Funcionarios de Arizona, tras varios fallos judiciales en contra del estado, entregaron el 4 de noviembre a unos activistas una lista de votantes que no acreditaron su ciudadanía estadounidense.
«Hemos cumplido y estamos cumpliendo con una directiva judicial para dar a conocer los registros de votantes específicos, de 218,000 personas, como parte de nuestro proceso legal en curso», dijo el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, en una conferencia de prensa. «Esta lista se entregó a los demandantes por el asunto que estaba ante los tribunales».
Un juez ordenó el 31 de octubre al secretario Fontes que entregue la lista al grupo, al considerar que Fontes y su testigo experto no habían aportado pruebas que respaldaran las alegaciones de que el grupo solicitante haría un uso indebido de los datos de los votantes. El juez también señaló que el grupo recibió información sobre votantes en el pasado y no la ha utilizado indebidamente.
El lunes, la Corte de Apelaciones de Arizona confirmó el fallo, diciendo que Fontes y el Departamento de Estado de Arizona no identificaron ningún error legal o de hecho en el fallo del juez.
«He intentado parar esto», declaró Fontes a los periodistas. «He luchado todo lo que he podido para mantener sus nombres y su información de identificación personal lejos de la gente en la que no confío».
El secretario advirtió que cualquier violación legal por parte de los activistas que recibieron los datos sería remitida a los fiscales para su procesamiento.
El presidente del Senado de Arizona, Warren Petersen, dijo en un posteo en las redes sociales el 4 de noviembre que había «autorizado la recepción de esos nombres».
Merissa Hamilton, una activista que dirige el grupo Strong Communities Foundation of Arizona, declaró a The Epoch Times en un correo electrónico el martes que recibió todos los archivos.
El juez de la Corte Superior del condado de Maricopa, Scott A. Blaney, que emitió la orden en octubre, dictaminó que antes del 6 de noviembre, la Fundación Comunidades Fuertes solo puede distribuir la información al senador Petersen, a los registradores de los condados de Arizona, al presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, Ben Toma, y a los miembros de los comités electorales de la Cámara y el Senado de Arizona.
Antes de divulgar la información a cualquiera de esas partes, el grupo también debe obtener una confirmación por escrito de cada destinatario de que no distribuirá la información a ningún otro individuo o grupo.
La Corte Suprema de Arizona dictaminó que los votantes en cuestión pueden votar en las elecciones del 5 de noviembre.
Hamilton escribió en la plataforma de redes sociales X el lunes que, pronto, el grupo «¡podrá proporcionar a los Registradores la lista de votantes ciudadanos afectados para garantizar que estos votantes puedan votar!».
Los abogados de su grupo dijeron que los activistas planeaban compartir la información con todos los registradores de los condados de Arizona para que pudieran verificar la ciudadanía de los votantes que no han proporcionado pruebas de ciudadanía, así como con los legisladores cuya solicitud de los datos fue rechazada por Fontes.
Fontes y otros funcionarios de Arizona revelaron por primera vez el descubrimiento de más de 97,000 votantes sin confirmación de ciudadanía en septiembre. Más tarde dijeron que habían identificado a otros 120.000 que obtuvieron permisos de conducir antes de 1996, cuando no se exigía prueba de ciudadanía para obtener un permiso.
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