Los grupos de derechos humanos están impulsando un proyecto de ley para crear una red internacional de sanciones para castigar al régimen comunista chino por la sustracción forzada de órganos que describen como una «atrocidad maligna y sin precedentes».
El proyecto de ley tipificaría como delito la sustracción forzada de órganos de otra persona viva en contra de su voluntad, el almacenamiento o el transporte de los órganos, el funcionamiento de instalaciones para albergar cirugías de trasplante de estos órganos, la recepción de los órganos, la publicidad, la financiación, la intermediación o el beneficio de esta práctica espeluznante a través de otras formas.
La medida nació de la urgencia de poner fin a los abusos a nivel nacional ya que los organismos internacionales habían hecho poco para abordar la cuestión, según Theresa Chu, abogada de derechos humanos radicada en Taiwán y presidenta de la Comisión Legal de la Declaración Universal para Combatir y Prevenir la Sustracción Forzada de Órganos, un grupo de defensa con sede en Taipéi.
Los practicantes de Falun Gong, grupo religioso gravemente perseguido por el Partido Comunista Chino durante décadas, han sido las principales víctimas de la sustracción forzada de órganos realizada bajo la vigilancia del régimen.
Chu, que ha trabajado en la defensa de las víctimas de Falun Gong durante unos 20 años, recuerda que se reunió con funcionarios de las Naciones Unidas hace casi 10 años y presentó una petición firmada por alrededor de 1.5 millones de personas de 53 países y regiones en la que se pedía a la ONU que condenara la sustracción de órganos.
Durante la reunión, Chu habló a los funcionarios sobre los «campos de la muerte» y los «campos de concentración secretos» donde los reclusos de Falun Gong son «asesinados mediante la sustracción forzada de órganos». Estos campos, dijo, existen prácticamente en todas las ciudades de China. Recordó a los funcionarios su responsabilidad de investigar y localizar los lugares.
«Los funcionarios no cuestionaron la fuente de las acusaciones de los ‘campos de la muerte'», dijo Chu en un acto paralelo virtual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la sustracción de órganos, celebrado el 22 de marzo. «Escucharon con sombría atención, tomaron notas, pero no respondieron».
La ONU no condenó nada, ni antes ni ahora. Expertos en derechos humanos afiliados a este organismo expresaron el año pasado su conmoción y consternación ante lo que, según ellos, eran acusaciones creíbles de sustracción forzada de órganos. Esta declaración se produjo 14 años después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos planteara la cuestión a las autoridades chinas en 2007, pero sin recibir datos satisfactorios como respuesta.
Ante la «indiferencia e inacción» del mecanismo judicial internacional, la carga recae en «cada uno de nosotros con conciencia para tomar cualquier medio democrático y legal» para detener las atrocidades, dijo Chu. Calificó de «imperativo» que todos los países adopten el proyecto, que según ella es también un «remedio clave para detener la destrucción de la ética humana».
El «silencio»
Legisladores actuales y anteriores de Estados Unidos, España, Bélgica, Países Bajos y Taiwán coincidieron en el panel en que el tema ha recibido muy poca atención.
«Esta despreciable práctica permite a China mantener un régimen de trasplantes de órganos prácticamente a la carta, algo inaudito incluso en la mayoría de los países desarrollados modernos», dijo el representante Steve Chabot (R-Ohio), describiéndola como «una de las prácticas más bárbaras de la historia de la humanidad».
El político holandés Peter van Dalen, que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, dijo que quiere que el tema de la «sustracción ilegal de órganos» sea uno de los principales puntos de la agenda de la cumbre entre China y la UE del 1 de abril, en la que se debatirá un acuerdo comercial que se había estancado por la preocupación por el historial de derechos humanos de Beijing.
«El silencio» fue un tema recurrente durante el debate del panel de médicos, abogados, funcionarios y defensores de la ética médica.
«En China, las personas vivas que se esfuerzan por ser amables y tolerantes son asesinadas por sus órganos. Si uno no tiene una reacción emocional y desgarradora en este punto, entonces no ha comprendido el horror y el terror que los practicantes de Falun Gong están viviendo en China todos los días», dijo el Dr. Torsten Trey, director ejecutivo del grupo de defensa con sede en Washington Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH). En 2019, DAFOH recibió el Premio Madre Teresa a la Justicia Social por sus esfuerzos para arrojar luz sobre esta práctica ilícita.
Mientras que la agresión de Rusia contra Ucrania está provocando la indignación internacional, los participantes señalaron que la campaña de erradicación de Beijing montada contra los practicantes de Falun Gong ha seguido sucediendo bajo el radar.
Trey, señalando el número no revelado de víctimas asesinadas por sus órganos en los últimos 23 años, pensó que la falta de atención podría deberse al hecho de que el régimen chino ha estado llevando a cabo estos actos a puerta cerrada.
«Todo el mundo está ahora legítimamente conmocionado al ver la tragedia humana y la pérdida de vidas humanas en Ucrania, pero ¿cómo reaccionaríamos si viéramos en las redes sociales y en la televisión los cientos de miles de personas a las que se les extraen órganos en China?», dijo.
Ante la brutalidad, «el silencio no es neutral», dijo Trey. «El silencio significa que uno ha decidido no elegir activamente la bondad».
Y la parlamentaria belga Annick Ponthier parece estar de acuerdo.
Dijo que al régimen solo le importan las vidas humanas en la medida en que pueda explotarlas para hacer avanzar su agenda comunista a nivel mundial. Así, una postura contra el Partido Comunista Chino «se convierte en una postura a favor de los derechos humanos en todo el mundo», dijo.
Preparando el camino
En relación con la propuesta de Chu, el vecino de China, Taiwán, ya ha proporcionado una hoja de ruta.
Tien Chiu-chin, miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Taiwán y exlegislador, fue uno de los principales responsables de los esfuerzos de la isla por prohibir explícitamente el turismo de trasplante de órganos en 2015.
Desde entonces, Taiwán ha obligado a los pacientes que van al extranjero para someterse a un trasplante a registrar el país, el hospital y el médico que han intervenido en sus operaciones o se les retirará la cobertura nacional de los medicamentos para evitar el rechazo del órgano, que deben tomar durante el resto de sus vidas. La isla también mantiene una lista negra de médicos chinos implicados en la sustracción de órganos para prohibirles la entrada en Taiwán.
Este control ha reducido significativamente el turismo de trasplantes a China, dijo Tien, quien pidió a todas las naciones del mundo que consideren la posibilidad de replicar el sistema de supervisión de Taiwán.
«Somos muy conscientes de los beneficios que conlleva la sustracción forzada de órganos. Por eso no es posible que esta atrocidad acabe por sí sola», afirmó.
Aunque Taiwán no es miembro de la ONU, Tien imploró al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que forme un grupo de investigación.
«Al menos tenemos que entender la situación; deberíamos investigar qué demonios está pasando en el mundo a este respecto», dijo.
«Tenemos que buscar la verdad», añadió. «Tenemos que sacar a la luz el problema y afrontarlo para poder resolverlo y poner fin a semejante atrocidad contra la humanidad y contra los derechos humanos».
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