La tasa a la que los inmigrantes ilegales dan positivo por COVID-19 ha «aumentado significativamente» en las últimas semanas, dijo esta semana un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.
La cantidad de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que dieron positivo en las pruebas también ha aumentado, a pesar de que cada vez son más los que se vacunan contra el virus que causa el COVID-19.
“Las tasas a las que los no ciudadanos encontrados dan positivo por COVID-19 han aumentado significativamente en las últimas semanas. Y aunque la tasa de infección entre los oficiales del CBP había estado disminuyendo, esta tasa comenzó recientemente a aumentar nuevamente, a pesar de que el porcentaje de oficiales y agentes que han sido completamente vacunados ha aumentado significativamente desde enero. Esto ha llevado a que un número cada vez mayor de empleados de la CBP sean puestos en cuarentena y hospitalizados”, dijo David Shahoulian, secretario adjunto de política fronteriza e inmigratoria, en una presentación judicial.
Shahoulian incluyó información sobre cuando advirtió a un juez federal de las «consecuencias adversas» si el juez decide bloquear la aplicación del Título 42, una orden instaurada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que permite a los agentes fronterizos expulsar de inmediato a los extranjeros ilegales que cruzan a Estados Unidos debido a la actual pandemia de COVID-19.
Los funcionarios federales han estado liberando a inmigrantes que han dado positivo por COVID-19 en Texas y otros estados fronterizos, avivando la preocupación de que los inmigrantes ilegales estén propagando el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), que causa el COVID-19.
La ciudad de McAllen dijo el miércoles que, desde febrero la CBP ha liberado en la ciudad a más de 7000 extranjeros que han dado positivo por COVID-19, incluidos 1500 la semana anterior. Eso los llevó a establecer un refugio de emergencia.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo a los senadores durante una audiencia reciente en el Congreso que los funcionarios federales no siempre notifican a las jurisdicciones locales antes de liberar a los inmigrantes ilegales.
El número de cruces fronterizos ilegales sigue aumentando durante la Administración Biden, llegando a más de 200,000 en julio. Ese aumento ha supuesto una carga para las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y ha llenado las instalaciones del DHS mucho más allá de su capacidad, según la presentación reciente.
Hasta el 1 de agosto, la Patrulla Fronteriza estaba al 389 por ciento de su capacidad ajustada por COVID-19 a lo largo de la frontera suroeste.
Las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en esa fecha tenían a 17,778 inmigrantes ilegales, incluidos 2223 niños inmigrantes sin sus padres, conocidos como menores no acompañados.
La capacidad ajustada es de 4706.
Las instalaciones en siete de los nueve sectores en la frontera suroeste están sobrecargadas, incluyendo la retención de 10,002 inmigrantes ilegales en el sector de Valle del Río Grande, el epicentro del aumento actual.
Esto supuso un 783% por encima de la capacidad ajustada por COVID-19 y un 287% por encima de su capacidad normal.
«Estas cifras de capacidad son extremadamente preocupantes, especialmente por la continua propagación de la variante delta, altamente transmisible», dijo Shahoulian.
Las autoridades estadounidenses han dicho recientemente que esta variante es más transmisible y las primeras investigaciones indican que puede atravesar la protección de la vacuna más fácilmente que otras variantes.
Si se bloquea el Título 42, los funcionarios del DHS no podrían retener y procesar con seguridad a todos los inmigrantes ilegales que entran en Estados Unidos, según Shahoulian.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades emitieron la orden original del Título 42 en octubre de 2020. Una nueva versión emitida en agosto se produjo después de que los funcionarios evaluaran «los riesgos particulares de la transmisión del COVID-19» en las instalaciones del DHS, incluyendo «el aumento significativo de los encuentros de la CBP que ha provocado que las instalaciones del DHS superen la capacidad limitada por el COVID y superen de forma rutinaria incluso la capacidad sin el COVID» y la aparición de la variante Delta, dijeron los funcionarios del gobierno en otra presentación en el mismo caso esta semana.
La orden de agosto se prorrogó esta semana indefinidamente.
Shahoulian y otros funcionarios están intentando convencer al juez de distrito Emmet Sullivan de que no bloquee temporal o permanentemente el uso del Título 42.
Tres familias que fueron expulsadas en virtud de la orden demandaron al gobierno el año pasado, argumentando que se les impidió ilegalmente hacer valer las solicitudes de protección humanitaria como el asilo.
Las partes dijeron en dos presentaciones conjuntas esta semana que estuvieron negociando durante unos seis meses, pero que las conversaciones se suspendieron.
Sullivan propuso una mediación, pero eso no sería beneficioso, dijeron las partes en una presentación conjunta el miércoles. En su lugar, dijeron que el caso debería seguir adelante.
Se espera que los demandantes, que están representados por grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles, respondan a la solicitud del gobierno a finales de esta semana.
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