Las autoridades mexicanas han establecido una serie de condiciones para revivir el programa «Permanecer en México», el marco de la era Trump bajo el cual los solicitantes de asilo fueron devueltos a México para esperar el procesamiento de sus solicitudes, mientras la Administración Biden planea restablecer la política tras una orden judicial.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en un comunicado del 26 de noviembre que se han «intensificado» las conversaciones con Estados Unidos sobre la reanudación del programa, conocido como Protocolos de Protección al Migrante (PPM), pero que las autoridades mexicanas están esperando una respuesta formal de la Administración Biden sobre una serie de preocupaciones.
«El gobierno de México (…) ha señalado varias preocupaciones de índole humanitaria con respecto al procedimiento de asilo en Estados Unidos», dijo la Secretaría, y agregó que ha «necesidad de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo, de modo tal que cuenten con mejor asesoría legal en sus procesos migratorios» en relación con el trámite de sus solicitudes, las cuales, dijo México, «deben realizarse de la forma más expedita posible».
Una de las condiciones es que Estados Unidos acelere los programas de desarrollo para el sur de México y Centroamérica, a fin de atender las causas de la migración.
Otra es que Washington ofrezca a las personas deportadas bajo el programa MPP atención médica y vacunación contra el COVID-19 «a fin de proteger su derecho a la salud y evitar la propagación del covid-19 en las comunidades de ambos lados de la frontera».
México también ha solicitado que Estados Unidos respete los puntos de retorno designados, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad locales y la capacidad de las autoridades mexicanas «para proporcionar una atención adecuada a los migrantes».
Otra petición «fundamental» es que Washington proporcione fondos para los albergues y las organizaciones no gubernamentales «a fin de mejorar las condiciones para las personas migrantes y solicitantes de asilo de manera substantiva».
Las demandas se producen mientras continúan las conversaciones entre ambos países para reimplantar el programa MPP, después de que un tribunal ordenara en agosto que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) diera marcha atrás en su decisión de junio de detener la política.
«En cumplimiento de la orden judicial, estamos trabajando para reimplantar el MPP lo antes posible», dijo a Axios la portavoz del DHS, Marsha Espinosa.
«No podemos hacerlo hasta que tengamos el acuerdo independiente del gobierno de México para aceptar a quienes buscamos inscribir en el MPP», añadió Espinosa. «Comunicaremos al tribunal, y al público, el momento de la reimplantación cuando estemos preparados para hacerlo».
El gobierno de Biden se enfrenta a un aumento sin precedentes de la inmigración ilegal que, según los críticos, se ve fomentado por sus laxas políticas de aplicación de la ley, entre las que se incluyen la suspensión del MPP y la limitación del uso del Título 42, que se utiliza para expulsar a los inmigrantes ilegales durante la pandemia del COVID-19.
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