El senador Bill Cassidy (R-La.), el miembro de mayor rango del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP), y 16 de sus colegas republicanos del Senado están apoyando una resolución en virtud de la Ley de Revisión del Congreso (CRA) para desaprobar la propuesta del presidente Joe Biden de reembolso de ingresos (IDR) como un plan de rescate de préstamos universitarios.
«Una vez más, el nuevo plan de préstamos estudiantiles de Biden solo desplaza la carga de los que decidieron pedir préstamos a los que decidieron no ir a la universidad, pagaron su parte, o ya pagaron responsablemente sus préstamos», dijo el Sr. Cassidy en una declaración. «Nuestra resolución protege al 87 por ciento de los estadounidenses que no tienen deudas estudiantiles y se verán obligados a soportar la carga de la política irresponsable e injusta del Presidente».
La CRA de Cassidy (pdf) refleja una medida idéntica presentada en la Cámara de Representantes por la representante Lisa McClain (R-Mich.). Junto con el Sr. Cassidy, copatrocinan la CRA del Senado el miembro Whip de la minoría del Senado, John Thune, de Dakota del Sur, así como los senadores John Cornyn de Texas, John Barrasso y Cynthia Lummis de Wyoming, Mike Braun de Indiana, Mike Crapo y James Risch de Idaho, Steve Daines de Montana, Joni Ernst y Chuck Grassley de Iowa, Cindy Hyde-Smith de Mississippi, Ron Johnson de Wisconsin, James Lankford de Oklahoma, Roger Marshall de Kansas, Tim Scott de Carolina del Sur y Thom Tillis de Carolina del Norte.
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El secretario de Educación, Miguel Cardona, desveló el segundo intento del presidente Biden —denominado Saving a Valuable Education (SAVE) Act— de condonar unos USD 559,000 millones en préstamos subvencionados por el gobierno a millones de actuales y exestudiantes universitarios y de posgrado.
Derrota previa en la Corte Suprema
Después de presentar la propuesta SAVE, el 30 de junio, la Corte Suprema decidió por 6-3 votos que la primera propuesta de condonación de préstamos universitarios de Biden era un ejercicio unilateral inconstitucional de la autoridad presidencial. Esa propuesta habría condonado más de USD 400,000 millones en préstamos impagados, según el Servicio de Investigación del Congreso, pero un análisis de la Wharton School señaló que el coste podría superar el billón de dólares.
El Sr. Cassidy y otros republicanos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes habían presentado resoluciones similares antes de la decisión de la Corte Suprema y dirigidas contra la primera propuesta de Biden. Las mayorías simples tanto en el Senado como en la Cámara deben votar a favor de la resolución CRA para detener una propuesta de normativa del poder ejecutivo como la Ley SAVE.
Al anunciar la segunda propuesta de Biden, el Sr. Cardona dijo que «a partir de hoy, millones de prestatarios pueden reducir sus facturas mensuales de préstamos estudiantiles inscribiéndose en el plan SAVE, el plan de reembolso más asequible de la historia. El plan SAVE es otro gran paso adelante en los incansables esfuerzos del Presidente Biden para arreglar el maltrecho sistema de préstamos estudiantiles, reducir la carga de la deuda estudiantil sobre las familias trabajadoras y poner a los prestatarios en primer lugar».
El Sr. Cardona añadió que el enfoque SAVE «no se trata solo de ayudar a los prestatarios de hoy, se trata de crear un camino más asequible para millones de estudiantes aspirantes que sueñan con obtener títulos universitarios y alcanzar el sueño americano. Eso es exactamente por lo que la Administración Biden-Harris ha luchado desde el primer día».
Pero los congresistas republicanos consideran que la propuesta de Biden es «increíblemente injusta» para las personas que no fueron a la universidad o para las que sí fueron, pero ahorraron lo suficiente para no tener que pedir préstamos, así como para las que ya los han devuelto, según el Sr. Thune.
La resolución CRA «detendría este esquema de deuda indefendible en sus pistas y protegería a los estadounidenses de una carga financiera injusta», dijo el Sr. Cornyn.
Entre las disposiciones objetables de la propuesta de Biden, según los republicanos del Senado, están las que reducen los pagos de los préstamos universitarios del 10% de los ingresos discrecionales al 5%, y las que aumentan los gastos asumidos al 225% del umbral federal de pobreza, frente al 150%, con lo que es casi seguro que el individuo no tendría ingresos discrecionales y, por tanto, no tendría que hacer ningún pago.
Entre las consecuencias de permitir que la propuesta de Biden se convierta en ley, según los republicanos, está hacer que el 91% de toda la deuda de préstamos estudiantiles sea transferible a los contribuyentes, y a largo plazo solo se devuelva la mitad de cada dólar prestado.
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