La administración Biden está buscando que se unifiquen las denuncias que se han presentado contra la orden de vacunación a los empleadores privados, orden que afectaría a 84 millones de trabajadores si se permitiera que entre en vigencia.
Durante el fin de semana, una corte federal de apelaciones suspendió la orden mientras los jueces deciden si la revocan o no.
Las impugnaciones legales contra la orden han planteado «graves cuestiones estatutarias y constitucionales», dijo el panel de la corte.
Debido a que se han presentado al menos una docena de demandas contra la regla de emergencia, promulgada por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo, el panel debe cumplir con una ley federal que dice que se deben combinar múltiples denuncias, les dijeron los abogados del gobierno a los jueces el 8 de noviembre.
La ley dice que en tales casos los tribunales “designarán, mediante selección aleatoria, un tribunal de apelaciones, de entre los tribunales de apelaciones en los que se hayan presentado peticiones de revisión”.
Eso significa que una sola corte de apelaciones manejará las presentaciones combinadas, en lugar de los cinco circuitos que han recibido las denuncias hasta ahora.
Pero hasta que se combinen, los casos separados todavía están en curso, le dijo a The Epoch Times Buck Dougherty, abogado principal del Liberty Justice Center, que representa a los demandantes en el caso del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU.
El sábado, la corte de apelaciones dictaminó suspender la regla de emergencia hasta una nueva orden de la corte y le dijo al gobierno que respondiera a una moción para una orden judicial permanente antes de las 5 p.m., hora local el lunes.
El gobierno no había presentado ningún otro documento antes de la fecha límite, según una revisión del expediente.
El Departamento de Justicia (DOJ) no respondió a una solicitud de comentarios.
El Comité Nacional Republicano, Answers in Genesis y Kentucky han presentado nuevas denuncias, al igual que Bentkey Services, Phillips Manufacturing & Tower, Southern Baptist Theological, Tankcraft Corp., Indiana, Job Creators Network y Florida. En conjunto, las denuncias se han alojado en al menos cinco circuitos.
Los abogados de la administración Biden dijeron en su presentación que esperan que la selección de la corte se lleve a cabo alrededor del 16 de noviembre. También les informaron a otros tribunales de apelación sobre la próxima selección.
Cada circuito tiene una composición diferente de jueces, lo que podría afectar la forma en que se deciden las denuncias.
«Tenemos un caso contundente independientemente del circuito en el que estemos», dijo Dougherty.
El panel de la corte de apelaciones del Quinto Circuito le ordenó más tarde al gobierno que, además de otras presentaciones que planeaba presentar, respondiera a una moción para una suspensión más prolongada, presentada por el peticionario LeadingEdge, antes del mediodía del 10 de noviembre.
La suspensión supuso un alivio temporal para muchas empresas que se verían obligadas a obtener una prueba de vacunación para COVID-19 de sus trabajadores o a obligarles a someterse a pruebas semanales de COVID-19.
Todas las empresas con 100 o más trabajadores están incluidas en la orden, que tiene como fecha límite el 4 de enero de 2022. Las empresas más pequeñas podrían tener que someterse a las reglas de vacunación próximamente, ha indicado el Departamento de Trabajo.
Se ha interpretado que el fallo del sábado aplica en todo el país, aunque se indicaron algunas dudas en otro caso.
Missouri y otros 10 estados que presentaron una impugnación a la regla de OSHA ante el Octavo Circuito dijeron en una presentación el lunes que el fallo «puede interpretarse que tiene efecto a nivel nacional», pero «no hace una declaración explícita sobre este punto», por lo que le pidieron a la corte que «ingrese una orden similar» a sus respectivos estados para «evitar cualquier confusión».
El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, que forma parte del caso del Quinto Circuito, no estuvo de acuerdo y dijo que la orden era clara.
«Creo que la lectura básica y simple de la [orden] del Quinto Circuito te lleva a la conclusión de que a OSHA se le prohíbe implementar la regla, no solo en los estados del Quinto Circuito, sino en el país como un todo», le dijo a The Epoch Times.
Quienes impugnan la regla dicen que está claramente fuera de los poderes de OSHA. Por ejemplo, los peticionarios en el Quinto Circuito dijeron que OSHA no puede demostrar que el COVID-19 presenta un «grave peligro» para todas las empresas con 100 o más empleados porque solo unos meses antes, la agencia les ordenó solo a los empleadores de atención médica que les exigieran la vacuna a sus empleados.
Los funcionarios de la administración Biden argumentan que la orden es legal bajo la Ley de Salud Ocupacional y de Seguridad de 1970.
En una sesión informativa llevada a cabo el lunes, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló que se cree que más de 750,000 personas han muerto por COVID-19 en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, y más de 1300 mueren cada día.
«Si eso no es un peligro grave, no sé qué más lo es», dijo.
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