Un tribunal federal de apelaciones ha bloqueado, al menos temporalmente, las declaraciones de tres altos funcionarios del gobierno en el caso de colusión entre las grandes empresas tecnológicas y el gobierno.
El juez de distrito Terry Doughty, que ordenó las declaraciones, no tuvo en cuenta si los diferentes métodos para obtener la información solicitada son suficientes, dijo el tribunal de apelaciones en la orden del 21 de noviembre.
«Por lo tanto, antes de que cualquiera de las declaraciones pueda seguir adelante, el tribunal de distrito debe analizar si la información solicitada puede obtenerse a través de medios alternativos menos intrusivos, tales como pruebas por escrito o las declaraciones de un funcionario de menor rango», dijo un panel del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Quinto Circuito en la sentencia. «Es necesario introducir conclusiones escritas sobre la disponibilidad y la suficiencia de las alternativas».
El panel falló después de que los abogados del gobierno pidieran una suspensión parcial de la orden para que Doughty declare.
Los abogados del gobierno argumentaron en una petición que los demandantes en el caso no deberían poder interrogar al secretario de Salud Pública Vivek Murthy, a la directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura Jen Easterly, y a Rob Flaherty, un asistente adjunto del Presidente Joe Biden.
Entre los demandantes del caso se encuentran el fiscal general de Misuri, Eric Schmitt, y el fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, ambos republicanos.
Doughty había dado a los demandantes la posibilidad de interrogar a ocho funcionarios, con las alternativas de Easterly —Lauren Protentis, una funcionaria de menor nivel en la agencia de ciberseguridad —y Flaherty— el exasesor de la Casa Blanca en materia de COVID-19 Andrew Slavitt.
Los abogados del gobierno dijeron que Murthy, Easterly y Flaherty son todos funcionarios de alto rango del gobierno y que las declaraciones requerirían que los funcionarios desviaran el tiempo de sus trabajos e «inevitablemente los distrajeran» de «sus importantes y urgentes deberes —incluyendo, por ejemplo, la supervisión de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para promover la seguridad y la resistencia de la infraestructura electoral de la nación de las amenazas cibernéticas, físicas y de otro tipo— y por lo tanto causarían un daño irreparable».
Los demandantes afirmaron que ninguno de los funcionarios era de alto rango y señalaron que Doughty había considerado que las cargas para presentarse a declarar eran superadas por la necesidad de reunir más información sobre la campaña de censura antes de pronunciarse sobre una moción de requerimiento preliminar.
El panel del tribunal de apelación concluyó que los tres funcionarios son de alto rango, poniéndose del lado del gobierno.
Murthy y Easterly fueron nominados por Biden, señaló el panel. Flaherty, por su parte, está a solo dos niveles de Biden.
«Consideramos que estos funcionarios son al menos de tan alto rango como otros que hemos reconocido como tales», dijo el panel. Eso significa que los demandantes deben demostrar que existen «circunstancias excepcionales». Y uno de los factores para determinarlo es si la información solicitada puede obtenerse de otros testigos.
«No encontramos que la orden del tribunal de distrito considerara y luego rechazara para cada uno de los tres funcionarios si la información buscada podía obtenerse de fuentes alternativas. De hecho, la orden del tribunal de distrito dio a los demandantes la opción, pero no les exigió, de interrogar a funcionarios de menor rango en lugar de Easterly y Flaherty, sugiriendo así que había fuentes alternativas disponibles. Además, con respecto a Flaherty, parece que los demandantes no han tomado ninguna prueba escrita», dijo el panel.
«No es suficiente, como consideró el tribunal de distrito, que estos funcionarios puedan tener ‘conocimiento personal’ sobre ciertas comunicaciones. Ese conocimiento puede ser ampliamente compartido o tener solo una importancia marginal en comparación con la ‘carga potencial’ impuesta al declarante», añadió, citando una sentencia en otro caso.
Otra consideración
El panel también señaló que el gobierno ya ha producido «un amplio descubrimiento escrito», o respuestas escritas a las preguntas y documentos como los correos electrónicos. El gobierno afirma que el descubrimiento no revela ninguna violación de la Primera Enmienda, mientras que los demandantes dicen que sí. El gobierno también ha dicho que Doughty debería haber aplazado su decisión sobre las declaraciones hasta que decidiera sobre la moción de desestimación del gobierno. Esa moción fue retirada tras la presentación de una demanda enmendada. Todavía no se ha presentado una nueva moción, han señalado los demandantes.
«El tribunal de distrito debe evaluar la prudencia de fallar primero sobre la próxima moción de desestimación del Gobierno antes de autorizar deposiciones adicionales», dijo el panel del tribunal de apelaciones. «En caso de que el tribunal de distrito considere que la consideración de la moción del Gobierno no se justifica antes de estas deposiciones, debe explicar por qué».
El panel devolvió el asunto a Doughty para su consideración, al mismo tiempo que denegó la moción del gobierno para que se suspenda hasta que se resuelva la petición.
«No nos pronunciamos sobre la petición… en este momento», dijo el panel.
El panel estaba formado por los jueces de circuito Edith Brown Clement, nominado por George W. Bush; Leslie Southwick, nominado por George W. Bush; y Stephen Higginson, nominado por Obama.
Las declaraciones estaban previstas para principios de diciembre.
Las otras cinco declaraciones ya se han realizado o están programadas para realizarse.
El lunes, Doughty dijo que Jen Psaki, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, debe prestar declaración, y también rechazó un intento de proteger a Elvis Chan, un agente del FBI, para que no responda a las preguntas bajo juramento.
Los otros funcionarios son el Dr. Anthony Fauci, principal asesor médico de Biden; Carol Crawford, funcionaria de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.; y Daniel Kimmage, funcionario del Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado.
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