El gobierno del presidente Joe Biden liberó a más de 1300 extranjeros ilegales criminales en un solo mes, según estadísticas divulgadas recientemente.
Los funcionarios de inmigración pusieron en libertad a 521 extranjeros delincuentes condenados y a 795 con cargos penales pendientes en diciembre de 2022, según los datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El número de extranjeros criminales condenados y con cargos pendientes liberados aumentó un 58% respecto al mes anterior y un 48% respecto a octubre de 2022.
Los delincuentes convictos se definen como personas que violan la ley de inmigración y tienen una condena penal en el momento en que son puestos bajo custodia por el ICE. No se detallan las condenas exactas.
Otros inmigrantes tienen cargos penales pendientes en el momento de la detención.
La mayoría de las liberaciones se derivaron de órdenes de caución, o una determinación provisional de que el extranjero en cuestión «no es una prioridad de detención».
Otros se encontraban bajo órdenes de supervisión, fueron puestos en libertad debido a que una oficina de campo fue «incapaz de obtener un documento de viaje», o puestos en libertad condicional. Esta última es una determinación caso por caso por «razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo» habilitada por la ley federal.
«La ley exige explícitamente que se detenga a quienes crucen ilegalmente la frontera, pero está claro que el gobierno de Biden no quiere detener ni deportar a nadie. Así que no es sorprendente que estén liberando también a extranjeros criminales», dijo Ron Kovach, secretario de prensa de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, a The Epoch Times por correo electrónico. «La seguridad pública y el Estado de derecho están siendo atacados para avanzar en su agenda radical de fronteras abiertas».
Los funcionarios de inmigración dijeron a The Washington Times, que primero reportó sobre los datos, que las liberaciones se debieron a querer despejar el espacio en preparación para el final del Título 42, una orden de salud pública que da a las autoridades la capacidad de expulsar rápidamente a algunos inmigrantes ilegales debido a la preocupación de que puedan tener COVID-19.
ICE no refutó el reporte, pero no quiso hacer comentarios.
A finales de diciembre de 2022, la Corte Suprema ordenó a la administración que mantuviera el Título 42 en vigor.
Las autoridades también liberaron en diciembre a más de 28,000 inmigrantes que violaron la ley de inmigración pero que no tenían una condena penal o cualquier cargo pendiente además de la violación de la ley de inmigración.
Otros 203 delincuentes condenados fueron puestos en libertad bajo fianza, es decir, bajo fianza impuesta por un juez o un funcionario del DHS tras una vista judicial. Otros 91 fueron puestos en libertad bajo fianza con cargos penales pendientes. Y otros 1414 fueron puestos en libertad sin condena ni cargos pendientes.
Las primeras estadísticas de enero indicaban que las cifras podrían disminuir con respecto a diciembre.
Las cifras se producen tras la finalización de los procedimientos de ejecución contra decenas de miles de inmigrantes ilegales debido a que las autoridades no facilitaron documentos que indicaran a los inmigrantes que debían comparecer ante los tribunales.
«Un grupo de senadores escribió (pdf) al Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, nombrado por Biden: «¿Qué causó este aumento sustancial de casos en los que funcionarios del DHS no presentaron una NTA después de que usted asumió el cargo y, en consecuencia, decenas de miles de casos de inmigración contra extranjeros ilegales fueron desestimados debido a que el DHS no presentó los documentos?».
Las detenciones y puestas en libertad de inmigrantes ilegales se han disparado desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo y reformó radicalmente el sistema de inmigración de Estados Unidos para facilitar la entrada y permanencia de inmigrantes ilegales en el país.
Según la legislación federal, las autoridades estadounidenses deben retener a los inmigrantes ilegales hasta que se resuelvan sus casos —muchos extranjeros ilegales solicitan asilo, pero las solicitudes acaban siendo rechazadas al cabo de varios años— pero las autoridades han manifestado que no disponen de espacio suficiente para retener a todos aquellos cuyos casos están pendientes de resolución. Los funcionarios federales han estado utilizando un programa llamado alternativas a la detención para liberar a cientos de miles de extranjeros, pero han perdido el rastro de muchos de ellos.
Una facultad a la que las autoridades han recurrido cada vez más es la llamada libertad condicional, que concede a un inmigrante autorización para permanecer en el país sin necesidad de solicitar asilo.
La Administración Biden introdujo la libertad condicional masiva para los que son originarios de Venezuela en otoño de 2022 y acaba de ampliar el programa a los nacionales de otros tres países como parte de lo que Biden dijo que era un esfuerzo que reforzaría la seguridad fronteriza y frenaría la inmigración ilegal.
El programa es un abuso de los poderes de la libertad condicional, según una demanda presentada por Texas y otros 19 estados el 24 de enero.
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