Los abogados del expresidente Donald Trump apelaron el caso de fraude civil en su contra el 4 y 5 de octubre, presentando un documento de 1154 páginas en un intento por detener el juicio que actualmente está en curso.
«La decisión de la Corte Suprema [de Nueva York] del 26 de septiembre y el 5 de octubre de 2023 impone una reparación no autorizada, no solicitada y demasiado amplia sin un fundamento fáctico o legal adecuado, lo que resultará en un daño significativo e irreparable», establece el motivo para solicitar una suspensión, o receso, sobre el caso.
El presidente Trump ya había intentado previamente retrasar el juicio, y el recurso había sido denegado pocos días antes de que comenzara el juicio.
La decisión del 26 de septiembre del juez del Tribunal Supremo de Nueva York Arthur Engoron no sólo declaró al presidente Trump responsable de fraude, sino que ordenó la disolución de la Organización Trump y las LLC relacionadas, lo que significa que el 45° presidente perderá todo su imperio inmobiliario en cuestión de días a menos que se conceda la apelación. Además, argumentan los abogados, cientos de empleados se verán afectados.
«El Tribunal Supremo claramente no comprende el alcance del caos que ha provocado su decisión», se lee en el documento, describiendo la sentencia sumaria como un «error judicial».
Caso y sanciones
Los certificados comerciales del presidente Trump ya han sido cancelados, y la orden del juez del 5 de octubre le exige que notifique al tribunal antes de solicitar uno nuevo, incluso fuera de Nueva York. Sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, enfrentan sanciones similares.
Los edificios que podrían perder incluyen a la Torre Trump, 40 Wall Street, la propiedad de la familia Seven Springs en el norte del estado y residencias privadas pertenecientes a Eric Trump y Donald Trump Jr.
El caso comenzó cuando el exabogado del presidente Trump, Michael Cohen, afirmó que su jefe infló su patrimonio neto. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien declaró que demandaría al expresidente por fraude cuando hacía campaña para su cargo, presentó una demanda civil en septiembre de 2022 acusándolo de defraudar al estado al inflar artificialmente su patrimonio neto para obtener beneficios más favorables de aseguradoras y bancos.
La demanda incluía siete reclamaciones, una de las cuales fue resuelta por el juez Engoron una semana antes del juicio, declarando al presidente Trump responsable de fraude.
El juicio comenzó el 2 de octubre, durante el cual el presidente Trump hizo una aparición sorpresa y habló largo y tendido con la prensa. Volvió a asistir el segundo día y se quedó parte del tercero. El juicio versará sobre la cuantía de las multas que debe pagar el presidente Trump, así como sobre la demostración de las seis alegaciones de fraude restantes en la demanda del fiscal.
La apelación en sí tiene más de 30 páginas, y las más de 1000 páginas restantes son precedentes de casos citados.
Cientos de empleados enfrentan la pérdida de sus empleos
La última apelación sostiene que el tribunal se extralimitó en su jurisdicción y «abusó de su discreción» en las sanciones ordenadas, señalando que los fiscales nunca buscaron la disolución de la Organización Trump en su petición.
En cambio, la Sra. James había pedido USD 250 millones en multas y prohibirle al presidente Trump y a sus hijos ocupar puestos ejecutivos de negocios en el estado durante cinco años. Tampoco citó la ley que le habría permitido al juez ordenar la disolución como reparación, argumentan los abogados.
«Las consecuencias de hacer cumplir la Decisión del MSJ [sentencia sumaria del 26 de septiembre] son nefastas y, una vez realizadas, no se pueden deshacer», escribieron los abogados.
Señalaron que «no involucrados inocentes y empleados que dependen de las entidades afectadas para su sustento» están siendo arrastrados por el fallo “demasiado amplio'». La decisión se tomó sin proceso, autoridad legal ni juicio, y «hace imposible la operación legal de múltiples negocios y amenaza con el despido de cientos de empleados de Nueva York sin ninguna jurisdicción o debido proceso».
«Estas personas que no están involucradas se ven afectadas sin que se constate ninguna infracción por parte de las empresas», escribieron. «Tal vez lo peor de todo es que pretende imponer la pena de muerte corporativa sin que exista ninguna autoridad estatutaria para tal remedio».
Cuando el juez Engoron tomó la decisión, admitió que no sabía cuál sería el alcance de las repercusiones cuando los abogados le preguntaron qué implicaría para determinadas propiedades, como la Torre Trump o la casa de Eric Trump.
Pero la orden del 26 de septiembre tendrá lugar de forma inminente, argumentan los abogados, y la orden del juez del 5 de octubre no abordó ninguna de las preguntas que los abogados habían planteado. Los abogados también argumentan que no tuvieron oportunidad de presentar su caso antes de la orden del 26 de septiembre.
Estatuto de limitaciones
Los abogados también presentaron argumentos adicionales acerca de que el juez extendiera el plazo de prescripción durante el juicio.
Una decisión del tribunal de apelaciones de junio había definido el plazo de prescripción de las acusaciones a partir de 2014. La demanda original de los fiscales cubría la década de 2011 a 2021.
El equipo del presidente Trump ya demandó al juez por permitir evidencia anterior a 2014 en el caso.
Durante el juicio, el juez reconoció el plazo de prescripción, pero dijo que permitiría pruebas anteriores a 2014 si los fiscales podían conectarlas con delitos posteriores. Los fiscales habían argumentado a favor de presentar estas pruebas bajo la «doctrina de errores continuos».
En la apelación, los abogados del presidente Trump argumentan que la doctrina no retrasa ni extiende el plazo permitido, citando otros fallos judiciales. Además, el tribunal ahora está tratando los estados financieros individuales como «reclamaciones procesables por separado», en lugar de «errores continuos», argumentaron.
Si el plazo de prescripción se aplica correctamente, la mayoría de las reclamaciones del fiscal están «sujetas a desestimación por ser extemporáneas», argumentaron.
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