La decisión de la Corte Suprema de que el gobierno federal no debería haber utilizado una ley de contabilidad para acusar a Joseph Fischer de obstrucción de un procedimiento oficial por entrar brevemente en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, afectará a los procesamientos de otros acusados del 6 de enero, según dijeron los abogados a The Epoch Times.
Los abogados dijeron que los acusados que aún no han sido condenados o cuyas apelaciones aún no se han agotado pueden tener mejores resultados en los tribunales debido a la nueva sentencia que los que ya han sido condenados en virtud de la ley de obstrucción. El gobierno dijo que todos los acusados del 6 de enero con cargos de obstrucción también estaban acusados de otros delitos.
Algunos jueces federales no están esperando.
El juez federal Dabney Friedrich de Washington emitió una orden el día de la sentencia en la que ordenaba a los fiscales y al acusado del 6 de enero Guy Wesley Reffitt que presentaran una propuesta de calendario «para los procedimientos ulteriores a la luz del caso Fischer contra Estados Unidos» antes del 5 de julio, según el expediente de la corte federal de distrito.
El Sr. Reffitt, de Wylie, Texas, fue condenado a 87 meses de prisión en agosto de 2022 por cinco cargos, entre ellos dos de desorden civil y uno de obstrucción de un procedimiento oficial, entrada y permanencia en un edificio o recinto restringido con un arma de fuego y obstrucción a la justicia.
Se espera que la nueva decisión de la Corte Suprema haga más difícil para el gobierno federal procesar a los acusados en relación con la irrupción en el Capitolio que tuvo lugar mientras el Congreso intentaba finalizar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. También es probable que haga más difícil para el gobierno federal continuar con su caso de obstrucción de un procedimiento oficial relacionado con el 6 de enero contra el expresidente Donald Trump.
El máximo tribunal del país dictaminó el 28 de junio que una disposición de la Ley Sarbanes-Oxley, 18 U.S. Code Section 1512, que se centra en garantizar que la documentación esté disponible para los procedimientos oficiales, no se aplicaba al caso.
La legislación sobre la manipulación de pruebas surgió a raíz de los escándalos relacionados con el fraude en Enron Corp. y otras grandes empresas a principios de la década de 2000. Enron empleó prácticas contables dudosas para ocultar la caída de beneficios y exagerar las ganancias, y al parecer sus empleados empezaron a destruir documentos cuando se enteraron de que se estaban preparando imputaciones.
Anteriormente, en la corte federal de distrito, el Sr. Fischer, un exagente de policía de Jonestown, Pensilvania, solicitó que se desestimara el cargo de obstrucción, argumentando que no interfirió en el acceso a ningún documento. Su abogado dijo entonces que la disposición legal «solo penaliza los intentos de obstaculizar la disponibilidad o la integridad de las pruebas».
La corte aceptó la moción, considerando que el ámbito de aplicación del estatuto solo se aplicaba si el acusado había realizado «alguna acción con respecto a un documento, registro u otro objeto».
Sin embargo, un panel dividido de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito del Distrito de Columbia lo revocó, y el Sr. Fischer recurrió ante la Corte Suprema.
El 28 de junio, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribió en la opinión de la Corte Suprema (6-3) que el gobierno se basaba en una «interpretación novedosa» de la ley que era demasiado amplia.
Esa interpretación criminalizaría las acciones inocentes de los grupos de presión y los manifestantes pacíficos cuyas acciones podrían tener un impacto en un procedimiento oficial y someterlos a 20 años de prisión, escribió.
La jueza Ketanji Brown Jackson presentó una opinión concurrente en la que coincidía con la mayoría en que el artículo 1512(c)(2) de la Ley Sarbanes-Oxley «no alcanza a ‘todas las formas de conducta obstructiva'».
Tras el fallo, el fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, restó importancia al mismo tiempo que prometió cumplirlo.
«La gran mayoría de los más de 1400 acusados por sus acciones ilegales el 6 de enero no se verán afectados por esta decisión», dijo en un comunicado.
«No hay ningún caso en el que el Departamento [de Justicia] haya acusado a un acusado del 6 de enero solo por el delito en cuestión en Fischer. Para los casos afectados por la decisión de hoy, el departamento tomará las medidas apropiadas para cumplir con el fallo de la corte».
El abogado de Fischer, Jeffrey T. Green, del bufete Green Law Chartered de Bethesda (Maryland), había criticado anteriormente al Departamento de Justicia por utilizar la ley contra su cliente, afirmando que era un vehículo inadecuado para procesar a personas que ejercían su derecho amparado por la Primera Enmienda a protestar contra la certificación de los resultados electorales por el Congreso.
El Sr. Green dijo a The Epoch Times horas después de que se emitiera el fallo que el caso del Sr. Fischer volverá ahora al Circuito de Washington D.C., y es casi seguro que se desestimará el cargo de obstrucción contra él.
El fallo también «ayudará a cualquiera de los acusados de la irrupción en el Capitolio del 6 de enero cuyos casos aún no son definitivos, es decir, cuyas apelaciones no se han agotado», dijo.
Otras personas acusadas actualmente en virtud de la misma disposición sobre obstrucción también podrán ver desestimados sus cargos, pero aquellos cuyas condenas hayan sido firmes lo tendrán más difícil, dijo.
Aplicar retroactivamente una sentencia de la Corte Suprema a personas que ya han sido condenadas es «muy complicado», dijo Green.
Tendrán que recurrir a peticiones de habeas corpus, dijo.
Habeas corpus, que en latín significa «traer el cuerpo», se refiere a un proceso utilizado en las cortes para indagar sobre la legalidad de la reclusión de una persona que ya está encarcelada o detenida.
Aunque algunos acusados pueden tener éxito, «este es un umbral muy difícil de alcanzar», dijo porque las peticiones de habeas son «impredecibles y difíciles», especialmente en casos que implican la interpretación de la ley.
«Así que no creo que esto vaya a dar lugar a la revocación masiva de muchas condenas y sentencias de los acusados del 6 de enero», dijo.
«Dependerá de lo que ocurra durante el procedimiento de habeas».
El Sr. Fischer sigue enfrentándose a otros cargos federales que no se ven afectados por la sentencia de la Corte Suprema, entre ellos agresión por la fuerza a un funcionario federal, entrada y permanencia en un edificio de acceso restringido y conducta desordenada y alborotadora en el Capitolio de los Estados Unidos. Esos cargos conllevan penas máximas que van de seis meses a ocho años de prisión.
El abogado de defensa criminal y ex fiscal adjunto de distrito David Gelman de Gelman Law en Cherry Hill, Nueva Jersey, dijo que el «cargo de obstrucción desaparece» para los acusados cuyos cargos aún están pendientes.
Los fiscales pueden optar por modificar o sustituir las acusaciones y acusar a los acusados de otra cosa en lugar del cargo de obstrucción, dijo a The Epoch Times.
Los abogados de las personas condenadas tendrán que presentar «unos argumentos jurídicos realmente buenos», dijo.
Tendrán que comparecer ante la corte y argumentar que la sentencia de la Corte Suprema significa que las pruebas de obstrucción eran irrelevantes y que «nunca deberían haber entrado» en su juicio y que no tuvieron un juicio justo, dijo Gelman.
Es posible que tengan que solicitar un nuevo juicio o declararse culpables de otro cargo, dijo. «Eso es lo que harán muchos de ellos».
En el caso de los que siguen encarcelados, podrían volver a ser condenados a tiempo cumplido, dijo.
«Yo abogaría por el tiempo cumplido, pero quién sabe cómo va a salir eso».
Las cortes se encargarán de reabrir los casos a la luz de la sentencia Fischer, dijo.
«Cuando te acusan de un cargo que es ilegal, como les ha ocurrido a cientos de estas personas, se produce una violación de las garantías procesales y, obviamente, una condena ilegal», afirmó Gelman.
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