen chino, la práctica de la sustracción forzada de órganos vitales de personas vivas con fines lucrativos se ha convertido en una floreciente industria, y se ha sumado al abuso de comunidades vulnerables como los practicantes detenidos de la disciplina espiritual Falun Dafa, un grupo con decenas de millones de creyentes que se enfrenta a la implacable campaña de persecución de Beijing desde 1999.
El representante Tom Oliverson, uno de los principales promotores del proyecto de ley, recordó que hace años se reunió con unos practicantes de Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, que le mostraron páginas web de hospitales chinos en las que se anunciaba a todo el mundo que había donantes vivos a la espera de que el sector médico del país atrajera a turistas interesados en trasplantes de órganos.
«Yo me quedé horrorizado. Absolutamente, increíblemente horrorizado», declaró Oliverson a The Epoch Times. Aunque el representante ha trabajado en la defensa de la ética de los trasplantes de órganos, para asegurarse de que las personas donantes de Estados Unidos sean voluntarios, dijo que «nunca había visto un caso en el que alguien consciente, despierto y capaz de firmar un consentimiento por sí mismo, pero que no deseaba ser donante de órganos, fuera obligado a serlo».
«Eso parece sacado de una película», dijo a continuación.
Desde entonces, Oliverson ha trabajado en otras medidas, como la SCR 3, una resolución aprobada por unanimidad en abril de 2021 para condenar la «vil práctica de Beijing de sustraer por la fuerza órganos humanos para trasplantes». En marzo, presentó el proyecto de ley TX HB3914, cuyo objetivo es prohibir que el Instituto de Prevención e Investigación del Cáncer de Texas, financiador estatal de la investigación sobre el cáncer, conceda subvenciones para que un solicitante pueda obtener un órgano de un hospital de China.
Para Oliverson, impedir que las aseguradoras de salud financien órganos procedentes de China es fundamental para acabar con el turismo no consentido de trasplantes de órganos. Operarse de un trasplante de órganos es tan caro que una abrumadora mayoría de estadounidenses depende del seguro médico para hacerlo.
La idea es «básicamente ahogar la capacidad» de que alguien cobre por participar en el abuso en China o en cualquier otra parte del mundo, dijo el representante.
«La mejor manera de tener éxito en términos de impedirlo es hacer que no sea económicamente exitoso para un país que no ve a los seres humanos como seres humanos, sino que obviamente los ve como una fuente de ingresos».
Oliverson cree que hay aún más trabajo por hacer. Espera que otros estados puedan tomar esta ley como modelo y promulgar sus propias versiones para combatir el abuso de seres humanos para la sustracción forzada de sus órganos vitales. Para facilitarlo, pretende llevar esta legislación a las conferencias de legislaturas estatales de organizaciones como la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y presentarla como una legislación modelo para que otros estados la consideren.
«Me gustaría que se apruebe en los 50 estados. Ese sería mi objetivo final: que todos los estadounidenses se unan contra esta práctica detestable», declaró Oliverson.
«Si los 50 estados tienen esta prohibición, entonces esencialmente no irán dólares estadounidenses a los hospitales chinos que participan en el tráfico de órganos, por lo que no podrán pagar por ello».
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