Legisladores de EE. UU. buscan justicia por la sustracción forzada de órganos en China

Por Emel Akan
06 de Abril de 2021
Actualizado: 09 de Abril de 2021

WASHINGTON—Un grupo de legisladores bipartidistas presentó el mes pasado el primer proyecto de ley para combatir el tráfico mundial de órganos. Los expertos dicen que, de ser aprobada, la medida pondría fin al silencio de EE. UU. sobre el lucrativo comercio de la sustracción de órganos perpetuada por el régimen comunista chino.

A principios de marzo, los legisladores estadounidenses volvieron a presentar un proyecto de ley en el Senado y en la Cámara de Representantes para poner fin a la práctica de la sustracción forzada de órganos de presos de conciencia llevada a cabo por el estado chino. En la anterior sesión del Congreso en diciembre del año pasado, se presentó una legislación similar.

Estados Unidos y la comunidad internacional han guardado silencio sobre el tema de la sustracción forzada de órganos a pesar de la evidencia de esta práctica durante demasiado tiempo, dijo Kristina Olney, directora de relaciones gubernamentales de Victims of Communism Memorial Foundation, a The Epoch Times.

Olney destacó que la primera audiencia del Congreso sobre el tema se realizó en 1996 y dijo que Estados Unidos y otras naciones que respetan los derechos humanos deben enfrentarse a las evidencias y responsabilizar al Partido Comunista Chino (PCCh) “por su complicidad”.

Diversas audiencias y resoluciones se llevaron a cabo en el Congreso para condenar la sustracción forzada de órganos. Sin embargo, hasta ahora, no se ha promulgado ninguna ley exhaustiva que exija al gobierno de EE. UU. a tomar medidas al respecto.

Por consiguiente, la nueva legislación, la Ley para Poner Fin a la Sustracción Forzada de Órganos, es un paso importante en esa dirección, según los defensores de derechos humanos.

“El proyecto de ley llega en un momento increíblemente importante, ya que las acciones genocidas de Beijing en Xinjiang dejan muy en claro hasta dónde está dispuesto a llegar el PCCh para controlar a los musulmanes uigures y a otras minorías religiosas y étnicas de China”, dijo Olney.

Si se promulga, el proyecto de ley autorizaría al gobierno de EE. UU. a identificar, exponer, y sancionar a los individuos y funcionarios gubernamentales responsables del tráfico de personas o de la sustracción de órganos en todo el mundo. Estados Unidos podría denegar o revocar los pasaportes a las personas que participen en la compra ilegal de órganos.

El proyecto de ley también exige un informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. sobre el tráfico de órganos humanos en países extranjeros. El informe introduciría un sistema de clasificación por niveles para determinar los países con los niveles más bajos (nivel 1), intermedios (nivel 2) y los más altos (nivel 3) de sustracción y tráfico de órganos. Este sistema de información expondría a los gobiernos que están directa o indirectamente implicados en este crimen.

“La sustracción de órganos es un acto atrozmente salvaje e inhumano que no tiene cabida en nuestro mundo”, dijo el representante Chris Smith (R-N.J.), principal promotor del proyecto de ley de la Cámara de Representantes (H.R.1592), el 10 de marzo en un comunicado.

Smith, quien lleva más de 20 años luchando contra la sustracción forzada de órganos, afirmó que Estados Unidos “debe hacer más para poner fin a los horribles abusos por parte de las pandillas internacionales de traficantes de personas, las organizaciones terroristas, e incluso de algunos gobiernos—particularmente el régimen comunista de China— quienes matan a personas inocentes y venden sus órganos por dinero”.

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes fue copatrocinado por los congresistas Thomas Suozzi (D-N.Y.), Vicky Hartzler (R-Mo.), y Brian Babin (R-Texas), mientras que el proyecto de ley del Senado (S.602) fue reintroducido por los senadores Tom Cotton (R-Ark.) y Chris Coons (D-Del.).

El senador Chris Coons (D-Del.) durante una audiencia en el Capitolio en Washington el 22 de febrero de 2021. (DEMETRIUS FREEMAN/The Washington Post/AFP a través de Getty Images)

El Tribunal de China

Las acusaciones sobre la sustracción forzada de órganos para trasplantes en China salieron a la luz por primera vez en 2006. El exsecretario de Estado canadiense (Asia-Pacífico) David Kilgour y el abogado de derechos humanos David Matas realizaron investigaciones independientes y posteriormente publicaron informes tras descubrir más de 18 tipos diferentes de evidencia que apoyaban las acusaciones. Los practicantes de Falun Gong, una disciplina espiritual también conocida como Falun Dafa, fueron las principales víctimas del lucrativo comercio de trasplantes de órganos en China, concluyeron los abogados.

El periodista de investigación Ethan Gutmann también realizó una investigación independiente y publicó sus hallazgos en el libro “The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem. (“El Matadero: Asesinatos en masa, sustracción de órganos, y la solución secreta de China a su problema de disidencia”).

“Ha habido una reticencia en la comunidad internacional, e incluso en la comunidad de derechos humanos, para hablar sobre este tema, y eso se debe precisamente a la propaganda que ha hecho el Partido Comunista Chino sobre esta cuestión”, dijo Olney, quien añadió que un acontecimiento reciente ha cambiado la situación.

Si bien las pruebas de la sustracción forzada de órganos en China ya estaban presentes en informes de gran credibilidad, como los publicados por la Victims of Communism Memorial Foundation, fue el fallo de un tribunal independiente, publicado en 2020, lo que realmente cambió las reglas del juego, según Olney.

Tras su investigación, el Tribunal de China, un tribunal popular independiente con sede en Londres, concluyó que la sustracción forzada de órganos había tenido lugar en China durante años “en una escala significativa”, siendo los practicantes de Falun Gong la “principal fuente” de órganos humanos.

El tribunal fue presidido por Sir Geoffrey Nice QC, quien anteriormente dirigió el enjuiciamiento del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic por crímenes de guerra.

Evaluación independiente

La decisión del Tribunal de China ha marcado “una diferencia sustancial” en la lucha contra el comercio de sustracción forzada de órganos del PCCh, según Susie Hughes, directora ejecutiva de la Coalición Internacional para Poner Fin al Abuso de Trasplantes en China (ETAC).

“La Ley para Poner Fin a la Sustracción Forzada de Órganos es una de las respuestas internacionales más significativas al fallo del Tribunal de China hasta la fecha”, dijo Hughes en un comunicado el 10 de marzo.

El proyecto de ley es también uno de los más completos jamás presentados, señaló Hughes, ya que pretende combatir tanto el tráfico mundial de órganos como el comercio de sustracción forzada de órganos realizada por el Estado en China.

El proyecto de ley establece un mecanismo de informes en el que el Departamento de Estado sería responsable de evaluar si un país es designado como de nivel uno, nivel 2, o nivel 3. Por lo tanto, el gobierno estadounidense no se basaría en las opiniones de otras partes, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esta es una característica importante del proyecto de ley, dijo Hughes a The Epoch Times.

Los investigadores han criticado a los organismos médicos internacionales, incluida la OMS y la Sociedad de Trasplantes, por repetir como loros los puntos de conversación del PCCh que niegan la evidencia de la sustracción masiva de órganos.

En un debate de la Cámara de los Lores del Reino Unido sobre la sustracción forzada de órganos en China, por ejemplo, se planteó la confianza del país en las opiniones de la OMS. Durante el debate, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCO) informó a la Cámara de los Lores que la OMS, que había informado previamente que el sistema de trasplantes de China es ético, respondió que “las pruebas que utiliza se basan en la autoevaluación realizada por el país que es signatario, y en este caso es China”.

La Ley para Poner Fin a la Sustracción Forzada de Órganos elimina este problema al garantizar que el gobierno de EE. UU. evalúa de forma independiente el nivel de tráfico de órganos en los países de interés. Según el proyecto de ley, un país sería calificado en el nivel 3 si llevara a cabo un alto nivel de sustracción forzada o de tráfico de órganos con el apoyo directo o indirecto de su gobierno.

Matas, quien ha estado investigando la práctica de sustracción forzada de órganos en China durante más de una década, declaró a The Epoch Times que el proyecto de ley de EE. UU. es único e importante porque establece un mecanismo de presentación de informes.

Si bien el proyecto de ley no restringiría el turismo de trasplante de órganos, dijo, exigiría un informe anual sobre la colaboración entre las instituciones estadounidenses y entidades extranjeras implicadas en la sustracción forzada de órganos. Esto permitiría al gobierno de EE. UU. determinar si los cirujanos de trasplantes de órganos en un país de nivel 3 fueron capacitados por hospitales o universidades de EE.UU. El proyecto de ley también prohibiría la exportación de dispositivos de cirugía de trasplante a entidades involucradas en la sustracción forzada de órganos.

El proyecto de ley podría inspirar a más gobiernos a tomar acciones similares, dijo Matas.

Más evidencias de sustracción forzada de órganos siguen surgiendo, incluso después del fallo final del Tribunal de China, lo cual hace más urgente la aprobación de una medida para responsabilizar al régimen chino. Los informes de investigación muestran que el número de órganos sustraídos a presos de conciencia sigue aumentando y que los órganos están disponibles bajo demanda, con tiempos de espera muy cortos.

La ETAC advirtió que el actual encarcelamiento masivo de uigures en la región noroccidental china de Xinjiang podría proporcionar un nuevo grupo de víctimas. Se calcula que hasta 1.5 millones de uigures y otras minorías musulmanas están detenidos en campos de detención en Xinjiang.

Según los expertos en derechos humanos, China es el único país que se sabe que lleva a cabo la sustracción de órganos por parte del Estado, un crimen orquestado a gran escala que involucra a las instituciones sanitarias, al sistema judicial, al sistema penitenciario, a los campos de detención, al ejército y a los hospitales militares del país.

“Este proyecto de ley identificará y castigará a los miembros del PCCh implicados en la sustracción forzada de órganos”, dijo el senador Cotton en un comunicado. “Ya es hora de responsabilizar a Beijing por estos actos atroces”.

Coons, copresidente del Comité de Derechos Humanos del Senado, calificó a la sustracción forzada de órganos como “inhumana, inmoral y cruel” e instó al gobierno de EE. UU. a hacer todo lo posible para “luchar contra esta práctica despreciable”.

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