Análisis de noticias
Por estas fechas el año pasado, las autoridades chinas reconocieron que una forma «desconocida» de neumonía se estaba propagando en la ciudad de Wuhan.
Pero ya era demasiado tarde. Lo que ahora conocemos como COVID-19 ya se había extendido en toda la ciudad y posiblemente más allá.
En los meses siguientes, las autoridades cambiaron las medidas de prevención, encubrieron el número de infecciones, promulgaron las restricciones a los viajes con semanas de retraso, hicieron que los viajeros chinos sembraran brotes en todo el mundo e impidieron que los investigadores internacionales visitaran el país para averiguar el origen del virus que causa el COVID-19.
A continuación se produjo una pandemia mundial que se ha cobrado millones de vidas, ha paralizado las economías y ha perturbado los medios de vida de las personas.
A medida que el virus se propagaba por el mundo, el régimen de Beijing inició una agresiva campaña para difundir desinformación, afirmando que el virus no se originó en China. Esa ofensiva propagandística continúa hoy en día.
Al mismo tiempo, el régimen castigó a los ciudadanos que se atrevieron a publicar información que no se ajusta a su narrativa de cómo el control autoritario logró contener la enfermedad.
Pero los ciudadanos chinos cuentan en entrevistas con The Epoch Times una realidad diferente: las medidas punitivas severas les privaron de sus derechos básicos, mientras que las autoridades siguen suprimiendo la información sobre nuevos brotes epidémicos del virus en todo el país.
Mientras una nueva ola del virus golpea Beijing y partes del noreste de China, las autoridades sellan barrio tras barrio, donde los residentes son mantenidos una vez más en la oscuridad.
Cultura del encubrimiento
La respuesta inicial de China estuvo llena de errores.
Las autoridades sanitarias de Wuhan no confirmaron el brote hasta el 31 de diciembre de 2019, después que médicos compartieran información en redes sociales.
Documentos del gobierno filtrados a The Epoch Times revelan desde entonces que los casos de COVID-19 pueden haber surgido meses antes. Los datos del hospital de Wuhan muestran que los pacientes fueron hospitalizados con síntomas similares a los de COVID-19 ya en septiembre de 2019, mientras que varias personas murieron en octubre de 2019 de neumonía, infecciones pulmonares y otras condiciones similares a las de COVID-19.
En las primeras semanas de la epidemia, el régimen chino minimizó continuamente la crisis y negó que la enfermedad pudiera transmitirse entre los humanos. La Organización Mundial de la Salud repitió las afirmaciones de Beijing, y esperó hasta el 30 de enero para declarar el brote como una emergencia sanitaria mundial.
Las autoridades chinas no implementaron medidas de contención hasta el 23 de enero, con el cierre de Wuhan. Sin embargo, para entonces, 5 millones de personas ya habían abandonado Wuhan, en medio de una típica temporada alta de viajes nacionales e internacionales para el feriado del Año Nuevo Lunar.
Control estricto
Las autoridades chinas adoptaron pronto un procedimiento denominado «estilo manta de fuego» para contener la enfermedad a nivel nacional.
Una vez que una persona es diagnosticada con COVID-19, el gobierno local detecta los contactos cercanos recientes del paciente y los lugares que ha visitado recientemente, a través del omnipresente sistema de cámaras de vigilancia de China. Un documento interno del gobierno chino obtenido por The Epoch Times muestra que más de un millón de personas en todo el país fueron monitoreadas de cerca por su riesgo de contraer COVID-19 durante el mes de mayo.
Durante los cierres, los afectados no pueden salir de sus casas. Por lo general, las autoridades ordenan que solo una persona por hogar pueda salir cada dos o tres días y solo pueda pasar una o dos horas comprando artículos de primera necesidad.
Los pacientes sospechosos son aislados en centros de cuarentena designados por el gobierno, incluyendo algunos que, según se informa, han tenido condiciones insalubres y falta de atención médica.
En zonas con brotes graves, como Wuhan, Suifenhe, Beijing y Shanghai, las autoridades crearon hospitales improvisados con solo tabiques que separan a un paciente de otro. Algunos se quejaron de que los hospitales eran «como campos de la muerte».
Un año de brotes epidémicos
A pesar de las medidas de contención, siguen surgiendo nuevos brotes epidémicos en toda China.
Las autoridades suelen exigir pruebas masivas de ácido nucleico poco después de que surgen. Durante un brote en octubre en la ciudad oriental de Qingdao, las autoridades afirmaron que después de hacer las pruebas a los 11 millones de residentes, no encontraron ninguna nueva infección.
Los expertos internacionales y los residentes locales ven con escepticismo tales relatos brillantes. Un día después de que las autoridades hicieran el anuncio, algunos residentes dijeron a The Epoch Times que aún no habían recibido los resultados de sus pruebas.
Los gobiernos locales también continúan encubriendo la escala de los nuevos brotes. The Epoch Times obtuvo en varias ocasiones datos internos del gobierno que revelaron cifras mucho más altas de lo que habían informado públicamente, como en Beijing, y en las provincias de Shandong, Jilin y Heilongjiang.
Los gobiernos suelen compartir poca información con los ciudadanos. En un documento clasificado publicado en febrero, las autoridades chinas declararon explícitamente que los documentos relacionados con la epidemia debían tratarse como secreto de alto nivel.
«Durante el período de tiempo de la lucha contra el virus, todo tipo de documentos urgentes, avisos urgentes, eventos urgentes (…) información sensible compartida internamente, y cualquier información que los líderes [del gobierno] no hayan aprobado para que se revele al público» serían considerados secretos de estado, decía el documento.
Desinformación
El régimen chino cambió de táctica alrededor de marzo, cuando los países de todo el mundo estaban respondiendo a sus propios brotes.
El 12 de marzo, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, afirmó en Twitter que el virus del PCCh fue llevado a Wuhan por el Ejército de Estados Unidos. Su afirmación infundada, y otras acusaciones similares de diplomáticos chinos, provocaron una amplia condena por parte de los funcionarios occidentales.
El 29 de noviembre, el diario estatal chino Global Times publicó un artículo donde se sugiere que el virus se originó en el subcontinente indio. Recientemente, los medios de comunicación estatales chinos citaron erróneamente una investigación de científicos para afirmar que el virus se originó en Italia.
El régimen chino y sus medios de comunicación también promueven la teoría de que los brotes locales de COVID-19 provienen de las cadenas de suministro de alimentos congelados. Las autoridades afirman haber detectado cepas del virus en salmones, camarones, cerdos, carne vacuna y otros alimentos importados congelados de diversos países, como Noruega, Rusia, Indonesia, Brasil y Alemania.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la posibilidad de infección por contacto con alimentos y envases de alimentos es escasa. Los expertos en enfermedades también dicen que es improbable que el virus pueda propagarse a través de alimentos congelados.
Censura
Desde el principio, las autoridades de Wuhan silenciaron a los médicos denunciantes como Ai Fen y Li Wenliang, que fueron los primeros en señalar en las redes sociales que sus hospitales estaban admitiendo a pacientes con una nueva enfermedad similar a la neumonía, potencialmente contagiosa. Fueron convocados por la policía y reprendidos.
Li, que luego murió de la enfermedad, fue descrito como un mártir.
Fang Bin, Chen Qiushi y otros periodistas ciudadanos chinos que documentaron el brote de Wuhan, incluyendo visitas a hospitales locales y funerarias, desaparecieron. El paradero de Fang y Chen permanece desconocido.
El 28 de diciembre, Zhang Zhan fue condenada a cuatro años de prisión, convirtiéndose así en la primera periodista ciudadana conocida en ser condenada por proporcionar información de primera mano sobre la epidemia en China.
Varios ciudadanos también informaron que fueron detenidos por la policía local después de publicar información relacionada con el brote del virus en las redes sociales.
Los documentos internos obtenidos por The Epoch Times muestran que las autoridades de propaganda suprimieron en gran medida la información que no se ajustaba al relato oficial sobre la pandemia.
La población china se está cansando de la forma en que las autoridades locales están manejando la situación.
En marzo, los residentes bajo encierro en Wuhan interrumpieron a un grupo de funcionarios chinos que recorrían la zona, gritando quejas desde sus apartamentos, como, «¡Es falso, todo es falso!».
Recientemente, en la ciudad noreste de Dalian, se prohibió a los estudiantes universitarios salir del campus ya que la ciudad informó de nuevos casos de COVID-19. Ellos se quejaron de la repentina cuarentena que les impusieron.
«Creo que si el gobierno de Dalian continúa insistiendo en no permitir que los estudiantes salgan, los estudiantes podrían ponerse inquietos. Incluso podrían unirse para resistir», dijo un estudiante.
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