El presidente Joe Biden fue criticado por líderes judiciales tras vetar un proyecto de ley que habría añadido más jueces a las cortes federales. La medida se dio pesé a un gran volumen de casos pendientes.
El 23 de diciembre, Biden vetó la Ley de 2024 sobre la falta de personal judicial para resolver las emergencias, o Ley JUDGES, que habría añadido 66 nuevos puestos de jueces en cortes de distrito en todo el país.
El juez Robert Conrad Jr., director de la Oficina Administrativa de las Cortes de Estados Unidos, dijo que la decisión de Biden fue decepcionante.
«Proporcionar más plazas de jueces es esencial para mejorar el acceso a las cortes y es necesario para la administración eficiente y eficaz de la justicia», dijo en una declaración el 24 de diciembre.
Biden citó numerosas razones para negarse a firmar la ley, que fue aprobada por el Senado en agosto y por la Cámara de Representantes este mes.
Biden dijo en un comunicado que la legislación «pretende añadir apresuradamente puestos de juez cuando quedan pocas semanas» en el actual 119 Congreso. La Casa Blanca había advertido previamente que Biden vetaría la ley antes de que el presidente electo Donald Trump asumiera el cargo.
Trump habría tenido el poder de nominar jueces para la judicatura federal. El Partido Republicano controlará el Senado, que es el que confirma a los candidatos.
Según el presidente, el proyecto de ley tampoco «resuelve cuestiones clave de la legislación, especialmente en lo que respecta a cómo se asignan las nuevas plazas de jueces, y ni la Cámara de Representantes ni el Senado exploraron a fondo cómo el trabajo de los jueces de estatus superior y los jueces magistrados afecta a la necesidad de nuevas plazas de jueces».
El proyecto de ley «crearía nuevas judicaturas en estados donde los senadores han intentado mantener vacantes judiciales existentes», dijo Biden. «Esos esfuerzos para mantener vacantes abiertas sugieren que las preocupaciones sobre [la] economía judicial y la carga de casos no son la verdadera fuerza motivadora detrás de la aprobación de este proyecto de ley ahora».
En una carta dirigida a Biden el 16 de diciembre, Conrad explicó la necesidad de ampliar el número de jueces federales de distrito.
Contrariamente a lo afirmado por Biden, el proyecto de ley fue elaborado durante años a través de «estudios, análisis y revisiones del Congreso» y «abordaría la necesidad de más plazas para jueces de distrito, repartiéndolas a lo largo de las tres próximas administraciones presidenciales».
El número de casos ante las cortes de distrito aumentó un 30 por ciento desde 1990, según Conrad. Esto, a su vez, llevó a tiempos de espera más largos en el litigio de casos penales y civiles, dijo.
Gabe Roth, director ejecutivo de Fix the Court, que aboga por reformas en la judicatura federal, calificó el veto como un «final vergonzoso para lo que, desde el punto de vista de muchos observadores de las cortes, han sido cuatro años productivos de remodelación del poder judicial».
Alliance for Justice, un grupo de defensa judicial de izquierdas, expresó su apoyo al veto de Biden.
«Hay que aprovechar cualquier oportunidad para proteger nuestras cortes durante los próximos cuatro años», dijo el presidente interino del grupo, Keith Thirion, en un comunicado del 10 de diciembre en respuesta a la Casa Blanca, que dijo que Biden vetaría el proyecto de ley. «Es cierto que nuestras cortes deberían haberse ampliado, pero es un flaco favor a los servidores públicos comprometidos con la justicia igualitaria convertir tan descaradamente este proceso en un arma».
El proyecto de ley le habría permitido a Trump cubrir algunas de esas vacantes, aunque el plazo para cubrirlas se habría extendido hasta 2035, ya que los nuevos puestos de juez se habrían creado en oleadas de dos años durante ese período.
Hasta el 25 de diciembre, había 32 vacantes a nivel de distrito.
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