El Servicio de Marshals de Estados Unidos (USMS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están trabajando para «reevaluar» las operaciones de control de delincuentes sexuales tras la reciente orden ejecutiva emitida por el presidente Joe Biden.
«De acuerdo con el jefe de nuestra rama de investigaciones sobre delincuentes sexuales, el USMS está trabajando con el ICE para reevaluar las próximas operaciones de seguridad para garantizar el cumplimiento de las recientes órdenes ejecutivas emitidas por el Presidente de Estados Unidos», dijo el USMS a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico.
Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración (CIS), afirmó en un artículo publicado el miércoles que «el ICE había estado planeando una operación a nivel nacional en colaboración con los U.S. Marshals dirigida a los delincuentes sexuales en libertad, pero fue desechada por la nueva directiva».
El secretario interino del DHS, David Pekoske, había emitido la nueva directiva (pdf) el 20 de enero en respuesta a la orden ejecutiva de Biden que revoca la Orden Ejecutiva 13768 del expresidente Donald Trump, firmada en 2017. La orden ejecutiva de Trump había ordenado, en parte, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el ICE, que diera prioridad a la expulsión de extranjeros ilegales que «hayan sido condenados por cualquier delito penal» o «acusados de cualquier delito penal, cuando la acusación no se haya resuelto».
La nueva directiva del DHS bajo el gobierno de Biden también impuso una pausa de 100 días en las deportaciones a partir del 22 de enero, dirigida a ciertos extranjeros ilegales a los que se les había ordenado salir, a la espera de finalizar una revisión de las políticas de aplicación de la ley de inmigración. Un juez federal bloqueó temporalmente la orden durante 14 días el 26 de enero, lo que supuso una victoria para Texas, cuyo fiscal general demandó al gobierno de Biden por la orden ejecutiva.
En la directiva, el DHS dijo que, durante la suspensión de las deportaciones, daría prioridad, en parte, a «las personas detenidas en prisiones y cárceles federales, estatales y locales que hayan sido puestas en libertad a partir de la emisión de este memorando y que hayan sido condenadas por un «delito grave», tal como se define ese término en la sección 101(a) (43) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad en el momento de la condena, y que se haya determinado que suponen una amenaza para la seguridad pública».
Las nuevas normas, según Vaughan, solo permiten deportar a «un conjunto muy reducido de casos de extranjeros», en concreto, «solo a los clasificados como ‘delincuentes agravados’ actuales, o a los delincuentes más graves que siguen bajo la custodia de las autoridades locales». La mayoría de las condenas anteriores no contarían, y están «categóricamente excusadas» si ocurrieron hace 10 o más años, escribió.
Las estrictas condiciones significan que «solo unos pocos extranjeros delincuentes detenidos en todo el país podrán ser expulsados, e incluso muchos extranjeros que sí tienen condenas por delitos de violencia estarían protegidos si las condenas se produjeron hace más de 10 años», afirmó.
Una fuente anónima del ICE dijo a Vaughan que la mayoría de los delincuentes sexuales extranjeros ilegales en libertad, a los que el USMS y el ICE se ha enfocado «no cumplen claramente las nuevas normas, especialmente en California, donde los delincuentes sexuales suelen declararse culpables de cargos mucho menores, sobre todo si eso les ayuda a evitar la deportación, y donde ciertos delitos sexuales, como el tener sexo con un menor, no se clasifican como delitos graves como en otros estados».
«Otro oficial del ICE me dijo que tenían más de dos docenas de delincuentes sexuales identificados como deportables que están en libertad en su área y que ahora serán libres de volver a delinquir», escribió Vaughan.
Thomas Homan, exdirector interino del ICE, dijo a Fox News que la agencia canceló una operación nacional llamada «Operación Talon», que tenía como objetivo a los delincuentes sexuales condenados que son extranjeros ilegales.
La Casa Blanca y el ICE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Epoch Times.
Biden firmó múltiples acciones ejecutivas en el primer día de su presidencia que rescindieron las políticas del gobierno de Trump que estaban trabajando para reducir el flujo de inmigración ilegal. Las iniciativas forman parte del plan de Biden para legalizar a unos 11 millones de extranjeros ilegales que viven en Estados Unidos, algo que había prometido durante su campaña.
Más de 50 republicanos de la Cámara de Representantes pidieron el martes en una carta al presidente Joe Biden que tome medidas para asegurar la frontera y le advirtieron sobre una «creciente crisis de inmigración ilegal» partiendo por la frontera sur, citando al respecto el aumento del número de inmigrantes registrado a pocas semanas de la nueva presidencia.
Con información de Allen Zhong.
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