Varios miembros de las cinco ramas de las fuerzas armadas, junto a otros empleados federales y contratistas civiles federales, se han unido en una demanda colectiva contra el Departamento de Defensa por su orden de vacunación contra la COVID-19.
Los 24 demandantes «se enfrentan a un plazo bajo la orden federal de vacunación contra la COVID-19 que viola sus creencias religiosas sinceras, y se les ha negado cualquier exención o adaptación religiosa», según Liberty Counsel, la firma legal cristiana que presentó la demanda.
La demanda (pdf), presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, incluye como demandados al presidente Joe Biden, al secretario de Defensa Lloyd Austin y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
Los demandantes piden al tribunal que emita una orden de restricción temporal (pdf) para evitar que las órdenes de vacunación contra la COVID-19 entren en vigor, y que en última instancia emita una orden judicial para evitar que el Pentágono aplique las órdenes de vacunación contra la COVID-19 de la Administración Biden.
Biden emitió el 9 de septiembre una orden ejecutiva que exige a casi todos los empleados federales que se vacunen contra la COVID-19 como condición de empleo. El test regular no es una opción. Los empleados federales civiles y los contratistas tienen hasta el 22 de noviembre para vacunarse completamente.
Austin emitió un memorando el 24 de agosto diciendo que todos los miembros del servicio militar deben ponerse la vacuna contra la COVID-19. Posteriormente, todas las ramas de las fuerzas armadas anunciaron varios plazos para que sus tropas estuvieran completamente vacunadas, independientemente de si habían sobrevivido previamente a un ataque de COVID-19, y amenazando con suspensiones u otras acciones disciplinarias si los miembros de las fuerzas armadas no tienen una solicitud de exención pendiente o no cumplen.
La Marina de EE. UU. y la Infantería de Marina han fijado un plazo hasta el 28 de noviembre para sus miembros en servicio activo. Los miembros de la reserva tienen hasta el 28 de diciembre. Para el Ejército y la Fuerza Aérea de EE. UU., los plazos para los miembros del servicio activo son el 15 de diciembre y el 2 de noviembre, respectivamente, y los plazos para los miembros de la Guardia Nacional y la Reserva son el 30 de junio de 2022 y el 2 de diciembre de 2021, respectivamente. Los miembros del servicio de guardacostas de EE. UU. tienen hasta el 22 de noviembre para estar completamente vacunados.
«Los demandantes han demostrado su compromiso con la Constitución de los Estados Unidos y con la comodidad, seguridad y prosperidad futuras de la nación. Este tribunal debe exigir que la nación les devuelva el favor. Decirles a los demandantes que deben aceptar o recibir una vacuna a la que se oponen de acuerdo con sus creencias religiosas sinceras, o enfrentarse a un consejo de guerra, a una baja deshonrosa y a otras medidas disciplinarias que alteran la vida, deshonra los sacrificios que estos héroes han hecho», escribieron los abogados en el escrito, añadiendo que el alivio es «necesario ahora» para «prevenir el daño inmediato e irreparable» impuesto por las vacunas obligatorias.
Un portavoz del Pentágono dijo en una declaración enviada por correo electrónico: «No hacemos comentarios sobre litigios en curso».
«La Administración Biden no tiene autoridad para exigir las vacunas COVID para los militares o para los empleados federales o contratistas civiles. Tampoco puede la Administración Biden pretender que la Ley Federal de Restauración de la Libertad Religiosa y la Primera Enmienda no se apliquen a sus órdenes ilegales», dijo en una declaración el fundador y presidente de Liberty Counsel, Mat Staver. «El comandante en jefe debe poner fin a este vergonzoso trato y abuso de nuestros valientes héroes militares. Forzar las inyecciones de COVID sin el consentimiento o la consideración de sus sinceras creencias religiosas es ilegal».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para una solicitud de comentarios.
Las solicitudes de exención religiosa fueron denegadas, según la demanda
La demanda señala que a muchos de sus 24 demandantes se les ha denegado la solicitud de exención religiosa de tomar la vacuna contra la COVID-19, mientras que a otros demandantes «se les ha amenazado con una baja deshonrosa, un consejo de guerra, el despido u otras medidas disciplinarias que alteran la vida» por solicitar dichas exenciones.
«[A]lgunos de estos demandantes han sido informados por sus superiores de que no se les concederá ninguna exención o adaptación religiosa, por lo que no tiene sentido ni siquiera hacer una solicitud», dijeron los abogados en el documento.
La demanda dice que el vicealmirante William Galinis, que es el comandante del Comando de Sistemas Navales del Mar, emitió el 14 de octubre una advertencia a todo su comando compuesto por más de 85,000 personas entre personal civil y militar diciendo: «La orden ejecutiva que obliga la vacunación de todos los empleados federales ha proporcionado una dirección clara. Estamos avanzando rápidamente hacia una fuerza de trabajo en la que las vacunas son una condición de empleo. Francamente, si usted no está vacunado, no trabajará para la Marina de EE. UU.».
Una portavoz de la Marina declinó hacer comentarios esta semana cuando le preguntaron si se había aprobado alguna exención religiosa o médica.
Las tres vacunas contra la COVID-19 actualmente disponibles son la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson, y las vacunas de dos dosis de Moderna y Pfizer-BioNTech.
«Las creencias religiosas sinceras de los demandantes les impiden aceptar cualquiera de las tres vacunas contra la COVID-19 actualmente disponibles derivadas de, producidas o fabricadas por, probadas en, desarrolladas con, o conectadas de alguna manera con líneas celulares de fetos abortados», argumentaba la demanda, aportando posteriormente pruebas de que las líneas celulares de fetos abortados estaban implicadas en ciertas etapas del desarrollo de las tres vacunas.
«Las creencias religiosas de los demandantes les obligan a no aprobar, apoyar, justificar o beneficiarse (directa o indirectamente) de la eliminación de vidas humanas inocentes a través del aborto, y que hacerlo es pecar contra Dios», escribieron los abogados.
Los abogados piden al tribunal que declare que la orden federal de vacunación contra la COVID-19 que pesa sobre los demandantes es ilegal porque viola la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley Federal de Restauración de la Libertad Religiosa al «imponer una carga sustancial sobre las creencias religiosas sinceramente mantenidas por los demandantes».
Los productos de la EUA no pueden ser obligatorios, dicen abogados
Los abogados argumentaron en la demanda que no hay ninguna vacuna contra la COVID-19 disponible en EE. UU. que haya recibido la licencia y la aprobación completas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., y como tal, no puede ser obligatoria.
Austin, en su memorándum del 24 de agosto (pdf), declaró que en las vacunaciones obligatorias «solo se utilizarán las vacunas contra la COVID-19 que reciban la licencia completa de la [FDA] de acuerdo con el etiquetado y la orientación aprobados por la FDA», señalaron los abogados. Argumentaron que «los documentos militares adicionales revelan que el Departamento de Defensa no está siguiendo su propia directiva» y está utilizando vacunas bajo la autorización de uso de emergencia [EUA] «porque no hay ninguna vacuna aprobada por la FDA disponible».
La nota de Austin se produjo un día después de que la FDA emitiera la aprobación total de las futuras vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, que llevarán la etiqueta Comirnaty. Esta última vacuna aún no estaba disponible en Estados Unidos el 12 de octubre, según informó anteriormente The Epoch Times.
Los abogados argumentaron que las condiciones estatutarias explícitas para una EUA requieren que se dé a las personas «la opción de aceptar o rechazar la administración» de un determinado producto no aprobado que ha sido autorizado para uso de emergencia.
Según la demanda, «dado que todas las vacunas contra la COVID-19 disponibles en los Estados Unidos están sujetas a las restricciones y limitaciones del Estatuto de la EUA, todas las personas —incluidos los miembros del servicio militar, los empleados federales y los contratistas civiles federales— tienen el derecho explícito, en virtud del Estatuto de la EUA, de aceptar o rechazar la administración de los productos».
Los abogados pidieron al tribunal que invalidara la orden de vacunación porque viola las disposiciones de la EUA de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos «al imponer una inyección obligatoria de COVID-19 a los demandantes sin dar la ‘opción de aceptar o rechazar’ el producto de la EUA».
Zachary Stieber contribuyó a la elaboración de este artículo.
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