La política de «atrapar y liberar» del presidente Joe Biden para los inmigrantes ilegales que cruzan la frontera sur de Estados Unidos viola su deber constitucional, dijo el jueves el gobernador de Texas, Greg Abbott, después de que un tribunal federal anulara el programa.
“Ayer, otro tribunal federal anunció lo que los tejanos, y los estadounidenses, han sabido todo el tiempo: Las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden son, en palabras del juez Wetherell, ‘ similares a colocar un cartel intermitente de ‘Adelante, Estamos Abiertos’ en la frontera sur'», dijo Abbott, republicano, en un comunicado.
El programa del gobierno federal de liberar a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, en lugar de retenerlos hasta que se resuelvan sus casos, viola la ley federal, dictaminó el juez federal de distrito T. Kent Wetherell, designado por Trump, el 8 de marzo.
“La evidencia establece que los Demandados han convertido efectivamente la Frontera Suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo para los extranjeros que inundan el país”, dijo Wetherell en el fallo.
En respuesta al fallo, Abbott criticó el programa Alternativas a la Detención de Biden, que ha liberado a más de 1 millón de inmigrantes ilegales en el interior de Estados Unidos.
«El programa de captura y liberación del presidente Biden, que viola su deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales de inmigración, ha catalizado una crisis sin precedentes de inmigración ilegal en nuestra frontera sur y en toda nuestra nación», dijo Abbott.
“Negligencia en el cumplimiento del deber”
En un comunicado, la oficina del gobernador pidió a Biden que haga cumplir las leyes de inmigración existentes y procese “agresivamente” los cruces fronterizos ilegales entre los puertos de entrada. La oficina de Abbott también señaló que el propio Congreso ha ordenado que ciertos inmigrantes ilegales “deben” ser detenidos.
En el nuevo fallo, Wetherell dijo que la expresión «serán detenidos» de la Ley de Inmigración y Nacionalidad obliga a que los inmigrantes que lleguen a la frontera sin los documentos adecuados sean expulsados rápidamente sin audiencia ni revisión.
Según el precedente de la Corte Suprema, los funcionarios de inmigración tienen “amplia discrecionalidad” para aplicar las leyes de inmigración, pero deben adherirse a las leyes establecidas por el Congreso.
La oficina de Abbott criticó lo que llamó la “anarquía” de la administración Biden y el “descuido del deber” del presidente para abordar lo que llamó “niveles récord de inmigración ilegal”.
“Solo en 2023, este aumento de la inmigración ilegal cargará a los contribuyentes de Texas con una carga financiera estimada de USD 13,300 millones”, señaló Abbott.
El costo incurrido por cada inmigrante ilegal a cargo de los contribuyentes de Texas supera los USD 4400, señaló el comunicado.
A nivel nacional, los costos asociados directamente con los inmigrantes ilegales ascienden a cientos de millones cada día y se espera que cuesten a los contribuyentes estadounidenses USD 150,700 millones en el año fiscal 2023, según un informe reciente de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense.
«En total, el costo bruto de la inmigración ilegal ahora asciende a USD 183,000 millones, un aumento de más del 35.7 por ciento desde 2017. El costo incurrido por extranjero ilegal (incluidos sus hijos nacidos en Estados Unidos) también ha aumentado, y ahora asciende a USD 8776 anuales», señala el informe.
El informe señaló que los costos asociados con los inmigrantes ilegales incluyen atención médica, matrícula, costos de encarcelamiento y asistencia social federal. Según el informe, solo una fracción de los costos se recupera de los impuestos que pagan los inmigrantes ilegales, aproximadamente USD 31,000 millones.
Sentencia
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, republicana, demandó al gobierno en 2021 por su política de captura y liberación, argumentando que violaba la ley federal.
Los funcionarios de la administración Biden argumentaron que tenían la discreción otorgada por el precedente de la Corte Suprema que otorga a los funcionarios de inmigración “amplia discrecionalidad” para llevar a cabo las leyes de inmigración.
Pero Wetherell señaló que el gobierno federal sigue estando obligado a cumplir las leyes establecidas por el Congreso, en concreto la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Tomando nota de la redacción «serán detenidos», el juez dijo que la posición del gobierno «haría que la detención obligatoria bajo» la ley «no tenga sentido».
Se descubrió que Florida, que ha estado lidiando con la crisis de inmigración ilegal, tiene derecho a demandar a la administración Biden porque el hecho de que el gobierno federal no detenga a los inmigrantes como lo exige la ley perjudica al estado porque “no pueden hacer nada para mantener a esos extranjeros fuera del país”.
Los estados también se ven perjudicados porque tienen que gastar dinero para lidiar con los inmigrantes ilegales, dijo el fallo.
Wetherell anuló la política en virtud de la ley de procedimiento y se la devolvió al gobierno para que siguiera trabajando de acuerdo con su orden.
Moody dijo en un comunicado que el fallo afirma que Biden ha sido “responsable de la crisis fronteriza y sus políticas de inmigración ilegal hacen que este país sea menos seguro”.
The Epoch Times contactó al Departamento de Seguridad Nacional en busca de comentarios.
Zachary Stieber contribuyó a este artículo.
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