El gobierno de Trump y una coalición de estados liderada por los republicanos están pidiendo a la Corte Suprema de los Estados Unidos que espere para revisar una demanda que cuestiona la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), también conocida como Obamacare.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos y los funcionarios estatales de una coalición de estados azules pidieron al Tribunal Supremo en un par de apelaciones en enero que se ocupara del caso y revisara la decisión de un tribunal inferior en el periodo en curso. Argumentaron que la rápida consideración del tribunal es necesaria debido a la incertidumbre que tiene la decisión de la corte inferior sobre el seguro de salud y el mercado de atención médica, así como para millones de estadounidenses que han comprado la cobertura del Obamacare (pdf).
A finales de enero la Corte Suprema rechazó su petición de acelerar las apelaciones, pero no descartó una revisión completa de los casos.
En las presentaciones del lunes, el gobierno federal y los funcionarios estatales de un grupo de estados conservadores argumentaron que la Cámara de Representantes y los estados dirigidos por los demócratas no ofrecían «ninguna razón de peso» para que la Corte Suprema concediera una revisión de un caso que todavía estaba siendo decidido por un tribunal inferior. Instaron al tribunal a aplazar la revisión de la decisión hasta que el caso haya terminado sus procedimientos en los tribunales inferiores.
En diciembre de 2019, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. dictaminó 2-1 que un principio clave del Obamacare era inconstitucional. Los jueces, en su mayoría, dijeron que una disposición de la ley, denominada «mandato individual», que requería que las personas obtuvieran un seguro médico o pagaran una multa en impuestos, era inválida después de que el Congreso eliminara tal multa en 2017, lo que hacía a la ley inaplicable.
Tras la enmienda del Congreso, un grupo de estados rojos y dos individuos privados presentaron una demanda alegando que la disposición ya no era constitucional y que toda la ACA debía ser invalidada porque la disposición era inseparable del resto de la ley.
Un juez del tribunal de distrito de Texas falló a favor de los demandantes, provocando una apelación al tribunal de apelaciones. La corte de apelaciones confirmó los reclamos constitucionales de los demandantes y envió el caso de vuelta a la corte de distrito para una revisión más detallada de la cuestión de la separabilidad.
«La decisión del tribunal de apelaciones de no resolver la cuestión de la separabilidad no justifica la revisión de este tribunal en este momento. Cuando el caso llega a este Tribunal, no existe ningún fallo operativo de un tribunal inferior sobre la separabilidad», escribió el Procurador General Noel Francisco en el expediente (pdf) de la administración Trump.
«Aplazar la revisión hasta que se complete el litigio en los tribunales inferiores puede ayudar a agilizar la eventual consideración de este Tribunal si y cuando considere la cuestión de la separabilidad y evitar una opinión parcialmente consultiva mientras tanto», añadió.
Sostuvo que no había necesidad de apresurar el caso hasta el Tribunal Supremo en este momento ya que «el mandato individual ya no somete a ningún individuo a ninguna consecuencia concreta».
«Aunque el tribunal de apelaciones y los peticionarios llegan a conclusiones jurídicas diferentes de la eliminación de la sanción monetaria, es un hecho común que el incumplimiento del mandato individual ya no tiene ninguna consecuencia significativa en el mundo real», escribió. «Desde cualquier punto de vista de los méritos —es decir, si la eliminación del pago de la responsabilidad compartida hace que el mandato individual sea ahora inválido o válido pero meramente precario— la cuestión de la validez del mandato no es en sí misma una cuestión de ninguna urgencia práctica».
Los abogados de la coalición de estados rojos presentaron argumentos similares (pdf) instando al Tribunal Supremo a denegar la solicitud de las apelaciones, diciendo que el tribunal superior «no debería permitir que los peticionarios se salten la consideración del tribunal inferior basándose en su propia ‘necesidad de certeza’ afirmada».
Las presentaciones judiciales se hicieron en respuesta a la solicitud de revisión de la Cámara de Representantes y los estados demócratas. La administración Trump y los funcionarios del estado hicieron argumentos similares cuando trataron de instar al tribunal a negar la solicitud para acelerar la revisión del fallo.
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