La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha encontrado a 2999 ciudadanos chinos en la frontera sur en lo que va del año fiscal 2023, lo que supone un aumento del 719% interanual, según los datos de la CBP publicados el 10 de febrero.
El total también supera la cantidad registrada durante todo el año fiscal 2022 (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022), durante el cual se registraron 2176 encuentros de este tipo.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, los datos de encuentros de la CBP incluyen inmigrantes ilegales que han sido detenidos en virtud de la ley de inmigración del Título 8, «inadmisibles» del Título 8 y no ciudadanos procesados para expulsión en virtud del Título 42.
El año pasado por estas fechas, los agentes de la Patrulla Fronteriza se habían encontrado con un total de 366 ciudadanos chinos en la frontera entre Estados Unidos y México.
En todo el país, sin embargo, el aumento interanual de los encuentros es menos espectacular, con un total actual para este año fiscal de 10,587, frente a los 9707 del año pasado. No obstante, con el aumento mensual de los totales nacionales desde octubre de 2022, la tendencia ha empezado a alarmar a algunos funcionarios y exfuncionarios.
«Literalmente aprehendemos inmigrantes de China», señaló el excomisionado interino de CBP Mark Morgan en una conferencia de prensa el 9 de febrero. «¿Creen que estamos averiguando cuáles son sus antecedentes antes de ponerlos en libertad? Por supuesto que no».
La noticia de esta tendencia se produce en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China después de que se descubriera y posteriormente derribara un globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur a principios de este mes.
Este pasado fin de semana, otros objetos voladores no identificados fueron avistados sobre Alaska, Canadá y la región de los Grandes Lagos y derribados por el gobierno estadounidense.
«El gobierno chino está espiando desde arriba», escribió el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-Calif.), en un tuit el 9 de febrero. «El fentanilo procedente de China está matando a estadounidenses en todas las comunidades. Más ciudadanos chinos están cruzando ilegalmente por nuestra frontera sur. Por eso creé el comité selecto sobre China, para afrontar estos problemas de frente».
A pesar del aumento del número de ciudadanos chinos que entran ilegalmente en el país, el comisario interino de la CBP, Troy Miller, señaló el 10 de febrero que en enero se registró un descenso del 42% en los encuentros con inmigrantes ilegales de todas las nacionalidades entre los puertos de entrada de la frontera sur.
«La actualización operativa mensual de enero ilustra claramente que las nuevas medidas de control fronterizo están funcionando, con el nivel más bajo de encuentros de la Patrulla Fronteriza entre Puertos de Entrada desde febrero de 2021», dijo Miller en un comunicado. «Esas tendencias han continuado en febrero, con encuentros promedio de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en picada».
El total de encuentros en la frontera sur también disminuyó el mes pasado a 156,274, casi un 40% menos que el récord de diciembre de 251,978.
La CBP atribuyó el descenso al «éxito» de las nuevas medidas de inmigración anunciadas por el presidente Joe Biden el mes pasado, que incluían la ampliación de un programa de libertad condicional que concede a los inmigrantes ilegales de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua autorización para trabajar y vivir en Estados Unidos con el patrocinio de un residente estadounidense tras una comprobación de antecedentes.
Sin embargo, otros han criticado el programa por considerarlo una forma de conceder amnistía a los inmigrantes ilegales.
«Este programa de amnistía ilegal, que invitará a cientos de miles de extranjeros a entrar en Estados Unidos cada año, solo empeorará drásticamente esta crisis migratoria», declaró el mes pasado el fiscal general de Texas, Ken Paxton.
El republicano, junto con otros 19 fiscales generales, ha presentado una demanda contra el gobierno de Biden cuestionando la legalidad del programa.
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