Veintiún gobiernos pertenecientes a la Coalición por la Libertad de los Medios de Comunicación han emitido una declaración conjunta en la que expresan su «profunda preocupación» por la censura y la represión que las autoridades de Hong Kong y el Partido Comunista Chino (PCCh) están aplicando a los medios de comunicación de la ciudad.
Mientras gran parte del mundo centra su atención en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, Hong Kong se tambalea por la agresiva y creciente represión de los medios de comunicación locales. En diciembre, la policía allanó las oficinas del sitio web independiente Stand News, deteniendo a siete empleados y obligando al sitio a cerrar. Luego, en enero, el sitio web independiente Citizen News anunció que se retiraría por la preocupación por el bienestar de sus empleados en un entorno tan tenso.
Un precedente inmediato de estos dos acontecimientos es la redada en las oficinas del periódico prodemocrático Apple Daily en junio, y la confiscación de cuadernos, computadoras, discos y archivos pertenecientes a los empleados de noticias. Las autoridades también detuvieron a su fundador, Jimmy Lai, y lo acusaron de delitos en virtud de la dura ley de seguridad nacional impuesta en Hong Kong en junio de 2020, y pronto añadieron cargos adicionales relacionados con su trabajo en lo que las autoridades describieron como un diario sedicioso.
Además, en octubre, el poder legislativo de Hong Kong, aparentemente en nombre de la seguridad nacional, promulgó una nueva ley de censura cinematográfica que, según se preveía, dificultaría la labor de los cineastas locales a la hora de mostrar sus visiones al mundo. Los expertos afirman que la ley probablemente tendrá un mayor impacto en los pequeños cineastas independientes centrados en Hong Kong, dado que los nombres más importantes que ya están activos tanto en China continental como en Hong Kong, como Tsui Hark, que mantiene una oficina en China, ya han tenido que lidiar con la censura del PCCh allí.
El personal y las operaciones de la edición de Hong Kong de esta publicación también han sido objeto de ataques. En la madrugada del 12 de abril de 2021, cuatro intrusos entraron en las instalaciones de la imprenta de The Epoch Times en Hong Kong y procedieron a dañar el equipo de impresión y las computadoras. El incidente fue similar a un incendio provocado en las mismas instalaciones en noviembre de 2019, en el que también participaron cuatro intrusos. El 11 de mayo de 2021, un atacante que llevaba un bate de aluminio se acercó a la reportera de The Epoch Times Sarah Liang cuando estaba fuera de su residencia y le propinó más de diez golpes, que le causaron graves moretones y provocaron la hospitalización de Liang, antes de huir.
La declaración de la Coalición por la Libertad de los Medios de Comunicación del 8 de febrero cita las recientes redadas y medidas drásticas contra las fuentes de noticias locales en su denuncia de la erosión de la libertad de expresión en Hong Kong, señalando que la campaña «ha erosionado los derechos y libertades protegidos establecidos en la Ley Básica y socava las obligaciones de China en virtud de la Declaración Conjunta Sino-Británica». La Declaración Conjunta es un tratado internacional que regula el traspaso de Hong Kong del dominio británico al chino en 1997, en virtud del cual Beijing se comprometió a conceder a la ciudad unas libertades y una autonomía de las que no goza en el continente durante un periodo de 50 años.
Además de acabar con casi todos los medios de comunicación independientes del territorio, el comunicado denuncia que las autoridades han perjudicado gravemente la reputación internacional de Hong Kong.
«Un Hong Kong estable y próspero en el que se protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales debería ser del interés de todos. Instamos a las autoridades de Hong Kong y de la China continental a que respeten la libertad de prensa y la libertad de expresión en Hong Kong, de acuerdo con la Ley Básica y las obligaciones de China en virtud de la declaración conjunta chino-británica», continúa la declaración.
La declaración lleva las firmas de los gobiernos de Alemania, Australia, Austria, Canadá, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, República Checa y Suiza.
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