El senador Ted Cruz (R-Texas) anunció su intención de presentar un nuevo proyecto de ley que impondría sanciones estadounidenses a los funcionarios chinos responsables de silenciar a los expertos médicos, periodistas, disidentes políticos y ciudadanos chinos que hablaron sobre el virus del PCCh.
«Cuando el Congreso regrese, la presentación de esta legislación es solo uno de los pasos necesarios que tomaré para responsabilizar a los funcionarios chinos involucrados en el encubrimiento del brote de coronavirus», dijo Cruz, según un comunicado de prensa del 14 de abril de su oficina.
Cruz añadió: «El Partido Comunista Chino silenció deliberadamente a quienes trataron de dar alarma y proporcionar al mundo información médica(…)Si el gobierno chino hubiera actuado responsablemente, el brote de coronavirus podría no haberse convertido en una pandemia mundial».
El proyecto de ley, denominado Ley para Poner Fin a la Censura y al Encubrimiento Médico en China 2020, exigiría al presidente de Estados Unidos que presente una lista de personas que realizaban actividades de censura en China a los comités pertinentes del Congreso en un plazo de 90 días a partir de la promulgación del proyecto de ley.
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El presidente tendría que actualizar la lista al menos una vez al año, según el proyecto de ley.
Las actividades de censura que se penalizarán incluyen actos que «prohíben, limitan o reprimen el ejercicio de la libertad de expresión o de reunión» de los ciudadanos chinos en las redes sociales.
También se podría sancionar a funcionarios chinos que castiguen a los ciudadanos por «la difusión pública de información epidemiológica exacta».
Las sanciones incluirían la prohibición de transacciones inmobiliarias en Estados Unidos, la denegación de visas y la revocación de visas existentes.
«La censura y la supresión de China no solo son ahora una amenaza a los derechos humanos en China y en todo el mundo, sino que son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos y a nuestra economía», dijo Cruz.
El encubrimiento inicial de Beijing del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), comúnmente conocido como el nuevo coronavirus, ha sido bien documentado. Silenció a ocho médicos, entre ellos el oftalmólogo Li Wenliang y Ai Fen, jefe del departamento de emergencias del hospital central de Wuhan. Fueron silenciados después de publicar en las redes sociales chinas sobre una nueva forma de neumonía a finales de diciembre.
A principios de enero, Li fue citado a una comisaría de policía local por «fomentar rumores». Murió un mes más tarde tras contraer el virus de un paciente infectado.
Hasta el día de hoy, muchos internautas chinos han seguido visitando la cuenta personal de Weibo de Li, dejando comentarios en su último mensaje en redes sociales publicado el 1 de febrero, cuando escribió que había dado positivo por el virus.
El 15 de abril, un ciudadano de Shanghai escribió: «Han pasado dos meses. Ustedes [los médicos denunciantes] han sido sacrificados. Nadie ha dado un paso adelante para asumir la responsabilidad, para pedir cuentas o para hacer una revisión».
La investigación del caso de Li, que dio lugar al castigo de dos policías empleados en la comisaría que citó a Li, no ha logrado aplacar la ira pública, ya que muchos ciudadanos chinos creen que los dos funcionarios son meros chivos expiatorios.
El 13 de abril, Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitió un comunicado en el que expresaba su preocupación por la desaparición de tres ciudadanos periodistas—Chen Quishi, Fang Bin y Li Zehua. También dijeron que Ai ha estado ilocalizable durante las últimas dos semanas.
Según RSF, la familia de Ai temía que hubiera sido arrestada a raíz de sus críticas a la censura en China durante una entrevista con una revista local.
La cuenta de Weibo de Ai ha vuelto a publicar mensajes recientemente, pero RSF está preocupada de que la policía china la haya obligado a publicarlos.
«Instamos a los funcionarios chinos a que hagan gala de la máxima transparencia sobre su situación y, si ha sido detenida, a que la liberen inmediatamente, así como a todos los demás periodistas y fuentes de información detenidos en China», ha declarado Cédric Alviani, jefe de la oficina de RSF para Asia Oriental.
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