Una jueza de Texas ordenó el viernes a un grupo provida y a personas relacionadas al mismo a que no presenten demandas contra un trío de empresas afiliadas a Planned Parenthood.
La medida está relacionada con una nueva ley que prohíbe la mayoría de los abortos y que entró en vigor el 1 de septiembre.
Bajo la nueva ley, las personas pueden demandar a los médicos que practiquen abortos ilegales y a otros que supuestamente ayuden a realizar estos procedimientos ilegales.
Pero al grupo provida Texas Right to life, que ya tenía prohibido por ahora presentar demandas contra dos abogados y una fundación de abortos, le fue ordenado por la jueza de la Corte de Distrito del Condado de Travis, Maya Guerra Gamble, de no demandar a Planned Parenthood South Texas Surgical Surgical Health Center, Planned Parenthood of Greater Texas Surgical Health Services, Planned Parenthood Center for Choice y a Bhavik Kumar, quien realiza los abortos en los centros.
Gamble, una demócrata que comenzó su mandato en 2019, dijo que la nueva ley 8 del Senado de Texas, «crea un daño probable, irreparable e inminente en la transición para el cual los Demandantes y sus médicos, personal y pacientes en todo Texas no tienen un remedio adecuado en la ley» si son demandados por los ciudadanos privados en virtud de esta normativa.
Aquellos restringidos por el fallo, que está en vigor hasta el 17 de septiembre, son Texas Right to Life, su director legislativo John Seago, y Jane/John Doe 1-100, descritos en la demanda de Planned Parenthood como «individuos o entidades que expresaron a otros demandados, ya sea con palabras o acciones, su intención de hacer cumplir la S.B. 8 contra los querellantes».
«Esta orden de restricción ofrece protección a los valientes proveedores de atención médica y al personal de los centros de salud de Planned Parenthood en todo Texas, que han continuado ofreciendo atención de la mejor manera posible dentro de la ley mientras se enfrentan a la vigilancia, el acoso y a las amenazas de los vigilantes deseosos de detenerlos», dijo Helene Krasnoff, vicepresidenta de litigios de política pública y leyes de Planned Parenthood Federation of America, en una declaración.
Texas Right to Life, un grupo provida que abogó por la nueva ley, dijo en un comunicado que la orden no la bloquea porque los ciudadanos no nombrados como acusados pueden seguir demandando a los proveedores de abortos u otros que violen la ley.
«Esta demanda no detendrá el trabajo de Texas Right to Life. Se calcula que se salvan aproximadamente 150 bebés al día con la Ley de latidos de Texas gracias al liderazgo de Texas Right to Life. Planned Parenthood puede seguir demandándonos, pero Texas Right to Life nunca se echará atrás en la protección de las mujeres embarazadas y los niños no nacidos, en contra del aborto», dijo Elizabeth Graham, vicepresidenta del grupo.
La Corte celebrará una audiencia sobre el asunto el 13 de septiembre.
A fines del mes pasado, otro juez dictó una sentencia similar contra Texas Right to Life, impidiéndole demandar a las abogadas Michelle Simpson Tuegel y Allison Van Stean y a The Bridge Collective, un grupo que ayuda a las mujeres a abortar.
Pero la ley entró en vigor el 1 de septiembre, después de que una Corte de distrito, una Corte de Apelaciones y la Corte Suprema declinaran su intervención.
En una ajustada sentencia de 5 a 4, los jueces de la Corte Suprema permitieron posteriormente que la ley se mantenga, por ahora. La mayoría dijo que no estaban seguros de poder bloquear la ley debido a sus mecanismos. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se unió al bloque liberal del tribunal.
La ley no permite que los funcionarios estatales impongan su cumplimiento. En su lugar, los ciudadanos privados pueden presentar demandas y se les concede dinero si las demandas tienen éxito.
«Los demandantes que ahora tenemos ante nosotros plantearon serias dudas sobre la constitucionalidad de la ley de Texas en cuestión», dijo la mayoría de la Corte. «Pero su aplicación también presenta preguntas nuevas y complejas de los antecedentes procesales sobre los cuales ellos no han llevado a cabo» lo necesario para obtener una orden judicial cautelar.
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