El fiscal general Merrick Garland tiene un conflicto de intereses en su orden de asignar como objetivo a los padres sospechosos de intimidar, acosar, o ser violentos con el personal educativo, dicen los activistas.
Garland, en un memorando del 4 de octubre, ordenó a los agentes del FBI y fiscales de Estados Unidos que abordaran lo que describió como «un aumento inquietante» en tal comportamiento en los últimos meses. Dijo que pronto se anunciarán una serie de medidas «para abordar el aumento de la conducta delictiva dirigida hacia el personal escolar».
Los padres han protestado cada vez más contra el aumento de las enseñanzas de la teoría crítica de la raza en las escuelas, pero pocos incidentes se han vuelto violentos.
Algunos activistas dicen que la orden de Garland constituye un conflicto de intereses, señalando los contratos que la empresa de su yerno, Panorama Education, ha firmado con distritos escolares de todo el país.
En un caso, dijo Asra Nomani de Parents Defending Education, la compañía firmó un contrato de USD 1.8 millones con las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax en Virginia en donde Panorama recopilará información sobre los estudiantes con encuestas que incluyen preguntas sobre si se sienten con «fluidez en [el tema del] género». También hay porciones asignadas para el desarrollo profesional de «equidad», una palabra que a menudo utilizan los teóricos críticos de la raza.
“El personal de Panorama Education tiene el estatus de ‘funcionarios escolares’, por lo que tienen derecho a los datos privados de los estudiantes según la ley federal, según un correo electrónico enviado por un funcionario del distrito escolar del condado de Fairfax. Esta es una ley federal que Garland tendría que hacer cumplir y las Big Tech ahora la está eludiendo”, escribió Nomani en una publicación de blog.
«El Fiscal General está instruyendo al FBI para que investigue a los padres que podrían representar una amenaza financiera para el negocio del esposo de su hija», agregó la bloguero que escribe bajo el sobrenombre de Sundance.
El representante Ken Buck (R-Col.) dijo que ha estado revisando notas sobre las conexiones de Garland.
“Las acusaciones de que la familia del Fiscal General Garland se está beneficiando potencialmente de su reciente decisión de utilizar la aplicación de la ley federal para cerrar el debate en las reuniones de la junta escolar son profundamente preocupantes. Si esto resulta ser cierto, el Congreso debe realizar audiencias de supervisión ahora para investigar la posible corrupción”, dijo a The Epoch Times por correo electrónico.
Panorama y el Departamento de Justicia (DOJ) no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Un portavoz de Panorama dijo a los medios de comunicación que la compañía «solo usa datos de los estudiantes con el propósito de ayudar a las escuelas y distritos a brindar un mejor servicio a sus estudiantes».
La compañía no está vinculada con «ninguna filosofía académica en particular, incluida la teoría crítica de la raza», dijo el portavoz, y agregó: «La única relación entre Panorama Education y el fiscal general Merrick Garland es que el cofundador de Panorama, Xan Tanner, es yerno de Garland».
Lisa Monaco, una de las principales funcionarias del Departamento de Justicia, defendió la orden ante el Congreso esta semana, argumentando que el «fogoso debate» era bienvenido en las reuniones de la junta escolar, pero que «la violencia no es apropiada».
La Asociación Nacional de Juntas Escolares instó a la administración de Biden a lidiar con las “turbas enojadas” de padres pocos días antes de que se emitiera la orden, enumerando una serie de incidentes que consideró sobrepasaron la línea. «La clasificación de estas acciones atroces podría ser equivalente a una forma de terrorismo doméstico y delitos de odio», escribió la asociación.
Sin embargo, la mayoría de los incidentes no eran más que los padres que se volvieron “escandalosos o problemáticos”, dijo el escritor Zaid Jilani.
La asociación dio la bienvenida a la nueva orden y dijo que envió «un fuerte mensaje a las personas con intenciones violentas que se centran en provocar el caos, interrumpir nuestras escuelas públicas, y abrir brechas entre las juntas escolares y los padres, estudiantes y comunidades a las que sirven».
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